El Gobierno ultima medidas de racionalización de la Seguridad Social

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos estudió ayer, por tercera vez consecutiva, la nueva posición gubernamental sobre la reforma de la Seguridad Social. También abordó, entre otros asuntos citados en medios oficiosos, las perspectivas de reconversión industrial para el presente año y algunos cambios en los términos de la concesión de la autopista Bilbao-Zaragoza.La reunión del equipo económico del Gobierno fue presidida nuevamente por el jefe del Ejecutivo, Leopoldo Calvo Sotelo. El interés de éste por el tema de la Seguridad Social ha roto su habitual alternancia en la presidencia de la Comisión con el vicepresidente económico, Juan Antono García Diez.

Según medios gubernamentales, la Comisión Delegada ha perfilado un nuevo documento sobre la Seguridad Social, que distingue claramente lo que es "mejora y racionalización" de las medidas de reforma. Esta será aplazada varios años, a la espera de que una comisión aún por definir se ocupe de diseñarla. Entre tanto, serán dictadas una serie de medidas a través de órdenes comunicadas, resoluciones, órdenes ministeriales, decretos y quizá algún decreto-ley.

La escasa información que ha trascendido sobre dicho documento indica que contiene cerca de setenta medidas, es más concreto que el "libro verde", calificado por todos de ambiguo en la comisión tripartita surgida del Acuerdo Nacional sobre Empleo, y se orienta a perfeccionar la gestión y lograr la consolidación financiera del sistema.

No ha podido precisarse el alcance de que el lenguaje administrativo haya sustituido el término "consolidación financiera" por "equilibrio financiero", ya propuesto en el libro verde".

Sin embargo, los medios gubernamentales han señalado que se tratará de lograr el objetivo de que la Seguridad Social no crezca en los próximos años más que el producto interior bruto, propuesto por el documento en que el profesor Fuentes Quintana intentó sintetizar las posiciones presentadas en la citada comisión del 10 de noviembre al 31 de enero pasados por Administración, sindicatos y patronal.

Sin dar a conocer ninguna medida concreta, los redactadores del nuevo documento gubernamental han empezado a destacar entre sus objetivos el mejorar el nivel de protección y control de gastos de organización, normalizar la acción protectora, racionalizar las situaciones de necesidad protegibles, aumentar la eficacia de la protección, disminuir significativamente el fraude, perfeccionar la gestión, y lograr la consolidación financiera del sistema.

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