Precios agrarios y crisis económica

La negociación en curso sobre precios agrarios sitúa de nuevo en el primer plano de la actualidad algunas inquietantes cuestiones de la agricultura española. De una agricultura que, después de haber registrado un profundo proceso de transformación en el último cuarto de siglo a instancias de los requerimientos del mercado de trabajo (con caída de la población activa agraria, mecanización intensa y aumento de la productividad) y del mercado de productos alimenticios (con reajuste de cultivos y producciones), es un sector que, ajuicio de los autores de este artículo, no sólo se comporta en su conjunto como un sector inducido, sino que, en estos años de crisis económica, está soportando una carga comparativamente mayor que otras actividades económicas.

La política de precios agrarios de los años más recientes no es ajena a esa desigual distribución de cargas. Es más, existen suficientes pruebas para afirmar que, así como las alzas de precios agrarios durante otros períodos presionaron sobre las tensiones inflacionistas de la economía española, en los últimos tiempos la Administración ha utilizado ese instrumento para obligar a la agricultura a asumir uno de los papeles protagonistas en la lucha contra la inflación.En efecto, la política de precios agrarios se ha endurecido, lo que ha contribuido decisivamente a moderar la tasa de inflación. Son numerosos los datos que prueban estas afirmaciones. Es especialmente relevador el examen comparado del índice general de precios al consumo y el de los precios percibidos por los agricultores. En el cuadro número 1 puede observarse cómo este último está sometido a una mayor contención, acentuada a partir de 1979, hasta el punto que mientras el índice de precios al consumo se eleva un 134,4% entre 1975 y 1980, los precios percibidos por los agricultores reducen su crecimiento a la mitad un 73%.

El largo período de crisis económica se ha traducido, en definitiva, en un deterioro de los precios agrarios. Los datos del cuadro número 2 son expresivos, al recoger la evolución de la producción a precios constantes, entre 1972 y 1980, de dos productos bien representativos de la agricultura: el trigo y la cebada. En el caso del trigo, el valor de la producción en pesetas constantes ha caído de 32.390 millones de pesetas, en 1972, a 27.806 millones de pesetas en 1980, a pesar del incremento experimentado por la producción. Y en 1981 el retroceso ha sido mayor como consecuencia de las desastrosas condiciones climatológicas. En parte, esa caída del valor de la producción en pesetas constantes, se ha compensado con un fuerte incremento de los rendimientos físicos por hectárea. Pero sólo en parte, pues la relación entre los rendimientos monetarios y físicos -debido al intenso deterioro de los precios- se ha reducido drásticamente: de un índice 100, en 1972, a un índice 66,3, en 1980, lo que significa que para obtener los mismos ingresos reales que hace diez años, los agricultores tendrían ahora que aumentar los rendimientos físicos todavía en un 50% más.

A resultados similares se llega por el mismo procedimiento en el caso de otros muchos productos: la cebada, el arroz, algodón, maíz, remolacha azucarera, naranja, girasol, por sólo citar algunos. Datos todos ellos que permiten una primera aproximación a los efectos redistributivos de una política de precios agrarios en un proceso inflacionario que ha hecho posible la transferencia de una gran parte de las ganancias de productividad de la agricultura a los restantes sectores económicos. Téngase en cuenta, a este respecto, que la productividad real por persona ocupada en el sector agrario se ha incrementado nada menos que a un ritmo medio anual del 9,6%, entre 1974 y 1980, como consecuencia del fuerte descenso de la población ocupada (más de un 5% anual) y del crecimiento de la producción final (más de un 3% anual).

La agricultura: un sector marginado

No se puede completar el análisis anterior sin algunas otras observaciones acerca de los costes que ha debido asumir la agricultura por este significado protagonisino en la lucha contra la inflación. En una breve síntesis pueden apuntarse los siguientes: a) la permanencia, aunque a un ritmo más moderado, del proceso migratorio, a pesar de las crecientes dificultades de empleo en los centros urbanos: sólo en 1980, y a pesar de los favorables resultados agrarios, descendió en 150.800 el número de ocupados en el sector, lo que prueba que el retroceso de la población activa agraria -como se ha subrayado en alguna ocasión- se está realizando con independencia de las condiciones generales del empleo en el resto de la economía; b) el incremento espectacular de las tasas de paro en determinadas zonas vinculadas al régimen de gran propiedad, como en Andalucía, donde alcanzan al 20% de la población activa, y c) una creciente autoexplotación de ese gran núrnero de pequeños propietarios y empresarios agrícolas que, en muchos casos, se ven obligados a reducir sus ingresos muy por debajo de los niveles salariales, logrando apenas subsistir ante una situación progresivamente degradada. Precisamente son estos pequeños propietarios agricolas, estos trabajadores por cuenta propia, para quienes los precios agrarios son auténticos salarios en tanto determinan las rentas a percibir por los resultados de la explotación, los que están asumiendo mayores costes en el proceso descrito, sin que las escaseces relativas de recursos reales -sus consumos energéticos, por ejemplo, son comparativamente muy bajos- lo justifiquen. La explicación debe buscarse en la actuación del Gobierno, que ha encontrado en estos agricultores -su electorado mayoritarío en 1977 y 1979- menos resistencia para imponer una política de contención de precios que en otras actividades económicas. De hecho, ha resultado más fácil contener los ingresos de la agricultura que los salarios, o las pérdidas subvencionadas de muchas empresas industriales o de servicios, más directamente implicadas en la crisis energética. Y que no se diga que la política de subvenciones -con excepción de la Seguridad Social- ha compensado con creces esta marginación: las subvenciones al sector agrario no superan, en 1980, los cuantiosos recursos públicos destinados a algunas pocas empresas siderúrgicas o de automoción, y ni siquiera son comparables el trato fiscal del gasóleo B agrícola con el del fuel-oil, cuyos precios subvencionados benefician a los grandes centros industriales. En 1979, por ejemplo, el gasóleo B generó un excedente fiscal de 5.273 millones de pesetas, en tanto que el fuel-oil registró un déficit de 73.077 millones de pesetas.

Frente a esta situación, y desde posiciones de progreso, sólo cabe un esfuerzo solidario para asumir más equitativamente por toda la sociedad los costes de la crisis. Tal vez la política de precios -sobre todo si se aplica de forma indiscriminada y con carácter general, desconociendo las muy heterogéneas condiciones que definen a unos y otros tipos de explotaciones agrarias- no sea sólo el mejor instrumento para conseguir la progresiva equiparación de la agricultura con otras actividades económicas. Pero las medidas de reparto de la carga tributaria, la generalización de prestaciones sociales entre la población campesina, el mejor equipamiento de ser vicios públicos en el medio rural son otras posibles vías para luchar contra la marginación de determinados sectores de la población agrícola, cuya probada fidelidad a las fuerzas conservadoras no ha tenido otra recompensa hasta hoy que el sostenimiento de la pequeña propiedad en unas condiciones de máxima precariedad y explotación.