Primer incidente

Por favor, siéntense. El defensor del capitán Alvarez-Arenas tiene la palabra.Así, a las 13.30 horas de ayer, primer aniversario de la intentona del 23 de febrero, con tres horas y media de retraso sobre el horario normal de sesiones, se constituía la Sala que está enjuiciando a los presuntos golpistas.

El defensor de Alvarez-Arenas, con recursos de oratoria ceñuda, hizo constar, en nombre propio y del resto de la defensa, su enérgica protesta por la publicación de un reportaje en el Diario 16 de la mañana sobre el comportamiento de su defendido durante la incorporación de la Policía Militar de la Acorazada al Congreso ocupado por los guardias civiles de Tejero. "Grave intromisión e interferencia en la actuación judicial", "gravísima provocación a este Consejo, al Ministerio Público, a la defensa, a los procesados y, a cualquier persona que tenga un mínimo sentido de la honestidad", "agravio a la institución militar y al honor de sus miembros", "intolerable e ignominiosa calumnia" y otras frases por el estilo dieron el tono de la intervención del letrado Gómez García.

A continuación le fue concedida la palabra al fiscal, que lamentó la publicación del reportaje y la inoportunidad de la fecha y anunció la instrucción al fiscal de la I Región Militar para que ejercite la acción penal que corresponda para el debido esclarecimiento de los hechos determinados en el citado reportaje. El fiscal resaltó que no se afirmaba en tal reportaje que la información hubiera sido recogida en la Sala y que nada, por tanto, impedía la continuación de la vista.

El Presidente de la Sala concedió la palabra al letrado y coronel Salvador Escandell, quien habló en nombre del teniente general De Santiago (ambos defienden al coronel Ibáñez Inglés) y, en tono aún más tronante que el empleado por el defensor de Alvarez-Arenas, se refirió a la "injuria gravísima" sufrida por su defendido y por toda la institución militar. Aquí sonaron los primeros aplausos, cerrados, en las filas de los familiares de los encausados.

A continuación el Presidente anunció la suspensión de la acreditación periodística de Diario 16 "hasta que se provea sobre el incidente por el artículo Así asaltamos el Parlamento". Las palabras del Presidente fueron apagadas por otra salva de aplausos y gritos de "fuera"," fuera" (principalmente voces femeninas). Tras un toque de campanilla y pedir orden en la Sala, el Presidente prosiguió: "Por los servicios de orden compruebesé el cumplimiento de esta orden".

Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, quien está informando del juicio para su periódico, tomó sus notas hasta ese momento, en que la Policía Militar que guarda la Sala se incorporó, y, tras algunas dudas iniciales sobre qué periodista retirar, le acompañó a la salida. Un alto funcionario de la Secretaría de Estado para la Información evitó el bochorno de que el director de Diario fuera conducido bajo directa presión de la policía militar al exterior del recinto.

Varios periodistas acompañaron al expulsado, mientras se repetían gritos de repulsa por parte de familiares. Voces perfectamente identificables como procedentes de los asientos reservados a las comisiones militares que asisten como observadoras al proceso gritaron repetidamente "¡A la mierda!", mientras Pedro J. Ramírez y otros periodistas abandonaban la Sala.

Restablecido el silencio, el Fiscal continuó solicitando la lectura de declaraciones. A los escasos minutos, Pedrol Rius, decano de los abogados, abandonaba el estrado de los observadores jurídicos, seguido de otros letrados. Hay que tener en cuenta que de la Sala se entra y se sale durante las sesiones a voluntad; de hecho, Pe drol regresó a la vista. Pero esta salida de Pedrol para recabar in formación sobre el director de Diario provocó otro movimiento de periodistas, que abandonaron la Sala en el entendimiento de que se estaban produciendo retiradas en protesta por la decisión del Presidente del Tribunal. Finalmente, con ocho periodistas en las tres filas de sillas reservadas a la Prensa, continuó la sesión hasta las dos y media. Ya en la sesión de la tarde la Prensa se restituyó a sus puestos.

Todo había empezado bien. Acaso demasiado bien; en un ambiente de cierto recelo entre familiares de los procesados y periodistas, pero que iba alcanzando cotas de aparente cordialidad. Obligados a convivir durante las esperas en espacios muy reducidos, se acaban comentando las cosas con respeto y hasta cierto humor, ya que no con simpatía. Se alargaban los minutos sin que se constituyera la Sala y un grupo de periodistas bromeaba con la esposa y una de las hijas del capitán de navío Camilo Menéndez sobre los errores en la identificación de fotografías, sin que nada hiciera prever la tensión y la agresividad de pocas horas después.

