Explotación de inmigrantes en Francia

EL GOBIERNO francés ha dictado unas leyes de procedimiento excepcional para regularizar el trabajo de los in migrados extranjeros: teóricamente se trata de evitar si tuaciones ilegales y proteger a quienes justifiquen su residencia en Francia mediante contratos o algún otro hecho probatorio. En la práctica se está convirtiendo en una nueva forma de explotación por parte de patronos desaprensivos e incluso por organizaciones que se dedican al fraude. La Asociación de Trabajadores Inmigrados, con sede en Burdeos, ha denunciado ya que una determinada empresa de construcción está cobrando sumas que oscilan entre mil y 6.000 francos a trabajadores extranjeros por extenderles falsos contratos de trabajo con los que puedan pretender su regularización. A veces son los propios inmigrantes los que acuden a la picaresca. Uno de ellos, marroquí, ha sido detenido por falsificar contratos que pudieran demostrar que los supuestos beneficiarios estaban en Francia antes del 1 de enero de 1981 -la fecha que exige el procedimiento de regularización-, y cobraba por ellos unos 2.000 francos. El número de personas implicadas en esta clase de estafas a los inmigrantes parece infinito. El procedimiento no sólo reconoce como válidos los contratos de trabajo, sino cualquier otro medio para demostrar que el interesado estaba en Francia antes de la fecha fijada: contratos de alquiler, compra de muebles, facturas de hoteles, incluso testimonios. El mercado negro de estos falsos documentos se ha extendido de tal forma que no sólo trata de cubrir el número de obreros extranjeros que estaban clandestinamente en Francia -según las autoridades, unos 5.000-, sino que, según las autoridades francesas, tiende sus redes en países limítrofes para atraer nuevos inmigrantes clandestinos con apariencia de legales, a los que luego, una vez hecho el desembolso de los documentos falsos, no les es demasiado fácil encontrar trabajo. Y en ello se encuentra otra vez la explotación del clandestino: se le contrata a precios muy por debajo de los oficiales y sin ninguno de los beneficios sociales previstos.Este es uno de esos países limítrofes a los que se hace referencia, y españoles son muchos de los obreros explotados que huyen del paro en España para encontrarse con los estafadores profesionales, que se llevan los pe«quefíos ahorros reunidos por todos los esfuerzos familiares y luego les dejan a su suerte.

Las autoridades españolas que se ocupan de esta emigración están limitando su acción a tratar de retener a quienes intentan esa aventura; es su deber. Pero no tenemos ninguna noticia de que el Gobierno español haya tratado con el francés de los problemas que causa la regularización a los inmigrantes españoles, ni las tenemos tampoco de que los sindicatos obreros españoles estén tratando con los franceses de que nuestros obreros en Francia puedan estar protegidos. Más de una vez hemos expresado aquí nuestra repulsa por una xenofobia que afecta a toda clase de autoridades españolas, y a una cierta capa de la sociedad, por la cual se dificulta la presencia en nuestro país de emigrados o exiliados; estamos en el derecho de pretender que Francia ahora no limite su derecho de asilo a los indeseables y a los delincuentes (véase el tema de la ETA), que alberga con demasiada facilidad, sino que lo amplíe a estos exiliados económicos y, si es posible, que lo reduzca a ellos.