La Seguridad Social Iimitará su crecimiento al de la economía

El Gobierno dejará la reforma en profundidad de la Seguridad Social (SS) para dentro de tres o cuatro años. Hasta entonces adoptará medidas de mejora y racionalización del sistema. Su primer y principal propósito durante dicho período transitorio, que seguramente se convertirá en acuerdo global con patronal y sindicatos, será limitar el crecimiento anual de la SS al de la economía, para que mantenga el peso en el producto interior bruto, PIB, (actualmente en torno al 17%). Así lo ha declarado a este periódico el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Rodríguez Miranda.

"Si en el presente año se alcanza el objetivo de que el PIB crezca 2,5 o tres puntos", precisó el ministro, ese será el margen que tendrá para 1983 el crecimiento de la SS. Se trata, en definitiva, de que el sistema no obstaculice el desarrollo económico, porque somos conscientes de que el peso de su financiación dificulta la generación de empleo, por ser hoy en muchos casos un impuesto sobre la nómina. Por eso, el objetivo está encaminado a un programa de creación y mantenimiento de empleo".Rodríguez Miranda hacía estas declaraciones mientras la comisión tripartita Administración-CEOE-sindicatos, surgida del Acuerdo Nacional sobre Empleo, cumplía el compromiso de informar antes del 31 de enero el proyecto gubernamental de reforma de la Seguridad Social. Los acuerdos y desacuerdos de las partes serán elevados al Gobierno, vía Ministerio de Trabajo y SS, para que los tenga en cuenta.

"El punto de coincidencia más importante", según el ministro, "ha sido plantear la reforma en dos fases: primera, las medidas de racionalización y mejora, urgentes y a desarrollar en dos o tres años, según la duración del paso parlamentario; después, la reforma en profundidad que se diseñe en esos años, para aplicar a partir de 1984. Se ha llegado al convencimiento de que, con los graves problemas coyunturales y estructurales, una reforma seria en modo alguno puede resultar de dos meses de deliberación".

"La segunda coincidencia está en la aproximación a los sistemas de seguridad social europeos, tanto en su configuración como en el peso de las fuentes de financiación. Salvo Suecia y Francia, la aportación empresarial está muy por debajo de los tipos europeos. Ello es incompatible con la prioridad dada a la creación de puestos de trabajo".

Un déficit inasumible por el Estado

"En tercer lugar, todas las posturas han partido, en mayor o menor grado, de que la pirámide de población española y la estabilidad de la población activa producen cifras de déficit enormes e inasumibles por el Estado en los próximos años"."Otro punto de general aceptación ha sido el universalizar la Seguridad Social (extenderla a todos los ciudadanos). El primer paso puede darse en el campo de algunos ramos de asistencia sanitaria. Pero el proyecto debe ser contemplado a medio plazo, aunque sea un bien deseable, como la enseñanza gratuita".

"Ha existido también amplio nivel de conformidad en la necesidad de corregir con urgencia los altos índices de fraude en la SS y en el desempleo. Con un mercado de trabajo escaso, las razones de solidaridad y la aplicación pura de los principios constitucionales obligan a eliminar las situaciones de absoluta anormalidad y privilegio. El caso del que más debemos huir es el de la SS italiana, donde una economía sumergida, que abarca al 30% de toda la actividad económica, hace que el sistema tenga cinco millones más de inscritos que de ciudadanos, según los últimos datos que hemos recibido en el ministerio. La honestidad en la aplicación de la legislación y la reforma debe ser un punto de partida".

"La comisión", afirmó el ministro, "ha tratado de integrar las distintas posturas en un documento unitario que asuman todos en su mayor parte. En la medida en que el documento final logre coincidencias determinará que la aceptación social de su promulgación sea superior. Desde el punto de vista de la comisión, a pesar de las declaraciones de los dos últimos meses, en los documentos finales de cada parte no existe alto grado de diversidad en la apreciación de los problemas. El tema no puede contemplarse demagógicamente con pretensiones inalcanzables, sino con visión de Estado. Y cualquiera que pretenda asumir el Estado, lo primero que tiene que manifestar es dimensión de apreciación de los problemas".

Equilibrio económico y financiero

"Hay voluntad", continuó Rodríguez Miranda, "de mantener la actual SS. Ello pasa por el equilibrio económico-financiero, porque la mejor forma de destruir el actual sistema sería renunciar a su equilibrio. De esa voluntad deriva la adopción de todas las medidas que se van a proponer. Se trata, en definitiva, de que la SS no obstaculice el desarrollo económico".Considera el ministro "relativamente exactos" los datos facilitados por los sindicatos para defender el mantenimiento o incremento del peso de la SS: en España representa cerca del 17% del producto interior bruto, mientras que la media europea es del 24%. "El peso está desproporcionado, pero los sindicatos han mostrado con la firma del AMI y del ANE una postura de enorme comprensión en el problema del empleo, conscientes de que el propio desarrollo económico y la competitividad internacional necesitan medidas correctoras".

"Por ello, incluso en el período previo a la reforma, puede haber una ligera disminución de cotizaciones para que el peso relativo de la contribución empresarial se aproxime a los niveles europeos. Esta inflexión traerá mayor facilidad en la contratación laboral e implicará un aumento de la aportación del Estado".

