Las cajas de ahorro se ahorran el ANE

A lo largo de las negociaciones del convenio colectivo de las cajas de ahorro, la Asociación de Cajas para las Relaciones Laborales (ACARL), entidad patronal del sector, ha manifestado que, al no formar parte de la CEOE, el ANE no es de aplicación en el mundo laboral de las cajas de ahorro. No se quiere aquí suscitar de nuevo la polémica acerca de la eficacia general del ANE, tesis, como se sabe, suscrita por los sindicatos frente a la CEOE. Los autores reflexionan acerca de las causas y consecuencias de tal actitud, con independencia de la validez jurídica de aquél.

Por encima de las valoraciones que se puedan hacer con respecto al ANE, nadie podrá negar su caracterización como acuerdo solidario que obliga a fuerzas sociales muy importantes, y al Gobierno en primer lugar. Del mismo modo, es obvio que configura una política económica determinada, por supuesto de alcance nacional. De ningún modo, y por tanto, puede calificarse al ANE de acuerdo privado, sin mayor trascendencia.La pretensión de las cajas de ahorro de situarse al margen del mismo adquiere bajo estas premisas una singularidad que a nadie se le escapa. Las cajas, en efecto, por su especial naturaleza, no son un sector económico privado más. Por su especial tutela administrativa, por no tener accionistas, por tener estatutariamente como fin el servicio al interés público, etcétera, tienen una responsabilidad especial frente a la sociedad. Inhibirse, en el contexto de la crisis económica actual, frente al ANE significa ponerse al margen del país y enfrentarse a los intereses de las clases trabajadoras y populares, de cuyo ahorro -paradójicamente- nutren sus recursos.

¿Tiene algún sentido esta decisión de las cajas de ahorro? Cuando todos los convenios colectivos, cuando la misma política gubernamental y cuando, en general, todo el país gira en torno al ANE, ¿qué razón puede explicar está desvinculación?

La mala situación económica, las dificultades en las cuentas de resultados, desde luego que no, porque no son cuestiones que respondan a la realidad. Por citar un ejemplo, y según datos del Banco de España, el crecimiento de los resultados, antes de impuestos, de las cajas ha sido superior a los de la banca privada en los últimos años (exactamente, del orden del 21,1% en 1980 y 31,1% en 1979, en comparación con el 11,8% y 13,3%, respectivamente, que ofrece la banca). A pesar de que las cajas tienen problemas para adaptarse al nuevo marco financiero, no existen, en modo alguno, dificultades económicas serias.

Por supuesto, no se trata de que las cajas quieran superar el ANE en la presente negociación colectiva: su oferta económica es del 9%, y está claro que en ningún momento van a superar el límite del 11%. El problema sigue estando en los estamentos que, a pesar de las sucesivas reformas, siguen controlando las cajas. A éstas les hubiera sido más sencillo decir, como lo hace la CEOE, por ejemplo, que el ANE ya estaba pactado, que no requiere desarrollo ulterior, que en este sector es posible crear empleo, etcétera. Pero no; prefieren decir que el ANE no les afecta, que las cajas son insolidarias con respecto al problema número 1 del país: el paro.

Hay que constatar que esta actitud no es nueva, y por ello hablábamos anteriormente de quién controla las cajas. Durante la dictadura, las cajas apoyaban sin reservas la política gubernamental; más aún: eran parte consustancial de la misma. Con la transición democrática, en cambio, parece como si su único interés fuera el mantener el poder y atacar la política gubernamental, y no desde una perspectiva progresista precisamente. Con la transición democrática, en efecto, las cajas plantean la liberalización de las inversiones, la no injerencia de los poderes públicos, como criterios de racionalidad y tan vitales para el Gobierno del país como son las cajas, objetivo perentorio del Real Decreto 2290 de Fuentes Quintana, que no obtuvo virtualidad alguna, cuando actualmente la politización de los órganos (directivos) de las mismas alcanza la cota más alta de discordancia con el tejido social de nuestro proceso democrático.

A grandes rasgos, la política de las cajas en esta época más inmediata se ha caracterizado por:

- Un rápido recorrido hacia una asimilación de las características de la banca«privada, la llamada bancarización, no en cuanto a técnicas operativas, sino en lo que se refiere a vinculaciones y compromisos con la sociedad, cambiando su naturaleza por otra más amorfa y propia de otras instituciones financieras.

- Una política de expansión desmesurada, destinada seguramente a reforzar posiciones de hecho, que ha impedido, entre otras cosas, un abaratamiento del dinero y una retribución adecuada al dinero de los ahorradores.

- Una febril actividad de fusiones y absorciones, buscando, como en el caso anterior, la consolidación de grupos de poder, actividad, por otro lado, efectuada sin la más mínima racionalidad

- Una constante y progresiva desvirtualización de las obras sociales, reduciéndolas a una cuestión de colosalismo que vende imagen o a una simple colaboración propagandística con otras entidades del signo más variado.

- Huir, en resumen, de todo control racional por parte de los poderes públicos, rechazando inicialmente, por ejemplo, el programa trienal de vivienda y las directrices de la superpastoral del Banco de España, o bien, y es sólo otro ejemplo, buscando huir del marco de los poderes autonómicos a través de la desnaturalización de la regionalización de las inversiones o de la expansión fuera de los límites territoriales.

- El apoyo a determinados programas de inversiones, eminentemente productivos, que no generan puestos de trabajo, pero que conectan con los intereses de los grupos oligopolíticos presentes en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. Un buen ejemplo de esto es la participación de las mismas en el Plan Energético Nacional.

No postulamos en modo alguno que las cajas sean una sucursal gubernamental. Nadie propugna, por ahora, estatalizar las cajas. Pero cada vez van siendo más los que quieren que estas entidades encuentren su lugar en la sociedad actual, y que, en concreto, su función social (ineludible, dado su status semipúblico) se traduzca en su política financiera y no en obras sociales de cuestionable eficacia y significado.

No hay más remedio, en consecuencia, que concluir que la negativa de las cajas de ahorro a afrontar el ANE no es más que una cuestión política, derivada de sus especiales realidades de poder. Pero nadie va a ganar con esta actitud: ni los trabajadores del sector, ni las propias cajas, ni, mucho menos, nuestro país.

secretario general del Sindicato Estatal de Ahorro de UGT, y Virgilio Andrés Domenech, secretario general de la Agrupación Estatal de Ahorro de CC OO.