Cajas rurales

LA CRISIS bancaria que empezó a extenderse y ahondarse con motivo de la crisis económica desencadenada por las alzas en los precios del petróleo y la adopción de políticas monetarias menos alegres y arriesgadas, también ha llegado en España a la cajas rurales. Lo sucedido con la de Santander (véase EL PAIS de ayer, sábado 29 de enero) puede que no sea más que el aviso respecto a la existencia de irregularidades en otras entidades similares de distintas provincias. Las cajas surgieron para el fomento del crédito agrario y el apoyo a las cooperativas. Al capitalismo despiadado, el populismo franquista opuso un desarrollo de las instituciones cooperativas en defensa de los intereses del campo. Las cooperativas de productores se encargarían de defender la comercialización de los productos y servirían de cortafuegos contra los posibles abusos de intermediarios y distribuidores. Las cajas rurales proporconarían, por su parte, la financiación necesaria para mantener la batalla. La idea recogía parte de nuestra herencia cooperativa y desarrollaba el propósito de obtener el respaldo de una población campesina a un modelo de organización política o, llegada la ocasión, de contar con una masa de votantes adictos. La estructura se templó con la integración de las cajas rurales en una Caja Rural Nacional, a cuyo frente se situó a Domingo Solís, agrario influyente y hermanado con el poder político.Los fines de Ias cajas son muy específicos: el fomento del crédito agrario. Pero pronto los créditos a las cooperativas y a los cooperativistas no se atuvieron con rigor a este principio. Las propias preferencias de los consejeros de las cajas en favor de actividades no muy alejadas de sus intereses individuales desvirtuaron la naturaleza de estos organismos de crédito. También la política de las cooperativas introduciría perturbaciones. Las cooperativas se constituyeron en algunos casos con un capital muy escaso y dependientes en exceso de los fondos ajenos prestados por las cajas rurales, que se destinan a garantizar los precios de compra de los productos que entregan los cooperativistas en la cooperativa. Esta transformación de muchas cooperativas en miniforppas ocasiona el que los agricultores se desentiendan de efectuar aquellas reformas que garanticen la rentabilidad a plazo medio de sus explotaciones; el interés se centra en vender sus productos al mayor- precio posible. Naturalmente que hay excepciones y ahí están los numerosos casos de cooperativas y cajas ejemplares que han cumplido puntualmente sus objetivos y administrado con escrúpulo sus recursos.

La explicación del porqué de esta incontrolada separación de las actividades crediticias y las finalidades institucionales se relaciona con nuestra estructura legal. Nuestra legislación bancaria no ha tratado de organizar una red de salvaguardias que garantice el orden en la profesión de banqueros en cuanto gerentes y administradores de las fortunas que les confían los particulares o las empresas. La norma ha sido la prohibición total o sus excepciones, muchas veces con nombres y apellidos, normalmente ilustres y conocidos. Esta herencia es la que se ha encontrado la autoridad monetaria y la que la crisis general ha hecho estallar en los puntos más vulnerables.

El remedio no es sencillo, pero hay que empezar a reconducir, también en el caso de las cajas rurales, sus actividades a los objetivos que motivaron su creación. La figura del director gerente posiblemente debe gozar de mayor independencia respecto a los consejeros y ser responsable ante la entidad y ante el Banco de España de la gestión que se le ha encomendado. Los créditos personales, a veces con un marcado tinte de financiación del partido político correspondiente, deben estar cuidadosamente garantizados por la fortuna de los prestatarios. Pero también los créditos a las cooperativas de producción tienen que ajustarse al capital del deudor, de manera que los socios cooperativistas no estén, en la práctica, desinteresados de la viabilidad de la organización común. En otros países existe abundante experiencia y normas claras de riguroso cumplimiento. Lo único que quizá hace falta es la voluntad política de entender el problema y resolverlo, devolviéndose así la dignidad a una organización tan respetable como fue el cooperativismo agrario en España.