Transparencia y claridad

TODAVIA NO ha empezado el consejo de guerra contra los rebeldes del 23-F y ya recibimos la primera prueba de impericia y falta de coordinación gubernamentales que denunciáramos hace unos días en un editorial. Así, la oficina de Prensa del Ministerio de Defensa manifestó ayer, con énfasis digno de mejor causa, no ser cierta la noticia publicada por este periódico respecto a los deseos del Gobierno de retrasar el juicio unos cuantos días. De añadidura, el responsable de ese servicio compareció en persona en Televisión, en una hora de máxima audiencia, para exponer de manera enfadosa las mismas tesis. Resulta, sin embargo, que varios ministros y altos funcionarios gubernamentales se habían expresado ante diversos periodistas, durante la semana pasada, en los mismos y precisos términos que las informaciones, absolutamente solventes, que atribuían al gabinete los deseos de retrasar algunos días el juicio. Aprovechando el viaje, el departamento informativo del Ministerio de Defensa se ha tomado la inutil molestia de negar, además, una cosa que nadie había afirmado, que nosotros sepamos; esto es, que el Gobierno hubiera presionado en forma alguna al Consejo Supremo de Justicia Militar.Como sería una descortesía aplicar el viejo adagio de que excusa no solicitada es acusación probada, preferimos suponer que la desafortunada nota de la oficina de Prensa del departamento de Defensa sobre la incertidumbre de las cosas es sólo fruto de esa dificultad de entendimiento de las mismas que algunos funcionarios vienen prodigando. La oferta de la Prensa constitucionalista de contribuir, en la medida de sus posibilidades, al sosiego y a Ia calma durante la realización del juicio del 23-F, no puede ser utilizada, como el desmentido de la oficina de Prensa del Ministerio de Defensa parece pretender, para impedir que los ciudadanos dispongan de toda la información contrastada y fehaciente sobre el caso. Este mínimo incidente es lamentable, pero al menos presta el servicio de confirmar que los temores y cautelas que abrigábamos sobre la inanidad gubernamental en el tratamiento informativo del 23-F no eran fruto de la fantasía o del prejuicio. Y contemplar cómo una simple oficina informativa se convierte, no sabemos por decisión de quién, en portavoz autorizado de todo un ejecutivo y profiere notas que no tienen otro resultado -independientemejnte de las intenciones- que la confusión de la opinión pública y la crispación en torno al caso. Aún es tiempo de corregir los fallos y de que el Gobierno explique públicamente de una vez cuál es el centro oficial informativamente responsable ante los medios de comunicación en materias de alta política de Estado como el juicio del 23 de febrero. Que la jurisdicción castrense conozca por ley, de este sumarlo y que la casi totalidad de los procesados sean oficiales de las Fuerzas Armadas no implica, en modo alguno, que el Poder Civil pueda abandonar sus evidentes atribuciones en la política informativa. Que se abandone ésta en manos de un simple gabinete de Prensa ministerial, además de una torpeza resulta una inutilidad. Salvo para quienes quieran ver cómo la desconfianza y la suspicacia vuelven posible que lo que no han de conseguir los golpistas lo consigan estos portavoces de la confusión.