Calvo Sotelo y Felipe González abrieron ayer en Madrid la 'cumbre' autonómica Gobierno-PSOE

El Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) iniciaron anoche, en el palacio de la Moncloa, la reunión sobre el supuesto incumplimiento de los pactos autonómicos firmados el 31 de julio de 1981. Las respectivas delegaciones estuvieron encabezadas en un principio por los firmantes de los pactos, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Paralelamente a la reunión, el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, desmintió las acusaciones de la socialista María Izquierdo sobre un supuesto trato financiero privilegiado para la Generalidad de Cataluña y discriminatorio para las restantes comunidades.

A requerimiento de EL PAÍS, en relación con el emplazamiento de la secretaria de política autonómica del PSOE para que negara públicamente el empleo de una valoración de los costes de los servicios transferidos a Cataluña privilegiada para la Generalidad, García Añoveros se ratificó en lo ya señalado a este periódico y publicado el domingo último, y añadió que negaba categóricamente que hubiera tenido "un trato discriminatorio con Cataluña".Sobre la existencia de cartas entre el ministro y la Generalidad, dijo que María Izquierdo "puede publicarlas, si quiere, porque a mí no me chantajea nadie con ningún documento de una negociación, en la que yo me he atenido escrupulosamente a la ley, la justicia y la equidad". El ministro de Hacienda descalificó los procedimientos socialistas de denuncia de incumplimiento de los pactos, basados en meras presunciones y sospechas, carentes de fundamento.

El ministro de Hacienda no asistió a la reunión

El ministro de Hacienda no participó ayer en la reunión, aunque no descartaba que lo hiciera cuando pudiera contar con "interlocutores adecuados". Junto al presidente del Gobierno y al líder socialista, que sólo asistieron a la primera parte del encuentro, participaron en la cumbre autonómica, por parte gubernamental, el vicepresidente primero para Asuntos Políticos, Rodolfo Martín Villa; el ministro de Administración Territorial, Rafael Arias Salgado, y el secretario de Estado para las Autonomías, Manuel Broseta, y por parte socialista, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, y la secretaria de política autonómica, María Izquierdo.La reunión de ayer estaba inicialmente fijada para el miércoles pasado. Las disidencias entre el PSOE y el Gobierno sobre el lugar de celebración originaron la suspensión de la misma. Esta situación se desbloqueó cuando posteriormente el dirigente Alfonso Guerra manifestó que su partido aceptaba cualquier lugar para la reunión autonómica, como prueba de que el PSOE situaba por encima de todo prurito, a diferencia del Gobierno, el cumplimiento de los pactos.

Entre los incumplimientos gubernamentales de los pactos autonómicos denunciados por los socialistas, los representantes del PSOE insistieron ayer en las cuatro enmiendas presentadas por el diputado centrista José Luis Meilán al proyecto de ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), a pesar de tratarse de un texto que forma parte de los acuerdos suscritos por el Gobierno y el PSOE. Los negociadores gubernamentales reiteraron que tales enmiendas son de la exclusiva responsabilidad política del diputado que las ha formulado.

Los socialistas consideran que las enmiendas individuales sólo tienen validez si el portavoz del grupo parlamentario las firma, y pidieron que se clarifique la situación sobre tales enmiendas Según la práctica parlamentaria habitual, las enmiendas individuales se tramitan en principio, aunque carezcan de la firma del portavoz, porque se estima que se trata de un defecto subsanable durante el proceso parlamentario. En este caso, el portavoz centrista, Jaime Lamo de Espinosa, aseguró a EL PAÍS que no avalará con su firma las enmiendas de Meilán, por lo que no podrán ser defendidas.

Al término de la reunión mientras los socialistas afirma ron que el Gobierno había reconocido incumplimiento de lo pactos, el ministro de Administración Territorial, Rafael Arias Salgado, negaba tal extremo. Las controversias se habrían centrado en torno al, estatuto de autonomía de Valencia.

Según manifestó María Izquierdo a Efe, el Gobierno había aceptado los planteamientos socialistas respecto al conflictivo punto de las diputaciones y al de las competencias del gobierno de la comunidad.

Oposición catalana a la armonización

Pero el ministro Arias Salgado, por el contrario, aclaró que reconocimiento no había existido, pero sí habían acordado que se tenía que adaptar el estatuto aprobado en comisión a las directrices de los pactos firmados el verano pasado.En principio, no estaba prevista para ayer la concertación entre el Gobierno y el PSOE sobre la LOAPA, uno de los principales frutos de los pactos autonómicos, objeto de serios ataques por parte de las minorías nacionalistas y de los comunistas, y sobre la que los miembros del Gabinete Calvo Sotelo y del primer partido de la oposición han expresado reiteradamente su voluntad de no avenirse a modificaciones sustanciales.

Precisamente ayer, cinco políticos históricos catalanes de distintas ideologías -reunidos en Barcelona para conmemorar su detención en 1971 con motivo de la creación de la asamblea de Cataluña-, coincidieron en valorar la LOAPA, según informa Europa Press, como "una victoria del 23 de febrero". El comunista Josep Solé Barberá señaló que, además, la LOAPA es "el atentado más grave contra las libertades nacionales de Cataluña".

María Vila de Unió Democrática; Joan Vallvé, de Convergencia Democrática; Josep Andreu y Alexander Cirici -estos dos últimos socialistas- señalaron con distintos matices sus recelos hacia la LOAPA.