Los socialistas consideran que el cumplimiento de los pactos autonómicos está supeditado a la convocatoria de elecciones

Los pactos autonómicos firmados por el Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 31 de julio de 1981 han recibido un fuerte impulso después de las casi seis horas de reunión sobre su cumplimiento, celebradas durante los dos últimos días en el palacio de la Moncloa. Tanto la delegación gubernamental como la socialista valoraron como positivo el encuentro, si bien la impresión final obtenida por los socialistas es que el cumplimiento definitivo de los pactos autonómicos dependerá de si el Gobierno centrista tiene necesidad de establecer "un distanciamiento" con el PSOE como consecuencia de una probable disolución del Parlamento y la inmediata celebración de elecciones anticipadas.

Las fuentes socialistas consultadas por EL PAÍS detectan en el Gabinete Calvo Sotelo un ambiente previo a la disolución de las Cámaras, aunque consideran sinceras las manifestaciones del presidente del Gobierno sobre su deseo de concluir la legislatura. Una de las fuentes citadas afirmó a este respecto que "todos, menos Leopoldo Calvo Sotelo, desean la anticipación de las elecciones". En otros medios del PSOE se afirma que, sean cuales sean las intenciones de los miembros del Gobierno, el panorama de deterioro de Unión de Centro Democrático (UCD), y especialmente del Grupo Parlamentario Centrista en el Congreso de los Diputados, puede convertir en una necesidad objetiva la disolución de las Cámaras, habida cuenta de la soledad gubernamental en el Parlamento durante los próximos meses.Fuentes oficiosas del Grupo Parlamentario Centrista del Congreso consideran inaguantable la situación ante la primera ley que no cuente con el apoyo socialista. Desde esta perspectiva, en otros medios del partido gubernamental se considera que la única opción política coherente, distinta de la convocatoria de elecciones, es el Gobierno de coalición con el PSOE. En este callejón sin salida para el Gobierno encuadran tales medios la ofensiva socialista en torno a los pactos autonómicos, cuyo objetivo final sería demostrar a Calvo Sotelo que sólo una coparticipación en el Ejecutivo de los do grandes partidos puede despejar los problemas parlamentarios y políticos de los próximos meses. Una alta personalidad de UCD recordaba a este periódico las constantes referencias de Felipe González a sus ofertas del pasado año para modificar la composición del Gobierno, y vinculaba la actual situación de los pactos con los comunistas en el Ayuntamiento de Madrid a un mensaje subliminal sobre las posibilidades de un desenganche progresivo de la alianza municipal de la izquierda a cambio de una colaboración gubernamental UCD-PSOE.

Negociación 'dura'

Al término de la cumbre de la Moncloa, los protagonistas socialistas del encuentro con el Gobierno manifestaron su satisfacción por el avance experimenta do en el cumplimiento de los pactos autonómicos. La secretaria de política autonómica del PSOE, María Izquierdo, señaló a EL PAÍS que había sido una negociación "dura, con final positivo". Por parte gubernamental se insistía en que no ha existido incumplimiento y en que algunas de las diferencias sobre la interpretación de los pactos son con secuencia de las diferentes concepciones políticas de UCD y del PSOE. El vicepresidente primero para Asuntos Políticos, Rodolfo Martín Villa, calificó de "muy positiva" la reunión de ayer sobre los acuerdos en materia económico-financiera, en la que, según dijo, "no tiene por qué haber grandes diferencias".

Al encuentro de ayer -en el que no estuvieron presentes Calvo Sotelo ni Felipe González- asistió el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, y el experto socialista en temas económico-fiscales Francisco Fernández Marugán. En relación con los recelos manifestados por María Izquierdo sobre el supuesto trato financiero privilegiado del ministro de Hacienda a la Generalidad de: Cataluña (véase EL PAÍS de ayer), la dirigente socialista manifestó a este periódico que se encontraba contenta porque se habían obtenido seguridades de que "las cosas se van a hacer bien".

La metodología común para la valoración de los costes efectivos de los servicios transferidos a todas las comunidades autónomas -documento clave para el cumplimiento de numerosos acuerdos financieros- será aprobada en la primera quincena de febrero, y hasta tanto no se apruebe quedará en suspenso la elaboración de la ley de participación de Cataluña en los ingresos del Estado para 1982 y la ley del cupo vasco.

El vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, destacó ayer, al abandonar la reunión, que se había conseguido subsanar el incumplimiento de los pactos económico-financieros en algunos puntos concretos; entre ellos, un proyecto de ley regulador de los recargos sobre los tributos del Estado en favor de las comunidades, autónomas, el plan estadístico nacional y el plan de contabilidad nacional, textos todos ellos que el Gobierno debía haber presentado antes del 1 de enero de 1982 y que ahora se ha comprometido a cumplir urgentemente.

En materia político-administrativa, el Gobierno apoya la denominación y simbología introducida por el Grupo Parlamentario Centrista en el Estatuto valenciano, y sólo está dispuesto a modificar los textos que atribuyen competencias a las diputaciones provinciales, en perjuicio de las atribuciones de la Generalidad valenciana.