Alfonso Guerra acepta que el Gobierno fije el lugar del encuentro autonómico con el PSOE

"Ante la actitud irreductible y ridícula del Gobierno, si tiene el prurito de celebrar la reunión sobre el incumplimiento de los pactos autonómicos en un lugar distinto al Parlamento, nosotros anunciamos que aceptaremos cualquier sitio que se fije inmediatamente, sea el despacho del presidente Calvo Sotelo, un ministerio o la oficina del último funcionario", declaró anoche a EL PAIS el vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Por otra parte, los socialistas arreciaron ayer en sus críticas contra el Gobierno, especialmente dirigidas al trato financieramente privilegiado que el ministro de Hacienda está dando, dicen, a la Generalidad de Cataluña.

La secretaria de política autonómica del PSOE, María Izquierdo, insistió ayer, en un almuerzo con periodistas, sobre el cruce de documentos entre el titular de Hacienda, Jaime García Añoveros, y el consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad, Ramón Trías Fargas (veáse EL PAIS del 13 y del 17 de enero de 1982), que valoró como un incumplimiento de los pactos. La denuncia socialista consiste en que a través de tales negociaciones se está eludiendo que se aplique a Cataluña igual procedimiento de cálculo de costes de los servicios transferidos que a las restantes comunidades autónomas.María Izquierdo aseguró que el acuerdo entre García Añoveros y Trías establecía en 126.129 millones de pesetas la valoración del coste efectivo de los servicios transferidos, a pesar de que, en un cálculo inicial, de esos 126.129 millones, 13.648 se computaban como recursos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), y 23.344 millones, como transferencias de los Presupuestos Generales del Estado. El acuerdo entre Hacienda y la Generalidad significaría, pues, un incremento de más de 36.000 millones de pesetas en favor de ésta.

Cartas Trías-García Añoveros

Para ilustrar sus afirmaciones, la dirigente socialista señaló que obraba en su poder una fotocopia de la carta dirigida por García Añoveres a Trías, con fecha 13 de diciembre de 1981 en la que le manifestaba que no era posible englobar en el concepto de costes las tres cantidades citadas, y otra de la enviada por Trías a García Añoveros, con fecha 13 de enero de 1982 (un día después de la entrevista Calvo Sotelo-Felipe González), en la que insistía en su petición y proponía que el texto del preámbulo de la ley de Participación de Cataluña en los ingresos del Estado fuera anodirio y pudiera dar pie a cualquier interpretación sobre la valoración del coste efectivo de los servicios transferidos.La opinión de María Izquierdo es que, después de esta última carta, el criterio del ministro de Hacienda es favorable a la tesis de la Generalidad. EL PAIS le recordó la declaración de García Añoveros que publicó este diario el domingo último, en la que el ministro de Hacienda manifestó que la valoración de los servicios transferidos se estaba efectuando mediante la aplicación de la metodología común proyectada para todas las comunidades y que estará probablemente aprobada el mes próximo. La posición de María Izquierdo es que, en evitación del hecho consumado, "el ministro de Hacienda debe de negar públicamente que se incluirán como coste efectivo los 23.344 millones de pesetas de transferencias presupuestarias y los 13.648 millones del FCI, y garantizar que la metodología de cálculos de costes será igual para todas las comunidades".

En opinión de María Izquierdo, la falta de transparencia de García Añoveros es la clave de que no desee asistir a las conversaciones del Gobierno con el PSOE sobre el incumplimiento de los pactos autonómicos. Para la frustrada reunión del miércoles último, en lugar del ministro de Hacienda estaba prevista la asistencia del director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Jaime Trebolle.