Discrepancias entre UCD y PSOE sobre el alcance jurisdiccional del Tribunal de Cuentas

El Pleno del Congreso continuó ayer el debate sobre el proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Junto a la posición reiterada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) frente al control de las Cortes Generales, a través del citado tribunal, sobre las cuentas de las comunidades autónomas, ayer se produjeron también diferencias con los centristas por parte de los socialistas, quienes se opusieron, sin éxito, al alcance jurisdiccional dado al Tribunal de Cuentas.

La enmienda socialista que pretendía la supresión de la palabra "necesaria", referida a la jurisdicción contable, fue rechazada. Asimismo, no prosperó el texto socialista que pretendía que cuando se promueve un juicio criminal en relación con las cuentas fiscalizadas "el Tribunal de Cuentas se abstendrá de pronunciarse respecto de las responsabilidades contables en que pudieran haber incurrido quienes se hallaren inculpados en el mismo, hasta que hubiere recaído sentencia firme en la causa criminal". Esta enmienda fue rechazada por 135 votos favorable, 154 en contra y cuatro abstenciones.En cambio, se aprobó un texto del artículo 16, con la abstención socialista, según el cual "la jurisdicción contable es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal". El socialista Enrique Barón insistió en la necesidad de no confundir la jurisdicción penal con la contable, ya que la Constitución establece la unidad de jurisdicciones.

El centrista Luis Rodríguez Moroy defendió, al margen de las acciones penales posibles, la competencia jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, entre otras cosas porque será más rápida que la estrictamente judicial. Denunció en la enmienda socialista el peligro de que quedara sin sanción una persona que "penalmente puede ser inocente, pero contablemente es responsable".

El PNV y los pactos autonómicos

El diputado del PNV Josu Elorriaga insistió en que la ley que se estaba aprobando incluye en el sector público no sólo la Administración del Estado, sino también las comunidades autónomas, corporaciones locales y otras entidades y organismos. Para evitar que el informe o memoria anual que el tribunal debe remitir a las Cortes Generales comprenda también el análisis de la cuenta general de las comunidades autónomas, el portavoz peneuvista propuso que dichos documentos se circunscribieran a la cuenta general del Estado y a las demás del sector público "estatal".

Argumentó esta propuesta en que la Constitución no atribuye competencias a las Cortes Generales sobre las cuentas de las comunidades autónomas, sino sólo sobre la actividad económica y presupuestaria de las mismas.

Propuso, también sin éxito, que el Tribunal de Cuentas remita información sobre la actividad económica y presupuestaria a los parlamentos de las comunidades autónomas respectivas. Con motivo de este debate, Josu Elorriaga resaltó que su enmienda respondía a un concepto de la autonomía no paternalista.

Acusó a tales fuerzas de ámbito estatal de no asumir con coraje político el verdadero alcance de la autonomía. El centrista José Manuel García Margallo negó que la referencia al sector público pueda restringirse exclusivamente al estatal y aseguró que, en todo caso, la ley es escrupulosa respecto a las normas estatutarias.

La máxima aproximación producida ayer entre UCD y PSOE y las minorías nacionalistas tuvo como origen una enmienda del PNV para la creación de un nuevo artículo, a la que el socialista navarro Gabriel Urralburu formuló una enmienda transaccional que finalmente fue aprobada con el texto siguiente: "Cuando las medidas propuestas por el Tribunal de Cuentas se refieran a la gestión financiera de las comunidades autónomas o a la actividad del sector público de ellas dependientes, la Asamblea legislativa correspondiente, en el ámbito de su competencia, entenderá de la propuesta y dictará, en su caso, las disposiciones necesarias para su aplicación".

Cualificación de los miembros del Tribunal

El pleno fue suspendido anoche después de la aprobación del artículo 30, cuyo debate continuará esta tarde. A propuesta socialista, se modificó uno de los artículos más polémicos de la ley, el que se refiere a la designación de los miembros del Tribunal de Cuentas, que serán elegidos por las Cortes Generales por una mayoría de tres quintos de los miembros de cada Cámara.

Frente a lo establecido en el dictamen de la Comisión, que asignaba una tercera parte de los consejeros de cuentas a los censores del Tribunal de Cuentas con más de quince años de servicios, otra tercera parte a los miembros de la carrera judicial en condiciones para ser magistrados del Tribunal Supremo y una última tercera parte para funcionarios con más de quince años de servicios, según el texto aprobado se suprimen los tercios y se establece que serán elegibles los magistrados y fiscales, funcionarios públicos, profesores y economistas, todos ellos de reconocido prestigio.