La división entre los grandes de la banca permite abrir al público el mercado de la deuda a corto plazo del Tesoro

La deuda pública a corto plazo, tras varios meses de negociaciones tensas e infructuosas entre la banca y la Administración, comenzará a ser subastada por primera vez entre el público el próximo día 27. La decisión, que podría ser refrendada mediante decreto por el próximo Consejo de Ministros, supone un importante paso en el proceso de liberalización del sistema financiero; aunque a corto plazo le puede resultar algo más caro al Tesoro colocar entre el público estas emisiones y renunciar a un aseguramiento ventajoso por parte de la banca.

La deuda a corto (títulos a 6 meses o 1 año) se emitirán con un tope mínimo de 10 millones de pesetas. Las condiciones técnicas de la regulación todavía no están perfiladas, pero muy probablemente existan fórmulas legales para la fragmentación en participaciones más pequeñas de estos topes mínimos. Para 1981 hay prevista la emisión de 120.000 millones y deberán renegociarse otros 30.000 correspondientes al pasado ejercicio.La deuda a corto, técnicamente denominada pagarés del Tesoro, se empieza a emitir a finales de 198L La introducción de este tipo de deuda a corto, en vigor desde hace años en muchos países, se produjo pese a la oposición de la gran banca. La necesidad de abaratar en alguna medida la financiación de los crecientes déficits públicos llevó al Gobierno a regular estas nuevas emisiones, que sustituyen parcialmente con ventaja (menor pago de intereses) a los bonos del Tesoro y certificados de depósitos. La Administración, no obstante, restringió este mercado de la deuda a corto en 1981 (se emitieron 30.000 millones de pesetas) a instituciones financieras. Con ello se daba la satisfacción, en alguna medida, a los planteamientos de la banca.

El Gobierno no renunció nunca, sin embargo, a la apertura al público de este mercado de renta fija a corto. La programación de 120.000 millones de este tipo de deuda, en la Ley de Presupuestos del Estado para 1982, como un instrumento más de financiación del alto déficit público previsto, volvió a reavivar la polémica. Cualificados representantes de la banca advirtieron nuevamente que la apertura al público de estas emisiones, a su juicio, provocaría un encarecimiento de sus pasivos. En este clima se iniciaron una serie de contactos entre representantes de los ministerios de Hacienda, Economía y Comercio y Banco de España con los representantes de la banca. El aseguramiento de la deuda pública a medio y largo plazo por la banca, y la necesidad de unas relaciones fluidas entre ésta y las autoridades monetarias, facilitaba en alguna medida estas conversaciones entre Administración y banqueros sobre la deuda a corto.

Los 150.000 millones previstos para 1982 (los 120.000 presupuestados más otros 30.000 correspondientes a la renegociación de las emisiones de 1981), pese a su magnitud, se presentaron en las negociaciones -en palabras de un banquero- "más como un tema de fuero, que de huevo". El deseo compartido de llegar a un acuerdo condujo, en la tercera semana de enero, a un gran acercamiento: la banca ofreció asegurar la deuda a corto y la discusión se centró sobre el tipo de interés -banda del 12 al 13- de aseguramiento. Las declaraciones del Gobernador del Banco de España, José Ramón Alvarez Rendueles, en Gijón, favorables a la apertura al público de esta deuda, la filtración de este principio de acuerdo en la prensa (vease EL PAIS del 23 de enero), y el duro comunicado del PSOE sobre este tema ("No abrir al público la deuda a corto sería una claudicación más del Gobierno ante la banca"), volvieron a radicalizar y distanciar las posturas de la Administración y los bancos.

Notables ausencias

El 1 de febrero los presidentes de los mayores bancos del país, en el marco de los almuerzos periódicos que celebran entre ellos, acordaron asegurar las emisiones de deuda a corto al 12%, siempre que no se abriera este mercado al público. El acuerdo se tomó en ausencia de los presidentes del Banco Central, Alfonso Escamez, y del Banco de Santander, Emilio Botín, que no pudieron acudir aquel día al almuerzo. El acuerdo, como luego han demostrado los acontecimientos, no fué muy firme. A estas alturas de las negociaciones, tras el comunicado del PSOE. para muchos la deuda a corto se había convertido sobre todo en un problema de imagen.

Para el Banco Central, por ejemplo, había que dejar que la deuda a corto fuera al público. Las declaraciones del PSOE habían convertido estas negociaciones en una suerte de pulso entre la banca y la Administración de cara a la opinión pública que no era conveniente para nadie. Ni el Gobierno podía consentir que se interpretara el aseguramiento como una claudicación ante la banca, ni ésta -que en el fondo presta un servicio a la Administración- debe admitir que se malinterprete su actitud y se la acuse públicamente de coaccionar al Gobierno. Cercanos a esta posición, aunque más dubitativos, se encontraban los representantes del Bilbao, Vizcaya y Santander. En la postura opuesta se encontraban otras entidades, cuyo representante más significativo fué el presidente del Banco Español de Crédito, José Maria Aguirre.

La división entre los grandes bancos provocó la práctica ruptura, en las sesiones del lunes y martes pasado, de las negociaciones con la Administración. Esta, en las últimas reuniones, había intentado conseguir sobre todo, más allá de la apertura o no de este mercado, un precio ventajoso (algo menor que el del mercado de letras) para sus emisiones de deuda a corto.

El presidente del Banco Urquijo, Jaime Carvajal, en un almuerzo con periodistas, calificó la apertura al público de la deuda a corto como "una medida de modernización del sistema financiero".