La ley francesa de nacionalizaciones ya es efectiva

Ayer, a las 17.30 horas, el primer minlstro, Pierre Mauroy, firmó la ley de las nacionalizaciones. Pocos momentos antes, el Consejo Constitucional se había pronunciado definitivamente en el sentido de la "constitucionalidad total" de dicha ley. En consecuencia, el 92% de la banca gala y cinco grandes grupos industriales de los más importantes del país, han pasado, desde ayer, al sector público.La batalla de las nacionalizaciones, iniciada con el septenio del presidente Francois Mitterrand, ha durado siete meses. La oposición conservadora-liberal ha empleado todos los medios a su alcance para obstaculizarla. El otoño último recurrió ante el Consejo Constitucional y este último le dio la razón en algunas de sus reivindicaciones, relativas a la indemnización de los accionistas y a la extensión del campo de nacionalización de la banca. Por segunda vez, hace diez días, la oposición denunció de nuevo algunos aspectos inconstitucionales de la ley original, ya reformada, pero no ha sido atendida por el Consejo.

Los medios políticos y económicos anotan las dos características esenciales de este proceso de las nacionalizaciones. En primer lugar, que se han realizado democráticamente: tanto el poder mitterrandista, como la oposición, han utilizado el cauce constitucional, no sin fricciones y guerrillas, violentas a veces, pero sin desbordar nunca los límites de la democracia.

En segundo lugar, todo el mundo está de acuerdo en que, desde hoy, empieza una nueva etapa, decisiva, para el poder socialista. Las nacionalizaciones son un hecho, cubierto por la ley, e indiscutible por lo tanto. Ahora se trata de que Mitterrand y su gobierno demuestren que, tal como ellos las han planteado, resulten una baza capital y victoriosa en la guerra económica mundial del momento. Y, además, que representen una cota de bienestar más elevada para los asalariados de estas empresas.

El Consejo nacional de Empresarios franceses calificó ayer a la ley de nacionálizaciones de "profundo error". Los empresarios franceses recordaron en su declaración su "hostilidad total" a la extensión del sector público y se reafirmaron en su opinión de que "nacionalizar cuesta caro, es inútil y es peligroso".