Fabricantes de crisis

UNO DE LOS más serios peligros de nuestros días son los fabricantes de crisis, esos delincuentes de cuello blanco que riegan la convivencia con fraudes criminales, engaños y desencantos. El caso del Banco de Descuento acaba de dar lugar al auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona contra José María González Cobos, director general del Banco, quien desde el pasado 18 de noviembre está encargado por el Fondo de Garantía de Depósitos de sanear la entidad y clarificar sus cuentas.Lejos de nuestra intención pedir inmunidad para los gestores públicos. Por el contrario en la medida que el Fondo de Garantía de Depósitos utiliza cuantiosos recursos de la banca privada y del Banco de España (es decir, de todos los españoles), su actuación debe ser sometida más que ninguna otra a las leyes civiles y penales. Sorprende, no obstante, el contexto en que ha ocurrido el hecho. El director general y los otros actuales administradores del Banco de Descuento promovieron, poco después de llegar a sus cargos, una querella penal contra algunos de sus antecesores, por supuesta apropiación indebida y múltiples falsedades en balances y apuntes contables, al parecer todo ello estimado en más de 2.000 millones de pesetas. Dos días después, tras no ser atendida la petición de procesamiento y prisión incondicional que formularon la acusación privada y el propio ministerio fiscal, una denuncia documentada en nuevos datos provocó la detención por la brigada de estafas de cuatro ex administradores (había implicados una docena), quienes fueron puestos en libertad sin procesamiento. Ahora, cuando el suceso permanecía caliente en la opinión pública, uno de los promotores de la denuncia y querella ha sido procesado por supuesto quebrantamiento de depósito de sesenta millones de pesetas, así como por presuntas injurias contenidas en una circular que González Cobos envió a otros bancos para clarificar la operación relacionada con los sesenta millones.

Desde que se inició el tratamiento organizado de crisis bancarias, ha habido en los últimos cuatro años una docena larga de bancos oxigenados con sigilosos caudales públicos y sometidos a la clarificación de cuentas. En muchos casos, la crisis había sido generada o acelerada por administraciones punibles. Sin embargo, sólo el ex presidente, dos directivos y una persona relacionada con el Banco Meridional, hoy ya reflotado, están procesados. Además del caso Banco de Navarra, los médicos del hospital (primero Corporación Bancaria, luego Fondo de Garantía de Depósitos), han impulsado diez actuaciones por la vía penal. Independientemente, el propio Banco de España ha denunciado ante la Fiscalía del Estado la situación general de diferentes bancos en crisis al llegar los gestores públicos a su administración, sin que hasta el momento se sepa que los asuntos hayan prosperado; ésto tampoco es nuevo, pues las primeras actuaciones pasadas por Hacienda al fiscal sobre Fidecaya en 1980 fueron archivadas. Así, el panorama es desalentador. Cabe pensar que el propio hospital de bancos ha tenido que actuar con cautela y astucia, para que los dueños de futuros enfermos no se resistieran a la necesaria hospitalización, temerosos de que luego se procediera judicialmente contra ellos. En cualquier caso, la situación ha sido auspiciada por la carencia de instrumentos legales, enraizada en unas leyes mercantiles arcaicas, que permite encubrir las quiebras culpables o fraudulentas en piadosos expedientes de suspensión de pagos. A todo ello se une la consabida carencia de medios materiales y humanos de la justicia. Esta se ve obligada a tratar los asuntos económico-penales con el código del siglo pasado, anclado en delitos contra la propiedad que proceden del derecho romano y están lejos de ser adecuados a nuestra sociedad postindustrial y financiera. En este caso, los españoles hemos sufrido durante las últimas décadas la casi impunidad penal de los estados liberales decimonónicos. Quizá no lo notamos mucho porque el auge económico facilita siempre los negocios fraudulentos, pero la crisis iniciada en 1973 empujó a los delincuentes de cuello blanco hacia la manipulación del dinero fácil del ahorro. Y aquí estamos pagando esa herencia, envenenada con el arsénico de quienes -cómplices muchas veces de aquellos delitos- quieren encima culpar de los hechos a la nueva situación democrática. Pero la justicia está carente de los instrumentos penales que generó la economía keynnesiana de postguerra en otros países occidentales. Resulta por eso revelador que cuando en 1977 se propició la inclusión en el nuevo Código Penal de un avanzado y pormenorizado título sobre "delitos contra el orden socieconómico", el Gobierno cediera a los cantos demagógicos del poder económico y congelara hasta la fecha el proyecto de ley.