Desaparece el empleo comunitario en Andalucía y Extremadura

El empleo comunitario desaparecerá en las próximas semanas, siendo sustituido por una serie de medidas "generadoras de empleo" que estudiará un próximo Consejo de Ministros, según manifestó ayer el ministro de Trabajo, Santiago Rodríguez Miranda, en una reunión con la Agrupación de Periodistas de Información Laboral (APIL). Con ello, los fondos públicos distribuidos hasta ahora por los alcaldes entre los desempleados de sus correspondientes municipios pasarán a manos de unos gestores públicos dependientes del Gobierno.

La declaración del ministro se produce justamente en vísperas de las elecciones andaluzas y dos días antes,de que la comisión interministerial que debate la elaboración del nuevo censo agrario, en la que participan los síndicatos, se reúna para estudiar la nueva normativa.Aunque los nuevos planes de la Administración se concretan, por el momento, en Andalucía y Extremadura, no se descarta que se amplíen a otras zonas de la geografía española. Las llamadas por Rodríguez Miranda "medidas generadoras de empleo" tendrían dos vertientes. Por un lado, las que corresponderían a empleos creados mediante ayudas directas a los empresarios agrícolas, y, por otro, las referidas a creación de empleo mediante la intervención directa de la Administración en las mismas áreas en las que venían creando empleo los ayuntamientos.

El ministro indicó que los campesinos andaluces "tienen derecho a la misma dignidad en su trabajo que el resto de los trabajadores españoles". Dignidad que, a su juicio, no da la actual filosofía del empleo comunitario.

La propuesta del Gobierno respecto al nuevo giro del empleo comunitario responde, por otra parte, a "evitar el descontrol y el caos que se viene produciendo y conseguir un riguroso control de los fondos". En el nuevo plan los fondos serán controlados por "gestores públicos". Los mecanismos generadores de empleo, que, según precisó el ministro, "no responden a un plan estructural", se concretan en la ayuda directa a determinadas tareas agrícolas, de carácter temporal. La Administración aportaría del orden de un 40% del salario mínimo interprofesional, con el fin de animar la contratación de trabajadores agrícolas en paro.

Estas medidas serían complementadas con el compromiso de la Administración de presentar tantas ofertas de trabajo público como demandas de trabajo existan en cada localidad. Los datos que siempre se manejarían serían los del censo agrario.

Determinados alcaldes andaluces, entre ellos el de Mar¡naleda, según fuentes de la Administración, se han negado a presentar el censo agrario, lo que ha sido interpretado en algunos sectores de aquélla como "un intento de continuar en la situación anterior, utilizando fondos sin control y metiendo a cualquiera que lo solicitase en la lista de beneficiarios".

Estas apreciaciones no coinciden, sin embargo, con las últimas tendencias registradas en los conflictos andaluces de la pasada primavera. En aquella ocasión los campesinos rechazaron el empleo comunitario porque, según afirmó el líder del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), "fomentaba vagos y maleantes".

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