Ayer fueron sometidos los proyectos financieros a la comisión. Las aportaciones de los empresarios para los próximos años bajarían desde el actual 10,8% sobre el PIB hasta 10,1% en 1985. Las del Estado sobre la financiación total de la Seguridad Social, sin incluir los 2,38 puntos de desempleo, se elevarían desde 17% actual hasta 23% en 1985, de acuerdo con la escala que aparece en el cuadro adjunto. El gasto total aumentaría desde los 2,81 billones de pesetas del presente año (incluyendo 483.300 para desempleo) hasta 3,9 billones en 1985. Los ingresos por cuotas supondrían 2,38 billones el próximo año y 2,81 en 1985, mientras que las transferencias del Estado se situarían, respectivamente en 0,71 y 1,1 billones de pesetas.

Según Rodríguez Miranda, "las medidas de racionalización y mejora estarán sujetas a un calendario no unitario. Algunas saldrán como simples acuerdos o instrucciones desde el Ministerio; otras requerirán nuevas normas, pero de carácter puramente reglamentario (decretos, instrucciones o circulares), y hay otras que necesitarán leyes".

"Entre estas últimas, por ejemplo, figurará la alteración del período de cotización necesario para cobrar pensiones, destinadas a eliminar las irregularidades que se registran en cuánto a cotizar poco durante toda la vida laboral, excepto en los dos últimos años, que son los que cuentan para determinar la pensión". La norma requerirá la aprobación de las dos Cámaras legislativas".

"De otro lado, el establecimiento de un plan modelo sobre prototipos de hospitales-módulos para la racionalizón del gasto en la asistencia sanitaria".

"Algunas medidas, sobre todo las que dependen directamente del ministerio, podrán ser dictadas antes del mes de agosto. Otras necesitarán el paso por Congreso y Senado, y aquí el plazo escapa de nuestra voluntad. En todo caso, las propias medidas de racionalización y mejora, aun cuando tienen una urgencia social evidente, no deben ser urgentes en su tramitación parlamentaria, porque considero mala la precipitación en el desarrollo legislativo".

Seguimiento y promoción de la reforma

Más novedades: el ministro piensa crear, para seguir y promover la reforma, dos comisiones: una de codificación y otra de reforma, ambas nombradas por él. La primera tendrá la misión de situar cada norma en un contexto general. Ello porque el desarrollo de la SS ha sido confuso y prolijo. Uno de cada dos días, por término medio, ha visto nacer una norma. "Eso produce Ia inseguridad por el desconocimiento de la norma y además, la posibilidad de fraude por la búsqueda de normas en las cuales ampararse"."El acuerdo social", dice sobre la no inclusión en dichas comisiones de representantes de sindicatos y patronal, " es posible que debamos buscarlo en la reforma estructural de la SS. Las demás medidas corresponden en su integridad a quien tiene la responsabilidad de Gobierno. No es ajena a la voluntad del Gobierno la implantación del Consejo Económico y Social que prevé la Constitución, y probablemente ésa sería una de sus primeras funciones".

¿Privatización? Rodríguez Miranda responde: "Literatura. En ningún momento se ha contemplado la privatización desde el Gobierno. Como bien público que establece un importante reparto de renta, que contribuye a igualar los niveles de desigualdad que el propio proceso económico produce, tanto territorial como personal, es algo que en modo alguno puede ser eliminado del campo de la actividad económica. Tampoco la reforma o las medidas de mejora y racionalidad están planteadas para beneficiar a unos colectivos en perjuicio de otros".

Desde los sindicatos se ha dicho que los empresarios, con eco en el proyecto del Gobierno, quieren dar otro pellizco a la asistencia sanitaria y un gran bocado a las pensiones. "No hay cesión de prestaciones", responde el ministro. "Lo que se desea es mantener los tres niveles de pensiones: básica, como función exclusiva del Estado; profesional, financiada por empresarios y trabajadores, y un nivel complementario libre, que puede operar a través de los fondos de pensiones, los que a su vez enriquecerán el sistema financiero".

La lucha contra el fraude

Uno de los aspectos en los que el ministro se muestra más dispuesto a trabajar es la lucha contra el fraude. "En la SS, el nivel no es conocido, si bien las estimaciones de los técnicos apuntan a un 10%. Sí, en cambio, se conoce con mayor aproximación el del desempleo, que el Ministerio estima en un 20%. Aquí las medidas de corrección van a ser puestas inmediatamente en marcha, con racionalización de la inspección, planes especiales y campañas de desincentivación de este auténtico delito social, que impide atender situaciones de verdadera necesidad".Rodríguez Miranda rechaza incluir entre el fraude las cifras de morosos e impagos a la SS, que parecen aproximarse a los 400.000 millones de pesetas, y es engrosado fundamentalmente por grandes empresas en situación delicada, aunque también por ayuntamientos y organismos públicos. Asimismo prefiere no hablar de la baja en la cobertura subsidiada del paro (ha bajado en el último año desde el 40% hasta 35%, dejando en desamparo a más de un millón de parados), ni de la posible extensión a los desempleados con cargas familiares. "Si este año el crecimiento económico es del 3%", son sus únicas palabras al respecto, "probablemente podremos mantener en 1982 el mismo nivel de cobertura que en 1981".