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CANTABRIA

El alcalde de Isla reconoce su participación en la propiedad de los terrenos destinados al polvorín

La Diputación provincial de Santander rechazó ayer una moción del grupo socialista por la que se pretendía que la Corporación provincial manifestara su oposición a la construcción de un polvorín en el pueblo de Isla. Por su parte, el alcalde de Arnuero, Emérito Quintana, municipio en el que está enclavada la citada localidad, confirmó a EL PAlS su participación en la sociedad que se encargará de la construcción y explotación del polvorín.La oposición de los vecinos de la localidad cántabra de Isla a la instalación en la zona de un polvorín, en el lugar denominado La Casilla, se concretó en la moción presentada por los diputados provinciales del Partido Socialista de Cantabria (PSC), y que fue apoyada por el Partido Regionalista de Cantabría.

En dicha moción se hace hincapié en la forma en que ha sido tramitado el proyecto por el Ayuntamiento de Arnuero y la Comisión Provincial de Urbanismo, lo que, en su opinión, ha dado lugar a "numerosas irregularidades". Entre éstas se señala, en base a los informes jurídicos elaborados por la comisión de afectados, que no se ha respetado la distancia mínima que debe separar el almacén de explosivos y el núcleo urbano más próximo, y que la ley establece en 2.000 metros. Según los socialistas, los informes técnicos que se reflejan en el expediente municipal concretan la distancia entre el polvorín y los barrios de Calleja, Cracero y barrio de Quejo en algo menos de mil metros, y de tan sólo 440 metros en relación con el camping de Isla.

Un almacén con capacidad para 75.000 kilos de explosivos

El centrista Quintana confirmó a EL PAIS su participación en la sociedad Distribuidora Cántabra de Explosivos, propietaria de los terrenos en que se ubicará el polvorín y a cargo de la cual correrá la explotación del almacenamiento, con una capacidad de 75.000 kilos de explosivos. Asimismo reconoció haber solicitado la licencia municipal de construcción, si bien en el momento de la votación se ausentó del salón de plenos, estimando que no existe incompatibilidad alguna, dado "que es el Ayuntamiento quien aprueba la licencia solicitada por un ciudadano. Y, en tanto que tal", añadió, "tengo el derecho a hacerlo".

Los diputados socialistas mantuvieron la posición contraria, por entender que la instalación del polvorín afecta a a un importante número de personas, de las que trescientas, prácticamente la casi totalidad del censo de las localidades afectadas, han firmado un escrito manifestando su oposición dado que no se les notificó a tiempo la tramitación del expediente.

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