"La medicina liberalizada convertiría la salud en un sector económico más"

Pregunta. Dos mil quinientos millones de pesetas anuales para mantener diez ciudades residenciales de ancianos en la provincia de Madrid y en plan de verdaderos hoteles de lujo, y todo ello para acoger a sólo 3.5.00 personas, es un presupuesto desproporcionado al resultado obtenido, que es más bien poco clínico.Respuesta. Ahora se está introduciendo la gerontología y se trata de cambiar la anterior política, que, efectivamente, no era adecuada. Muy pronto iniciaremos en Móstoles una experiencia piloto en este sentido. Pretendemos simultanear en relación con la tercera edad una ayuda en el propio domicilio del anciano, la creación de centros de día gerontológicos y la oferta de apartamentos vigilados. Con ello no vamos a dar al anciano una asistencia médica, sino parasanitaría. Pero al menos tratamos de romper la dinámica tradicional de la creación de residencias de lujo para ancianos que, según las paradójicas condiciones de ingreso, han de valerse por sí mismos.

P. ¿Cuántos organismos o entes sociales se ocupan de la asistencia a la tercera edad?

R. Demasiados: la Diputación, la Seguridad Social, Cruz Roja, Cáritas, las cajas de ahorro. Se produce una verdadera desintegración de la política respecto de la tercera edad, y hay que ir a una integración de todas ellas. Esta situación representa un verdadero desastre orgánico y de recursos. Hay que lograr la plena autonomía de Madrid, y a corto plazo, de modo que esta política quede integrada en un solo órgano. Y hay que integrar en la Seguridad Social experiencias como la de Móstoles, mediante un plan gerontogeriátrico. En otros puntos de España también se realizan experiencias similares, pero tampoco en ellas se ha logrado la integración entre los aspectos social y sanitario.

Límites de la medicina 'liberalizada'

P. Pero esto resulta caro, y además existen fuertes presiones hacia lo que ha dado en llamarse «liberalización de la medicina», un movimiento que conecta más con otros temas.

R. En Madrid existe un déficit de 5.000 camas para 1 legar al 1 % que se requeriría para empezar a sanear el problema. En Europa este índice se sitúa en el 3%. Pues bien, el problema tiene mejores posibilidades de solución dentro de una empresa pública que en una privada. La «medicina liberalizada» no lo resuelve. Este tipo de medicina necesita obtener beneficios no sólo sociales, sino también y sobre todo económicos. Ahora está a la orden del día contraponer ambas medicinas. Es cierto que la pública, tal y como ha funcionado, ha desencantado profundamente. Este «fracaso» da pie a muchos para romper una lanza por la medicina privada, liberalizada, como solución de los errores anteriores. Los partidarios de ésta no sólo abogan por la libre elección de médico, sino también quieren una libre disponibilidad de los recursos sanitarios. Se trata, en definitiva, de la introducción de los recursos sanitarios en la economía de libre mercado. Con ello, la salud se convertiría en un sector económico más, dependiente de la obtención de beneficios.

P. ¿Quiere decir esto, a su juicio, que la «asistencia liberalizada» marginaría determinados sectores asistenciales?

R. No podría garantizar ni tan siquiera un nivel suficiente. Los propietarios privados de recursos sanitarios sólo desarrollan su actividad en los sectores económicamente rentables.

P. ¿Qué asistencia sanitaria es más cara, la pública o la privada?

R. La pública, desde luego. Pero hay que tener en cuenta al afirmarlo elementos de mala gestión, otros que tocan a la calidad de la asistencia y otros elementos que se relacionan con el tipo de sanidad que se practica en los centros públicos. En los privados sólo se realizan intervenciones de cirugía menor. En las clínicas públicas, en cambio, se realizan intervenciones de neurocirugía, cirugía extracorpórea; se practican métodos sofisticados de diagnósticos y exploración. Esto es, claro está, mucho más caro. La media nacional de estancias supone a la Seguridad Social, sin docencia ni investigación, 10.665 pesetas por plaza. Con docencia e Investigación, 11.364. Se desconoce el coste en la sanidad privada, porque no lo declaran. Además, cada cama de la Seguridad Social requiere el doble de personal. Algo similar ocurre en urgencias: en las clínicas públicas hay equipos disponibles. En las privadas, a veces sólo se cuenta con un estudiante de Medicina.

P. ¿Qué se pretende exactamente con la llamada «liberalización de la sanidad»?

R. Se trata de hacer coexistir los sectores público y privado, pero con un matiz importante: el sector público prestaría la asistencia básica a todos los ciudadanos, pero la asistencia complementaria quedaría encomendada al privado, sería de pago. Esto significaría un factor de desigualdad terrible. Actualmente se le pueden hacer muchas críticas a la asistencia social primaria, en ambulatorios, pero nadie le puede negar que no sea igualitaria. Lo malo es que hay profesionales y responsables que trabajan en los dos sistemas, y por omisión o por comisión deben de amparar situaciones irregulares, si no fraudulentas. Por otra parte, hay en España más de trescientas sociedades de seguro libre que movilizan al año más de 30.000 millones de pesetas y cuentan con seis millones de afiliados. Si la Seguridad Social funcionase adecuadamente, estas sociedades no tendrían razón de existir o de proliferar.

El médico, 'impotente' ante la mercadotecnia

P. ¿Ocurriría lo mismo con los productos farmacéuticos y con los propios laboratorios?

R. El mercado de los laboratorios está, de hecho, monopolizado. Seis o siete filiales de multinacionales copan el 80% del mercado. Los pequeños se ven obligados a competir con estos tiburones. Los medicamentos son un tema clave. La medicación es desproporcionadamente alta para el beneficio sanitario que comporta. La hipermedicación ha desbordado las necesidades sanitarias de los ciudadanos. La responsabilidad más inmediata de esta situación la tiene el médico, que es el único personaje de la. sociedad que subsume al mismo tiempo la oferta y la demanda de un producto. Es el auténtico consumidor de fármacos. Pero actúa muy mediatizado. No es posible una relación directa médico-enfermo, por la estructura de la sanidad española, y la receta sustituye el proceso normal de un diagnóstico. El enfermo ha perdido su fe en el médico y la ha sustituido por la fe en el fármaco. Por otra parte, el paciente tiene una mentalidad de resarcimiento: quiere que tenga un reflejo en medicamentos lo que paga por la asistencia.

P. ¿Qué papel asigna al visitador médico en este estado de cosas,

R. Ejerce sobre los médicos una presión inhumana. La única razón que muchas veces le queda al médico para optar por un determinado producto de una gama de varios iguales es la intervención del visitador. No es razonable exigir al médico el esfuerzo sobrehumano de distinguir motivos económicos o de cualquier tipo antes de inclinarse por una especialidad. La mercadotecnia de los laboratorios funciona de mil sofisticadas maneras, no sólo mediante el tarugo.

P. ¿Qué prefieren los laboratorios, la Seguridad Social pública o la medicina liberalizada?

R. Sin duda, la Seguridad Social actual. Ha sido ella la que ha hecho posible la proliferación de laboratorios y de medicamentos. La. estructura sanitaria y la irresponsabilidad del Gobierno al no racionalizar la industria farmacéutica son responsables. El Gobierno debe proceder a redactar una lista de medicamentos básicos para la Seguridad Social e informar a los médicos sobre características de los distintos productos. Los médicos sólo estamos a merced de la información que quieran darnos los laboratorios. No tenemos acceso a una información científica imparcial. No se olvide que los laboratorios invierten el 25% de lo que cuesta un nuevo fármaco en campañas de promoción del mismo, en competencia con otros muy similares.