Oposición del PNV, en solitario, al proyecto de ley del Tribunal de Cuentas

El pleno del Congreso de los Diputados comenzó ayer el debate sobre el proyecto de ley orgánica del Tribunal de cuentas en un clima de consenso entre las fuerzas parlamentarias, con excepción del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que se opuso, sin éxito, al artículo primero del texto legislativo, por entender que puede interpretarse que la actividad fiscalizadora del alto tribunal afecta también a las cuentas de los órganos de las comunidades autónomas, lo cual estimó contrario a la Constitución.

El texto aprobado por 287 votos favorables, once en contra y dos abstenciones, establece que "el Tribunal de cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y la presente ley orgánica". Según el diputado del PNV Josu Elorriaga, la fiscalización de las cuentas del sector público lleva consigo también el control de las cuentas de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, a pesar de que ni un solo artículo de la Constitución concede a las Cortes Generales -de las que depende el Tribunal de cuentas- competencia para controlar tales cuentas, aunque sí "la actividad económica y presupuestaria" de tales entes de la Administración territorial.Los socialistas, que habían presentado una enmienda al mismo artículo, para resaltar el carácter y la amplitud de la naturaleza fiscalizadora del Tribunal de cuentas, la retiraron como consecuencia de la enmienda transaccional propuesta por UCD. En consecuencia, prestaron su voto al segundo, párrafo del artículo citado, que fue aprobado con un texto en el que se establece que el Tribunal de Cuentas "es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las comunidades autónomas puedan prever sus estatutos". Este párrafo fue aprobado con la votación ya citada.

Durante la intervención del ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros para presentar el proyecto de ley ante la Cámara, señaló que la finalidad de la ley es poner "a disposición de las Cortes Generales, representantes del pueblo español, un instrumento cualificado e idóneo para el necesario control de la gestión económica y financiera del Estado y de todo el sector público".

Estas palabras fueron impugnadas por el diputado peneuvista Elorriaga, por entender que extendían el ámbito de la ley a las comunidades autónomas.

El diputado centrista José Manuel García Margallo pidió al PNV que se atuviera a la literalidad del precepto y no a una interpretación subjetiva. Igualmente, el diputado de la Minoría Catalana Llibert Cuatrecasas explicó el voto favorable de su grupo, por entender que la única interpretación posible del texto aprobado corresponderá, en su momento, al Tribunal Constitucional.

También se aprobaron otros preceptos, prácticamente por unanimidad, por los que se establecen como funciones propias del Tribunal de Cuentas la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Fueron rechazadas dos enmiendas socialistas que pretendían que la fiscalización citada se realizara "en dependencia directa de las Cortes Generales", así como que el enjuiciamiento de la responsabilidad contable afectara también a quienes tuvieran a su cargo "el manejo absoluto de los fondos públicos".