Rumasa devolverá, muy probablemente, los ahorros de Fidecaya en media España

El subsecretario de Economía y Comercio, José Enrique García Roméu, comunicó ayer al de Hacienda, Arturo Romaní, el desinterés de las Cajas de Ahorros Confederadas por hacerse cargo de los restos de Fidecaya, entidad de ahorro particular cerrada por el Gobierno a finales de agosto pasado, según fuentes de la Administración. La inexistencia, en principio, de objeciones al contrato firmado el pasado 24 de diciembre entre Rumasa y la comisión interministerial encargada de liquidar la empresa fue comunicada oficiosamente horas más tarde por los liquidadores al grupo comprador.

No obstante, fuentes de Economía y Comercio no dan por cerrada la operación, ya que en las próximas horas, previas a la autorización definitiva del ministro de Hacienda a esta transacción, podría producirse una reconsideración de su oferta por parte de las cajas o incluso aparecer algún nuevo comprador. "Rumasa tiene el 98% de posibilidades de quedarse con Fidecaya, pero en ningún caso puede darse ya la operación como hecha", añadieron las citadas fuentes.Sin embargo, medios de la comisión liquidadora informaron que, en cuanto Hacienda reciba el informe jurídico sometido a la Dirección General de lo Contencioso sobre dicho contrato, el grupo de Ruiz-Mateos recibirá el encargo de devolver a unos 200.000 ahorradores de Fidecaya los casi 5.700 millones de pesetas de saldo disponible en la cuenta abierta por el Tesoro en el Banco de España. La devolución de los otros 10.000 millones garantizados por el Estado fue cedida en los dos últimos meses a una decena de cajas de ahorros y rurales, a cambio de que se quedaran con los trabajadores de Fidecaya en sus demarcaciones, para lo cual se amplía su capacidad de expansión.

Economía, a la espera

El encargo a Rumasa, que constituye la primera fase del contrato, será efectivo, según los liquidadores, en cuanto Hacienda publique una orden aprobatoria, lo que se espera ocurra en los próximos días (de ahí que Economía y Comercio no dé por cerrada la operación). El titular de Hacienda, Jaime García Añoveros, informó del contrato al Consejo de Ministros de 29 de diciembre, que se dio por enterado.Posteriormente trascendió que el Banco de España y el Ministerio de Economía pusieron reparos a la operación, debido a que Rumasa comprometió en la primera fase al Banco Industrial del Sur, sancionado con suspensión de capacidad de expansión. No obstante, el grupo de Ruiz-Mateos propuso después como alternativa a sus otros diecisiete bancos, aunque ahora tampoco quiere incluir al Atlántico, con lo cual quedan excluidos sus dos mayores bancos (ambos reúnen casi la mitad del medio billón de pesetas de recursos ajenos captados por las dieciocho entidades).

Pese a ello, Economía y Comercio, que debe aprobar las capacidades de expansión adquiridas, previo informe del Banco de España, trató de negociar hasta ayer con la Confederación Española de Cajas de Ahorros una alternativa a Rumasa. Sin embargo, las cajas no se han puesto de acuerdo, como ocurrió hace dos meses con la Caja de Ahorros de Cataluña; las pequeñas no quieren que las grandes salgan fuera de sus regiones más allá de lo que les permite el decreto de regionalización dictado hace dos años (tres o cuatro oficinas).

Al igual que en anteriores casos, los bancos de Rumasa recibirán por cada trabajador de Fidecaya que absorban (faltan 315 del medio millar iniciales) diez millones de pesetas en capacidad de expansión. Esto significa que podrán abrir entre diez y casi trescientas sucursales, pues una oficina en Madrid o Barcelona consume 375 millones y para los pueblos más pequeños basta con diez. Todavía no han sido traspasadas o vendidas la tercera parte de las 300 oficinas que tenía Fidecaya.

La devolución de ahorros garantizados por el Estado se iniciará a través de Rumasa, en los lugares que faltan (Cataluña, Galicia, País Vasco, Cantabria, Valencia y gran parte de las dos Castillas, fundamentalmente), días después de que aparezca la orden de Hacienda. Los liquidadores tienen que pasar al Banco Industrial del Sur los 5.700 millones de pesetas y las listas de cedulistas. A tal efecto, Rumasa tiene ya preparadas las cartas de aviso a los ahorradores y trataría la información recibida mediante ordenadores, con el fin de determinar qué banco se ocupa de ellos en cada zona. Los bancos que absorban trabajadores son los que recibirán mayor capacidad de expansión.

Las citadas fuentes de la comisión liquidadora añadieron que muchos ahorradores prefieren dejar el importe de las devoluciones en las entidades encargadas de la operación. Se estima que, de los 10.000 millones girados hasta ahora, han sido devueltos ya 6.500 millones, de los cuales las ajas de ahorro o rurales han conseguido retener el 90%.

La segunda fase de la operación Rumasa se efectuará a finales de febrero, cuando la auditoria y la revisión contable realizada actualmente a Fidecaya y sus 51 empresas por Arthur Andersen y Richard Ellis permitan rellenar los espacios en blanco dejados en el contrato.

Como ya se informó, a cambio de los bienes de Fidecaya, fundamentalmente solares e inmuebles, Rumasa se compromete a reintegrar al Estado los casi 15.000 millones de pesetas garantizados al medio millón de ahorradores. El plazo oscilará entre diez y veinte años, con cuatro de carencia. Cuanto mayor sea la valoración del patrimonio (actualmente se estima en unos 10.000 millones de pesetas, frente a los casi 17.000 millones reunidos en depósitos por la entidad en verano pasado) más rápido será el pago al Estado.

Rumasa tratará de vender

La introducción del plazo de cadencia y de esta fórmula en el contrato hacen presumir a medios financieros consultados que Rumasa tratará de vender dichos bienes.Destacan en el paquete patrimonial las 51 sociedades (entre ellas una treintena de inmobiliarias y media docena de financieras), 597 pisos en Barcelona, las urbanizaciones valencianas Mas Camarena y Germanías (unas 300 parcelas, algunas valoradas en más de diez millones de pesetas), una finca de medio millar de hectáreas en Aranjuez (Prado Largo) un solar en Benidorm y una estructura con solar en Benalmádena (Residencial Puerto Príncipe).

Existen también en poder de Fidecaya 2.800 millones de pesetas de efectos financieros (créditos hipotecarios y letras de cambio). Estos serán realizados por la comisión liquidadora y Rumasa para saldar algunas deudas y pagar los ahorros no garantizados por el Estado, así como los últimos premios que no había pasado la entidad a los cedulistas agraciados.

Entre las deudas figuran quinientos millones de pesetas que dejó el Banco Exterior de España a Fidecaya, previa petición del Gobierno, en los primeros días de agosto, cuando se registraron retiradas masivas de depósitos debido a las noticias sobre un embargo contra el propietario de la entidad.