El PCE pide el aplazamiento del debate parlamentario sobre el aborto

El grupo parlamentario comunista ha solicitado el aplazamiento del debate de su proposición de ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, que figuraba en el orden del día provisional del pleno del Congreso de la semana próxima. Según manifestó el secretario del grupo, Enrique Curiel, los comunistas han pedido "un breve aplazamiento, porque el aborto es un tema cargado de polémica y hay un altísimo nivel de desinformación sobre el contenido de la ley y sobre el propio aborto".

El PCE está preparando una campaña de información pública en contacto con las organizaciones feministas y otras fuerzas sociales y pretende mantener reuniones bilaterales con el resto de los grupos parlamentarios."Queremos que quede claro", dijo Curiel, que no sólo no retiramos la proposición de ley, sino que la mantenemos para su trámite ordinario en la Cámara y queremos que se debata en el pleno antes de que termine este período de sesiones, es decir, antes del 30 de junio". El secretario del grupo parlamentario comunista expresó su creencia en que el debate sería un mero trámite si se realizara el próximo martes.

La proposición de ley de regulación de la interrupción voluntaria de] embarazo fue incluída en el orden del día provisional por la Junta de Portavoces el martes pasado, pero el orden del día definitivo se ajusta pocas horas antes de comenzar cada sesión. El texto establece que la mujer mayor de dieciséis años o emancipada por matrimonio que desee interrumpir su embarazo dentro de los noventa primeros días de éste solicitará, por escrito y con su firma, la asistencia del centro médico público, de la Seguridad Social o privado en el que haya de ser asistida.

La mujer menor de dieciséis años no emancipada por matrimonio necesitará la conformidad de su padre o madre, tutor o guardador. En caso de carecer de dicho acuerdo, el médico o la institución sanitaria lo comunicarán al juez de primera instancia y éste autorizará o no el aborto, tras oir a la mujer y a quienes ejerzan la patria potestad y después de recabar, si lo cree conveniente, informes complementarios de carácter médico, psicológico o social.

A efectos de la ley, el proyecto considera casos; de urgencia los de riesgo grave para la vida o la salud de la mujer, el diagnóstico de posibles anomalías del feto y las solicitudes presentadas por la mujer con posterioridad a las diez primeras semanas del embarazo.