Pronto el murmullo del amplio pasillo en el que se espera para acceder a la Sala corrió la noticia de que los procesados se negaban a presentarse a juicio si no se retiraba el autor del artículo matutino de Diario. Creían, al parecer, que cubría la información. Sacados de su error, exigieron la retirada del informador del periódico. Pedro J. Ramírez fue requerido por el general Toquero, jefe de Prensa de la Defensa, y durante tres cuartos de hora intentó convencerle de que se retirara voluntariamente para poder continuar el juicio. Llegada de Pedrol y reunión permanente del Tribunal y los defensores para encontrar una solución a esta original huelga de procesados. Incitaciones a la calma y la reflexión por parte de los responsables militares del seguimiento del juicio y cierto aplanamiento de ánimos y conductas por parte de todos y que quisiera reflejar en estas líneas.

Pese a los incidentes reseñados, no se produjeron ni demasiadas malas caras ni nerviosismos. El entendimiento de que hay que hacer uso de elevadas dosis de buena voluntad está en la conciencia de la mayoría. Y así, esta suerte de 23-F contra la Prensa por parte de los procesados ha podido llevarse -el asunto no está solventado- sin más tensiones que las inherentes al problema, que no son pocas. Y en el comportamiento de los periodistas que cubren este proceso, en su responsabilidad, reside, hasta ahora, el mayor mérito.

¿Podía el Presidente de la Sala hacer otra cosa? Tres posibilidades tenía en su mano: obligar a comparecer en la Sala a los procesados mediante coacción de la Policía Militar; proseguir el juicio sin ellos y -prácticamente seguro- sin la presencia de algún abogado; resolver peligrosamente el incidente mediante la expulsión de Diario-16 de la Sala. Lo primero probablemente hubiera conllevado una presión física sobre Milans, Armada, Torres Rojas o San Martín. Lo segundo, la suspensión de la vista hasta que un nuevo letrado estudiara tan largo sumario. Lo último, lo decidido por el Presidente del Tribunal implica terreno ganado por los procesados, que pueden, a lo que se ve, decidir a qué hora empiezan las sesiones y qué periodistas van a informar sobre sus conductas públicas. El Presidente no tenía muchos resquicios por los que enderezar una decisión justa y procesalmente irreprochable y es muy posible que haya tomado una decisión que pretendía sabia.

Otras consideraciones caben sobre este incidente. La primera, que nada hace suponer que vaya a ser el último. Ayer -y ese el peligro de la expulsión de Pedro J. Ramírez, a quien, encima, no se le evitó siquiera el castigo con el bochorno de la expulsión física y pública- los procesados han ganado un escalón en su pulso con la Sala. Acaso sea el momento de decir ahora que aquéllos no guardan Sala: cruzan sus piernas o simplemente hacen esperar al Tribunal o no lo saludan al retirarse. La hora de los interrogatorios y de la mayor intensidad del juicio no puede esperarse, a la vista de lo de ayer, con demasiado optimismo.

Ayer, estos hombres, alguno de los cuales podría haber sido condenado a muerte, de no mediar un proceso democrático, que reformó el Código que los juzga, pretendieron enjuiciar una información que, en su día, será analizada por los Tribunales. Y, desdichadamente, con la ayuda de sus abogados defensores lo consiguieron en parte. Y acerca de los calificativos de éstos, leídos en representación, lo menos que puede afirmarse es su abierta demagogia, destinada a excitar sentimientos elementales de dignidad militar. Su recusación de ayer a la Prensa en la figura de Diario 16 denota su completo desconocimiento del significado de la libertad de expresión, sus límites y sus correcciones y su lúcido análisis sobre la relación entre prensa libre y sociedad libre.

Por lo demás, la breve vista de ayer dio para la lectura de declaraciones de oficiales de la Guardia Civil que tomaron el Congreso y la del capitán de navío Camilo Menéndez. Capitanes y tenientes de la Benemérita afirmando impávidos que fueron al Congreso a ayudar, a prestar un servicio, a obedecer y salvar al Rey. El capitán Ignacio Román llega a declarar que no obedeció la orden de retirada del general Aramburu en la creencia de que éste quería dar un golpe de Estado. Camilo Menéndez es un monumento a la teoría de nada entre dos platos, a la bonhomía y al hombre a quien nadie hace caso, sin que ello disuelva sus responsabilidades. En honor de su esposa y de su hija, amablemente indignadas con este periódico, dejemos así las cosas en una jornada en la que los periodistas recibieron una bofetada y colocaron la otra mejilla. Todo estará bien si es la última que se reparte.