La necesidad de un debate nacional sobre investigación y tecnología

De los días 13 al 16 de enero se ha celebrado en París el coloquio nacional Investigación y tecnología, con la asistencia de más de 2.000 representantes de la comunidad científica, organizaciones sindicales, empresariales y profesionales de los organismos regionales, así como de representantes de más de una treintena de países. El citado coloquio estaba destinado a recoger las líneas generales a utilizar en la redacción de la ley de orientación y programación de la investigación y desarrollo tecnológico, del plan cuatrienal de investigación con que el Gobierno de izquierdas, triunfante en las elecciones de 1981, sentará las bases de actuación en el terreno de la política científica.Sobre la base de seis grandes áreas, el coloquio examinó, en comisiones y grupos de trabajo, los siguientes aspectos temáticos: ciencia, tecnología y sociedad: temas clave y grandes áreas de investigación; hombres y estructuras; interlocutores en el debate sobre los fines de la investigación científica, y medios a utilizar.

Las expectativas despertadas no eran sólo de intenciones, si se consideran las decisiones ya puestas en vigor por el Gobierno en menos de un año:

1. Incremento del porcentaje del PIB, dedicado a 1 + D, alcanzando ya el 2% para 1982, con la meta del 2,5% fijada para 1985, lo que situaría a Francia en tercer lugar a nivel mundial.

2. Duplicación de la oferta de empleo científico, con un crecimiento del 4,5 % anual.

3. Incremento para el presente año del 18% en los presupuestos civiles de investigación, con una previsión de crecimiento anual del 13,5 % para los próximos años.

Si importante es el clima democrático de participación y los medios materiales y financieros aplicados, igualmente significativos son los objetivos a cubrir, si se considera la capacidad de que dispone la actual Administración con la incorporación de la industria nacionalizada, que alcanza el 75% del potencial investigador del país. Tales objetivos, en palabras del presidente Mitterrand, podrían centrarse en:

a) Romper el aislamiento de la investigación y de los trabajadores científicos respecto a su entorno social.

b) Cultivar el interés por la investigación, entendida como conocimiento racional de la naturaleza y la sociedad, como desarrollo de las facultades de imaginación, curiosidad e iniciativa, de forma que tal concepción se expanda por el entramado social desde los primeros niveles de educación hasta cualquier actividad profesional.

c) Establecer un nuevo equilibrio entre investigación fundamental e investigación aplicada.

d) Generar programas movilizadores en áreas clave (biotecnología, informática, electrónica, nuevas energías, etcétera).

e) Unificar la política institucional en el campo de la investigación mediante la creación, con rango de Ministerio de Estado, del Ministerio de Investigación y Tecnología, con amplias competencias de coordinación y ejecución.

f) Sanear y racionalizar las relaciones entre investigación e industria.

g) Asegurar, por medio de la investigación, la satisfacción de las necesidades que demanda el mercado interior francés, así como la preservación de la independencia nacional en aspectos estratégicos (militares, energía, alimentación, comunicaciones, etcétera).

h) Avanzar e impulsar en la información científica, así como en la difusión del francés como lengua científica.

i) Establecer y reforzar los programas europeos de cooperación científico-técnica.

j) Poner la investigación al. servicio de nuevas relaciones, no depredadoras, con los países del Tercer Mundo.

Investigación y necesidades sociales

El conjunto de medios, objetivos y expectativas que el coloquio ha puesto en circulación supone una ruptura radical con los modelos tecnocráticos impulsados por la anterior Administración francesa.

Frente a una ciencia cada vez más orientada a su aspectos mercantilistas, sometida a la presión de los intereses comerciales de las transnacionales, en un enfoque que podríamos resumir en el término ya acuñado de pilotage par l'aval entendiendo la actividad científica como avalada sólo por sus beneficios económicos inmediatos, se pretende una investigación avalada por su capacidad de resolver necesidades sociales y culturales.

Frente a una investigación básica puesta cada vez más en entredicho, porque en la división mundial del trabajo científico tales enfoques se reservan sólo globalmente para los laboratorios y corporaciones made in USA, la necesidad de relanzar la investigación básica como pulmón que garantice y soporte toda actividad científico- técnica.

El relanzamiento de las ciencias humanas y sociales, frente a los tremendos recortes introducidos por el último Gobierno Giscard d'Estaing, que supuso la casi total desaparición de escuelas de Sociología y Psicología, de experiencias tan renovadoras como las de la Universidad de Vincernes e incluso de diversos departamentos de estudios hispánicos, por su escasa rentabilidad. Se plantea como tarea preferente dotar de los medios y reconocimientos necesarios a aquellas ramas de las ciencias encaminadas a profundizar en el conocimiento de la sociedad, como un elemento indispensable para la superación de la crisis actual.

Frente a una gestión tecnocrática de la investigación, que podría resumirse en las medidas adoptadas por la ex ministra de Universidades e Investigación, señora Saumier-Siété, al sustituir la tradicional participación democrática en la dirección del CNRS por una presencia mayoritaria de cualificados representantes del sector privado, el Gobierno de izquierdas ha restaurado y profundizado la participación de todas las categorías del personal en los diferentes órganos de gestión. En este sentido la elaboración de un estatuto de los trabajadores científicos constituye un elemento clave en las reformas en marcha.

