Los pactos municipales de la izquierda

Los PACTOS municipales, firmados por el PSOE y el PCE después de las elecciones de abril de 1979, están pasando por un difícil momento, tras las infructuosas conversaciones mantenidas a finales de la semana pasada por los concejales socialistas y comunistas madrileños. El bloqueo de las negociaciones en el nivel provincial no deja otra salida que un arreglo de emergencia o una ruptura definitiva entre las direcciones nacionales de ambos partidos. La reunión que hoy celebrará el Comité Ejecutivo del PCE dará a conocer la posición oficial de los comunistas en torno a la crisis, si bien el discurso pronunciado anteayer por Santiago Carrillo permite ya adelantar sus perfiles.El trasfondo del conflicto en el Ayuntamiento de Madrid es tan reciente que no resulta necesario resumirlo en todos sus detalles. Baste con recordar que la escasa disposición de la dirección del PCE para solucionar mediante procedimientos políticos o a través de un debate ideológico sus diferencias con un cualificado sector de profesionales, técnicos e intelectuales comunistas, partidarios de llevar hasta sus últimas conclusiones lógicas los postulados teóricos del eurocomunismo, desembocó en una auténtica escabechina de expulsiones y en la aplicación de severas medidas administrativas contra sus representantes más prestigiosos y conocidos en el Ayuntamiento madrileño. Ocurre, así, que de los nueve concejales del PCE que tomaron posesión de su cargo en abril de 1979 sólo uno -Juan Francisco Pla- permanece en la ortodoxia, y que para sustituir a los expulsados en el pasado mes de noviembre, a raíz de un acto público que no guardaba la menor relación con problemas municipales, ha sido preciso saltar por encima de casi una veintena de la lista originaria.

No puede extrañar, en consecuencia, que los responsables madrileños del PSOE, inquietos por ese vertiginoso carrusel de expulsiones en masa y de sustituciones a la carrera entre los concejales comunistas, hayan tratado de asegurar la coherencia y la continuidad del gobierno municipal para los catorce meses que les restan de mandato. En este contexto, la pretensión de los socialistas de que la Gerencia de Urbanismo, administrada hasta ahora por los renovadores, no pase a manos de los nuevos concejales comunistas parece una postura sensata, ya que no es descartable que la furia depuradora de los recién llegados con respecto a los antiguos colaboradores de Eduardo Mangada terminara por producir en ese decisivo departamento municipal, que tiene a su cargo la revisión del Plan General, efectos parecidos a la entrada de un elefante en una cacharrería. Cabe, así pues, aceptar en su valor literal la explicación del PSOE de que sólo le mueve el simple deseo, exento de implicaciones político-partidistas, de garantizar la buena marcha técnica y administrativa de ese importante servicio municipal.

Aprovechando la clausura de unas jornadas sobre los ayuntamientos y la lucha contra el paro, Santiago Carrillo ha localizado, sin embargo, esta polémica concreta en un amplio contexto macropolítico que convertiría la discrepancia sobre la Gerencia de Urbanismo madrileña en el síntoma de un corrimiento hacia la derecha de la dirección del PSOE. El secretario general del PCE asigna a ese litigio la función de piedra de toque de la "limpieza política" y la "seriedad política" de los socialistas, y lo sitúa dentro de las maniobras de la derecha contra toda la izquierda para desprestigiar la gestión municipal realizada por la alianza entre socialistas y comunistas. No resulta fácil, sin embargo, evitar la impresión de que los problemas internos del PCE pudieran contribuir a desenfocar esta visión de los hechos y la valoración de su importancia y significado. Cabría incluso apuntar la interpretación de que Santiago Carrillo no se siente con fuerzas para decepcionar a sus seguidores, mostrándose renuente a premiar su lealtad con la entrega de una pieza tan importante y codiciada como es la Gerencia de Urbanismo. Por lo demás, la lectura que hace Santiago Carrillo de este conflicto seguramente guarda también relación con el conocido proyecto de los socialistas, hecho una vez más explícito por Felipe González en sus declaraciones del domingo a un diario de Barcelona, de descartar cualquier alianza de gobierno, caso de que ganara las próximas elecciones, con el PCE. Ahora bien, es un secreto a voces que para el PSOE los pactos municipales con el PCE fueron siempre una alianza táctica que se agotaba a nivel local y no llevaba aparejado ningún compromiso de futuro para prolongar esos acuerdos en una coalición gubernamental que permitiera a los comunistas ocupar carteras en el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, la dirección del PCE parece inclinada a interpretar la actitud adoptada por los socialistas a propósito de la Gerencia de Urbanismo madrileña, como un simple pretexto o como una provocación para romper los pactos municipales. Ni qué decir tiene que resulta imposible dilucidar las motivaciones últimas de una decisión de ese tipo, pero parece evidente que, aun en el caso de que el litigio en torno a la Gerencia de Urbanismo fuera también una excusa para propiciar la ruptura, los socialistas habrían elegido un casus belli en el que tienen todas las de ganar ante la opinión pública. Ocurriría entonces que el PSOE, además de conseguir su propósito oculto de poner fin a los pactos municipales, habría mostrado una singular habilidad para endosar al PCE la entera responsabilidad de ese espectacular divorcio, ya que, en última instancia, el pretexto buscado se mantiene en pie por sí mismo y no necesita maquiavélicas hipótesis para ser explicado. Porque carecería de sentido que, faltando catorce meses para las próximas elecciones municipales, el buen trabajo realizado durante los últimos años por la Gerencia de Urbanismo quedara trabado o se fuera al traste por culpa de las vendettas y pequeñas miseria de las luchas intestinas dentro de una organización partidista.