El Consejo de Administracion de Iberduero ratificó el acuerdo de principio con el Ministerio de Industria sobre Lemóniz

El consejo de administración de Iberduero, reunido en la mañana de ayer, ratificó rápidamente el acuerdo de principio a que llegaron el viernes el presidente de la empresa eléctrica, Manuel Gómez de Pablos, y el ministro de Industria y Energía, Ignacio Bayón. Se desconocen las bases de ese principio de acuerdo, que será profundizado el próximo miércoles en una nueva negociación entre Industria e Iberduero. Por otra parte, Javier García Egotxeaga, consejero de Industria del Gobierno vasco manifestó a EL PAIS que "me consta que el Ministerio de Industria e Iberduero no han llegado a ningún acuerdo", al tiempo que otras fuentes del Gobierno de Vitoria expresaron su sorpresa ante el anuncio de un acuerdo de principio por cuanto "en esa primera fase, las conversaciones sobre Lemóniz se están llevando exclusivamente de Gobierno a Gobierno".

El consejo de administración de Iberduero ratificó ayer, en una reunión que ha sido calificada de trámite, el acuerdo de principio entre Ignacio Bayón y Gómez de Pablos, en torno a la central nuclear de Lemóniz. Según la empresa eléctrica, el efecto más práctico de este acuerdo es la demora por parte de Iberduero de tomar una decisión final sobre la central, que podría pasar por la suspensión de las obras de construcción. Esta demora queda pendiente de la nueva reunión que tendrán en Madrid, el próximo miércoles, el ministro de Industria y el presidente de la entidad, informa desde Bilbao Tonia Etxarri.

Desde hace diez días aproximadamente se venía hablando de la posibilidad de que Iberduero suspendiese los contratos con ocho empresas que realizaban actualmente obras en la central nuclear. Incluso la Guardia Civil tenía preparado un plan para, desde medianoche del viernes, montar un dispositivo especial de vigilancia en Lemóniz para impedir el acceso a la obra, según Efe.

Dos reuniones distintas

El viernes fue el día clave para relanzar las negociaciones sobre Lemóniz. El Ministerio de Industria y Energía fue el centro de reunión de las partes implicadas, que se entrevistaron bilateralmente por separado. A primera hora de la tarde hubo una reunión entre Ignacio Bayón, Luis Magaña (comisario de la Energía) y Javier García Egotxeaga (consejero de Industria del Gobierno vasco). Cuando ésta terminó, despacharon Bayón y García Egotxeaga.

La primera reunión ha sido calificada de "exploratoria y de carácter técnico acerca de las posibles fórmulas de control público de la central nuclear de Lemóniz", por García Egotxeaga, que, a su vez, expresó su perplejidad sobre los posibles resultados de la segunda reunión, en el sentido de que se habrían concretado acuerdos entre Iberduero e Industria. "Las conversaciones de carácter técnico sobre Lemóniz se iniciaron el pasado viernes, en virtud de las indicaciones del presidente Calvo Sotelo y del lendakari Carlos Garaikoetxea, tras su última entrevista mantenida en Madrid el pasado día 4 de febrero", indicó Egotxeaga, que terminó diciendo que "en una primera fase las conversaciones sobre este tema deben ser de Gobierno a Gobierno, y sólo en una segunda ronda las dos Adminístraciones convocarían a la sociedad afectada".

Otras fuentes del Gobierno vasco declararon a este periódico que "todos los rumores acerca de la paralización de las obras de Lemóniz, los hemos conocido por la Prensa, y en ningún momento por algún portavoz de la empresa eléctrica. Además, para paralizar las obras, Iberduero hubiera debido pedir permiso previamente a la autoridad laboral de la comunidad autónoma (la Consejería de Trabajo, cuyo titular es Mario Fernández)". Para dichas fuentes, la posible paralización no es mas que una "maniobra de distracción, una cortina de humo" de Iberduero para "descargar la parte de responsabilidad que le corresponde en el problema de Lemóniz".

Es de recordar a este respecto que, en el pasado mes de diciembre, Iberduero hizo pública una nota en la que decía que "veía con grave preocupación que, debido a planteamientos políticos, se pueda prolongar una situación que está llegando a seir insostenible" y que "se reservaba el derecho de adoptar las medidas que mejor defiendan los intereses de sus trabajadores y accionistas".

Sensibilización popular

García Egotxeaga respondió entonces aludiendo a las ilegalidades cometidas en la primera fase de las obras y la ubicación de Lemóniz a pocos kilómetros del Gran Bilbao, donde habita un millón de personas. Según el consejero, estos eran los "condicionantes objetivos" que determinaban la "enorme sensibilización popular ante el tema" y otorgaban "dimensión pública política" a la cuestión.

Tras la reunión con Bayón, Gómez de Pablos se trasladó a Bilbao, donde ayer sábado informó a diversos estamentos de su empresa sobre el principio de acuerdo llegado. Concretamente informó al consejo de administración, a las centrales sindicales y a las empresas contratistas, así como a todos los altos cargos y delegados de Iberduero en España.

Aunque ayer no se llegaron a perfilar los detalles del posible acuerdo de principio -reflejado, según pudo conocer EL PAIS en una carta de Ignacio Bayón, que contesta a otra de Gómez de Pablos-, portavoces autorizados de Iberduero declararon que "si no se hubiera concretado el acuerdo de principio entre las dos partes, el consejo de administración hubiera decidido la suspensión de contratos civiles que operan en la obra", lo que hubiera implicado una interrupción temporal de la actividad laboral en Lemóniz.

Razones de "incertidumbre, presiones sociales, intimidación permanente", los 35.000 millones de pesetas de inversión anual, y la consiguiente pérdida económica -teniendo en cuenta la práctica paralización de la actividad laboral de las obras- y los 3.000 millones de pesetas que han supuesto los daños directos provocados por los atentados contra las subestaciones y que han afectado directamente al suministro de energía eléctrica, son los argumentos que presenta Iberduero para justificar las tentaciones que tuvo de provocar la suspensión total de los contratos civiles.

No se descarta que en los primeros días de la próxima semana, el Gobierno vasco valore de modo oficial lo que para algunos de sus representantes supone "una injerencia de Iberduero en las negociaciones que hemos iniciado con el Gobierno central".