El lunes próximo, 400.000 funcionarios elegirán representantes en Muface

El próximo lunes unos 400.000 funcionarios civiles del Estado acudirán a las urnas. Motivo de esta tercera prueba de fuerza entre las representaciones del sector será renovar a 107 de los 253 puestos de la Asamblea en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Tema central de los programas: el futuro de la Seguridad Social de los convocados y su medio millón largo de familiares beneficiarios.

Como en las dos convocatorias anteriores -asamblea constituyente de 1977 y primera renovación parcial de hace dos años-, el colectivo con mayor poder de decisión son los maestros; cuentan con menos de la tercera parte de los votos, pero con la mitad de los puestos a cubrir. Fueron éstos, según fuentes de Muface, quienes en 1978 inclinaron el voto hacia opciones contestatarias, cuya mayoría no organizada fue ganada luego por los independientes. Por ello, la batalla electoral se espera más dura en la enseñanza; de hecho, es el subsector de funcionarios donde más siglas concurren.Los independientes presentan a los enseñantes dos formaciones: la ANP (Asociación Nacional de Profesores de EGB), vinculada a CSIF (Confederación Sindical Independiente de Funcionarios), la gran organización de independientes, y con la adhesión de agregados de BUP, profesores de Formación Profesional, directores escolares e inspectores, y la FESPE (Federación de Sindicatos de Profesorado Estatal de EGB), organización de tendencia demócrata-cristíana. CC OO y UGT acuden por separado (como se sabe, el primer sindicato ha firmado el convenio de la enseñanza y UGT no), pero una Candidatura Democrática y Progresista (CDP) pretende superar las diferencias entre ambos sindicatos e incorpora a hombres de los dos y a independientes. La otra alternativa, UCSTE (Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza), se sitúa más a la izquierda.

Para el resto de los funcionarios, los contrincantes son la candidatura profesional e independiente CSIF y la Candidatura Democrática y Progresista. Se da la circunstancia, no obstante, que la primera, pese a ser mayoritaria en los últimos años, rechaza el anteproyecto de Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. La CDP, por el contrario, lo apoya, al incluirlo como uno de los logros de los ganadores de las elecciones de noviembre de 1977. El texto ha sido informado por la asamblea y está a la espera de la decisión final del Ministerio de la Presidencia.

Los antecedentes

Muface y los hechos que han dado lugar al anteproyecto de ley se remontan a 1975, año en que funcionarios civiles empezaron a tener un sistema de protección social propio y organizado. Tradicionalmente, las pensiones de la gran mayoría de los funcionarios, procedentes del capítulo "clases pasivas" de los Presupuestos Generales del Estado han sido escasas.

Así, cada grupo o cuerpo necesitaba un sistema complementario, en forma de mutualidades, que en total eran una treintena. Las tribus mejor situadas en una Administración pública que presenta al respecto muchos ribetes selváticos eran las más próximas a las arcas públicas. Las modalidades de financiación y prestaciones de cada mutualidad eran innumerables.

En 1975 la ley de Muface trató de absorber y unificar tales mutualidades. La tarea resultó poco útil y muy costosa para los contribuyentes. Por una parte, importantes sectores vieron llegar la intención del legislador (asumir pérdidas y administrar las entidades), con lo cual se apresuraron a diversos tipos de repartos y aumento de prestaciones; de otro lado, doce mutualidades decidieron no integrarse. Entre estas, lógicamente, destacaron las de cuerpos tan distinguidos e influyentes como el de diplomáticos, técnicos comerciales del Estado y funcionarios de Hacienda, que desvían una parte de las tasas por sus servicios hacia su respectiva mutualidad.

Una veintena de mutualidades dependientes de Muface, casi todas deficitarias, iban a necesitar entre 1975 y 1985 cerca de 20.000 millones de pesetas adicionales. Hacienda trató de ahorrar: a finales de 1978 un decreto del Gobierno reconoce únicamente el nivel de prestaciones reconocidas en 1973. La CSIF se cargó de razones y adhesiones en la reivindicación de derechos adquiridos.

Como el Gobierno tenía dificil respuesta, dio una de cal y otra de arena en la Ley de Presupuestos del Estado para 1981: por un lado, asumir paulatinamente las diferencias entre los niveles de 1973 y los de diciembre de 1978; por otro, comprometerse a que antes de terminar 1981 sería regulado el régimen especial de la Seguridad Social para los funcionarios civiles. El proyecto escamó desde el principio a los de CSIF y esperanzó a las representaciones de izquierda, empeñadas en la racionalización, justicia y suficiencia de las pensiones.

Asamblea polémica

El anteproyecto fue redactado en el segundo semestre del pasado año por una comisión, e informado por una reciente asamblea general.

La comisión de dirección estuvo integrada por altos cargos de la Administración y por los directores de dos grupos de trabajo, uno para el estudio de las áreas de mutualismo y otro para la de clases pasivas. Pero fue rechazado por CSIF y defendido por los representantes de izquierda. La asamblea, en principio tumultuosa, confirmó la reacción que esperaban los redactores, según éstos. El borrador fue acusado de ofrecer prestaciones insuficientes. En general, sus novedades (unificación e incompatibilidad de pensiones con un trabajo remunerado u otras pensiones, junto a un nivel del 70 o 75% de los últimos ingresos) chocaron con la resistencia al cambio que suscita todo proyecto de este tipo.

El inicial rechazo de la mayoría de los asambleístas no fue admitido, sin embargo, por el representante de Presidencia, quien recordó que no cabían enmiendas a la totalidad.

El diagnóstico de los redactores, de cara a la defensa del texto, queda reflejado en los siguientes párrafos de un informe interno:

"Actualmente, las prestaciones médicas, hospitalarias y farmacéuticas están aseguradas por Muface, en un nivel de cobertura y funcionamiento aceptable. Se financian con cuotas de los funcionarios (21%) y con subvenciones a cargo de los Presupuestos del Estado (65%). El mutualista puede optar libremente entre la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y la de las entidades de seguros médicos privadas, lo cual representa una evidente ventaja en relación con los asegurados del sector privado".

"La situación es más complicada en materia de pensiones ( ... ). Existen treinta mutualidades distintas, con pensiones de jubilación que pueden variar entre 250 pesetas y 120.000 pesetas mensuales., si bien la media no sobrepasa 5.000 pesetas al mes, que 'protegen' a menos de la mitad de los funcionarios civiles y cuyos recursos proceden de la más variopinta muestra de ingenio de nuestros burócratas: venta de impresos (de utilización obligatoria), sellos voluntarios (inexorablemente adheridos a los impresos), recursos públicos que antes de llegar al Tesoro producen intereses en la banca privada, participación en multas... No menos de 6.000 millones de pesetas anuales cuesta al contribuyente mantener esta corte de milagros que ni siquiera resulta beneficiosa para los 400.000 funcionarios civiles, ya que las pensiones dignas son patrimonio de apenas unos centenares".