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La Generalidad estudia la posible inconstitucionalidad en la adjudicación de 120 emisoras de FM

La Generalidad de Cataluña encargó a un equipo de juristas el estudio de una demanda de inconstitucionalidad, a presentar en su caso ante el Tribunal Constitucional, contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre por el que se adjudicaban 120 emisoras de Frecuencia Modulada (FM) en cumplimiento de la primera fase del plan de radiodifusión de la mencionada frecuencia.

En aquella adjudicación no se concedió ninguna emisora para Cataluña debido a que la competencia en esta materia está en litigio ante el Tribunal Constitucional, por demanda del Gobierno central contra un decreto de la Generalidad. Fuentes de esta última institución manifestaron a este diario que el Tribunal Constitucional dictará sentencia muy en breve, y que ésta será favorable a la Generalidad, según les indicaron en medios próximos al citado tribunal.En su día fueron presentadas ante la Generalidad. de Cataluña 252 solicitudes de concesión de emisoras comerciales de FM y 92 de emisoras institucionales, también de FM. Dada la existencia del litigio, 170 promotores de emisoras comerciales en Cataluña y 46 de institucionales presentaron paralelamente sus solicitudes ante la Administración.

Dentre del procedimiento judicial, el Tribunal Constitucional dictó el pasado mes de noviembre un auto por el cual disponía que la Administración central remitiese a la Generalidad los expedientes relativos a concesiones en Cataluña. Este auto permanece hasta ahora Incumplido, según fuentes de la Generalidad.

Una vez hecha pública la sentencia del Tribunal Constitucional, puede darse otra confrontación respecto. al número de emisoras que deban corresponder a Cataluña. Según el criterio dominante en la Administración central, deberían adjudicarse unas treinta emisoras, mientras que la Generalidad estima que el número total no debe ser inferior a 45, además de las ocho o nueve emisoras que pondrá en marcha directamente la Generalidad, en el ejercicio de su derecho a crear una red de emisoras de titularidad autonómica.

La cantidad de temas a debatir y la posibilidad de obstrucciones administrativas permiten suponer que, al tiempo que la Generalidad estudia realmente la presentación de una demanda ante el Tribunal Constitucional, también intenta hallar un acuerdo político que no retrasara la puesta en funcionamiento de algo absolutamente vital para la lengua y cultura catalanas. En este sentido, es de indicar que, por lo que respecta a la televisión, Cataluña se encuentra en una fase inferior a la del País Vasco, donde el Gobierno autónomo de aquella comunidad decidió crear su propia televisión sin someterse a los trámites legislativos que enmarcan el tercer canal autonómico, existente como posibilidad tanto en el estatuto catalán como en el estatuto vasco, si bien el redactado de este último es más favorable para los poderes autonómicos.

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