Las nacionalizaciones francesas condicionadas a sus resultados prácticos

La aplicación de la ley de las nacionalizaciones, desde que el pasado miércoles el Gobierno mitterrandista nombró los dirigentes de los grupos industriales y de los bancos, representa el primero y auténtico acto de ruptura del poder encabezado por el presidente François Mitterrand respecto a la esencia de la política económica y social seguida durante la V República. Las nuevas estrategias industrial y bancaria, corolario de las nacionalizaciones, han entrado en los hechos. La mayoría de los franceses aprecia en principio la extensión del sector público, pero en lo sucesivo juzgará al poder no por sus buenas intenciones, sino por los resultados.

El Consejo de Ministros del pasado miércoles, que puso en marcha las nacionalizaciones, fue histórico para el mundo socialista que gobierna Francia. El que más y el que menos pronunció una frase a la altura de las circunstancias. Mitterrand, rechazando el burocratismo y evocando la eficacia y competitividad que deben regir la gestión del sector nacionalizado, dijo: "Las empresas industriales y las bancas (nacionalizadas) no deben ser un apéndice de la Administración. Su autonomía de decisión y de acción debe ser total. Y esto yo lo vigilaré personalmente".Su consejero especial, experto en economía y en imaginación total, Jacques Attali, al comentar la audaz experiencia que constituyen las nacionalizaciones, afirma, sin lugar a dudas, que son la viga maestra del mitterrandismo, que, a su vez, "va a inventar la primera democracia del siglo XXV. El secretario de Estado, Jean le Garrec, encargado precisamente de realizar las nacionalizaciones, al final del Consejo de Ministros precitado sentenció: "Ahora estamos condenados a triunfar".

En efecto, los socialistas franceses, empezando por Mitterrand, desde que se convirtió al socialismo, hace dos lustros, practican como dogma de fe que la detención de un poder económico decisivo por parte del Estado es el alfa y el omega de toda reforma de una sociedad. Las reticencias suscitadas en todo el mundo industrializado, en los medios económicos particularmente, así como la monumental ofensiva desencadenada por la oposición política y por todos los actores económicos franceses desde el pasado mes de mayo, no han modificado la esencia de la doctrina mitterrandista. Y, nueve meses después, el Gobierno se ha salido con la suya.

Desde hace cinco días el abrumador poder político conseguido por Mitterrand el verano pasado, en las elecciones presidenciales y legislativas, acaba de complementarse en la práctica con un poder económico sin paralelo en todo Occidente: cinco grupos industriales y el 92% de la banca. En términos reales, esto quiere decir: el 20% de los empleados de la industria, tina tercera parte de la cifra de negocios industrial, más de las tres cuartas partes del crédito y de los depósitos bancarios, pasan a manos del Estado, que controla con ello el corazón del aparato industrial y financiero del país.

Una nueva etapa histórica

Pero, una vez concluida victoriosamente la batalla política de las nacionalizaciones, el Gobierno socialista inicia una verdadera etapa, real e histórica. En efecto, todas las demás reformas del mitterrandismo (descentralización, supresión de la pena de muerte, fiscalidad, etcétera) podían haberlas realizado los poderes conservadores, gaullistas o giscardianos, sin trastrocar en su esencia la sociedad francesa; pero no las nacionalizaciones, y menos aún la del crédito. No en vano, el miércoles último, tras el nombramiento de los reponsables de las nuevas empresas públicas, un portavoz del palacio presidencial comentaba la política gubernamental y decía de los nuevos dirigentes de las empresas nacionalizadas: "Ellos contarán más aún que los ministros para el éxito de nuestra experiencia".La experiencia es de envergadura. Mitterrand, con las nacionalizaciones, apuntaba a dos objetivos: en primer lugar, convertir al sector público en el motor del crecimiento, base a su vez de la política de empleo, compitiendo con los países industrializados más avanzados, y en segundo lugar, hacer de las empresas nacionalizadas los laboratorios sociales que mejoren realmente, cuantitativa y cualitativamente, la vida de los empleados.

Para ello, desde el miércoles último fueron definidas las nuevas estrategias industrial y bancaria. La industria se funda en un principio: elaborar políticas a partir de sectores y no de productos, como ha venido ocurriendo anteriormente. Esto quiere decir que los nuevos responsables industriales consideran que ningún ramo de la producción está condenado, sino que son las máquinas o los productos los que han envejecido. La inversión y la reconquista del mercado interior (Francia importa muebles, por ejemplo, y dispone de la materia prima y de los medios para fabricarlos) son los otros dos puntos de referencia de la nueva estrategia industrial conducida por el sector público.

La reforma bancaria está ya en marcha. Los dirigentes actuales no quisieran matar la gallina de los huevos de oro que ha sido la banca privada de este país, pero, al mismo tiempo, desean invertir las prioridades: antes, las inversiones se dirigían, en primer lugar y sobre todo, hacia las actividades lucrativas; en lo sucesivo, los aventajados con el crédito serán la investigación, los creadores y el mercado extranjero.

Todos estos principios son absurdos y fatales para Francia cuando los analiza la oposición política.

El mundo del sector privado los sufre, pero no cree que exista un término medio entre la economía de mercado y el dirigismo estatal. La finanza internacional se dice escéptica.

Refiriéndose a los nuevos poderes de los trabajadores en estas empresas, un observador próximo al mitterrandismo pregunta: "Ahora que el Estado es socialista, ¿cómo se va a organizar la lucha de clases en el sector público?".

Los responsables oficiales dicen no ignorar todos estos escollos, pero tampoco ocultan que con las nacionalizaciones gozan como un chiquillo con zapatos nuevos. Los hechos dirán.