Las posibilidades de éxito del ambicioso programa descrito están aún por aclarar si el impulso inicial y el clima necesario han sido creados, tanto en la sociedad francesa como en sus ejecutores: los trabajadores científicos; no es menos cierto que, como señalaba recientemente el secretario general del Sindicato Nacional de Investigadores Científicos: «Cada nuevo paso significa una nueva batalla, significa una nueva aportación de propuestas y acciones que les respalden, de las que la acción social y sindical no pueden inhibirse, para evitar el desdibujamiento progresivo de tan vasto programa, ante las numerosas resistencias estructurales e institucionales a vencer».

Sensibilización pública

La vuelta a España, para un asistente a las jornadas del coloquio, supone un tremendo choque no ya sólo por las conocidas diferencias de entorno y escala en que se mueven las actividades científico-técnicas en Francia y España (300.000 trabajadores, 2% del PIB en gastos de investigación, frente a 20.000 y 0,45%, respectivamente), sino más fundamentalmente por las diferencias en cuanto al grado de sensibilización pública y decisión política para afrontar con vigor el necesario debate sobre el papel que la investigación y la tecnología deben cumplir en cada país.

El anuncio por parte del nuevo ministro español de Universidades e Investigación del envío de un proyecto de ley de la ciencia en el transcurso del actual período de sesiones de las Cortes, si bien supone por su solo enunciado un paso adelante, lleva en su contenido y método de elaboración la base de una diferencia radical respecto al modelo democrático francés anteriormente expuesto. Un proyecto de ley elaborado por una reducida comisión de expertos, que el próximo 9 de febrero ha debido finalizar su trabajo a fin de que la ley pueda ser debatida en marzo, no es en absoluto el método adecuado para crear el necesario clima de discusión y participación. Y no lo es porque, reiteradamente, al igual que sucedió en los fantasmales planes trienales y leyes de investigación planteados por el mismo equipo a mediados de los setenta, se ha obviado. el tema de fondo. El subdesarrollo científico-teórico de nuestro país, al margen de otros condicionamientos históricos e ideológicos más antiguos, se ha producido en función del modelo de desarrollo capitalista adoptado tras la guerra civil.

De acuerdo, pero se olvida que aquella mala decisión está condicionando absolutamente las posibilidades de investigación que hoy se puedan plantear. De aquella concepción marginal de la investigación, condicionada por la visión obsesiva del beneficio inmediato, vino la escasa dotación en técnicas y métodos científicos de nuestra industria. Recientes cifras del Ministerio de Industria reflejaban que sólo 75 empresas de nuestro país disponen de laboratorios con más de veinticinco titulados superiores dedicados a investigación, si bien se reconoce en gran parte que se efectúan labores más catalogables como simples controles de calidad o de traducción de patentes. De aquella libre e individual decisión empresarial ha venido la colectiva y absoluta dependencia tecnológica y científica de nuestro país. La emigración, exilio o muerte de más de la mitad de nuestros científicos y profesores universitarios durante la guerra, así como las apelaciones a la creación de una ciencia cristiana alejada de cualquier tentación materialista, que aún campea en leyes, fundacionales, han hecho el resto.

A pesar de ello, el sector público de la investigación, si bien renqueante, es el único que dispone, al menos formalmente y en algunos casos con ciertos elementos materiales y humanos, de suficientes elementos como para cubrir mínimamente las diferentes escalas de la investigación y su traslación a la producción: investigación básica (universidades, CSIC), investigación aplicada (CSIC, JEN, INIA, INTA, Instituto Oceanográfico, C. Experimentación, MOPU, Vivienda y Sanidad, centros militares, etcétera) y desarrollo y aplicación (ingeniería y centros de producción del INI).

No obstante, estos centros se han visto reiteradamente desconectados, aislados, sin la necesaria articulación. Los organismos coordinadores creados, por ejemplo: la Comisión Delegada del Gobierno se reuniría dos veces en el transcurso de los años setenta. En su nueva regulación, junto con la comisión asesora, si bien ha supuesto un cierto crecimiento de los medios financieros, no ha supuesto una coordinación efectiva de esfuerzos, ni mucho menos ha permitido que el Gobierno presente un mínimo catálogo de prioridades. El ejemplo trágico de la descoordinación en la investigación sobre el síndrome tóxico es el último exponente de esta situación.

Las expectativas, son, sin embargo, pesimistas. El reciente ejemplo de la LAU, con la resistencia feroz. a la presencia de las organizaciones sociales en los patronatos universitarios; la defensa de posiciones ultracorporativas, la dificultad de introducir entre el personal conceptos como responsabilidad social del científico, los continuos sobresaltos en las mínimas reformas progresistas realizadas en organismos como el CSIC, son buenos exponentes de lo que decimos. Finalmente, la visión de la CEOE, decidida a rentabilizar el sector público de la investigación para sus objetivos a corto plazo, parece indicar, por su semejanza con las últimas opciones de la Administración Giscard d'Estaing, que, sin un cambio de orientación política profunda, a lo más que podría llegar nuestro aparato científico-técnico será al de un mediocre asimilador en reducidas parcelas de la investigación.