Los militares de la República solicitan justicia

El día 22 de noviembre de 1975, fecha de la coronación del rey don Juan Carlos, éstas fueron, entre otras, sus palabras: "Que nadie tema que su causa sea olvidada"... "Juntos podemos hacerlo todo, si a todos damos su justa oportunidad".El Rey fue aceptado por todos los españoles para lograr la definitiva reconciliación y unión de todos los ciudadanos de la nación. Posteriormente, el Real Decreto-Ley 10/ 1976, de 30 de julio, sobre amnistía, señalaba en su exposición de motivos el verdadero significado de la Corona, a la que se citaba como "símbolo de la voluntad de vivir juntos todos los pueblos e individuos de España". Se hablaba de la necesidad de promover la reconciliación de todos los miembros de la nación, y, en su párrafo segundo, se decía que "al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discnminatorio del pasado, en la plena convivencia fraterna de los españoles". Estas frases fueron ratificadas por su majestad. el Rey.

La Constitución establece un Estado de derecho

En 1978, la Constitución espa ñola estableció un Estado de dere cho, proclamando la voluntad de la nación de garantizar la convivencia democrática dentro del or denamiento jurídico español. Quedaron en esta norma fundamental consagrados los principios de res peto a esta ley, libertad e igualdad de todos los ciudadanos, las garantías jurídicas y los derecho fundamentales de la persona. Su artículo 14 estableció que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer dis criminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sin embargo, este precepto no ha sido hasta ahora del todo cum plido. El Real Decreto-Ley 10/ 1976, de 30 de julio; la ley 40/1977 de 15 de octubre, y las demás normas sobre amnistía, concedieron ésta de forma completa e incondicional a todos los españoles que prestaron sus servicios al Gobierno de la República, pero con una excepción: la del colectivo que me honro presidir.

Somos un conjunto de persona que después del 18 de julio de 1936 fuimos movilizados por el Gobier no en aquel entonces legítimamen te constituido para defender la legalidad que estaba vigente. En el Ejército de la República por méritos o por oposición , obtuvimos empleos de oficial o suboficial, los cuales quedaron refrendados por disposiciones oficiales dictadas por quíen estaba autorizado para promulgarlas. Esta circunstancia cambió el rumbo de nuestras vidas.

Concluida la contienda, fuimos juzgados, procesados y condena dos por delitos que no habíamos cometido: rebelión, auxilio a la rebelión o adhesión a la rebelión. Las penas que nos fueron impuestas oscilaron desde los seis años hasta la pena de muerte. Y todo ello precisamente por ser oficiales o suboficiales del Ejército de la República.

Una discutida identidad de oficiales

Sin embargo, esta condición de oficiales o suboficiales- se nos niega ahora, en el momento de reclamar el derecho a una pensión y los derechos pasivos inherentes a la misma. Y ello en abierta contradicción con la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 10/ 1976, de 30 de julio, que señala que a efectos de aplicación de dicha norma se entenderá como militares a los comprendidos en el artículo 13 del Código de Justicia Militar. En defensa de nuestros legítimos intereses y derechos, en la forma que la Constitución permite, hemos acudido hasta las más altas instancias. Pero, hasta ahora, sólo una cosa hemos logrado: dilación y buenas palabras.

Alguna voz maliciosa ha pretendido darnos a entender que las Fuerzas Armadas nos ponían el veto. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que ello no es cierto, pues sabemos que el Ejército español continúa siendo un semillero de virtudes en el que, a lo largo de la historia, vencedores y vencidos han sabido darse la mano al final de las fratricidas guerras civiles.

Por ello, en nombre de todo el colectivo que me honra con su presidencia, acudo a los organismos competentes en solicitud de justicia y con la esperanza puesta en tres cosas:

Primera: Que no será el tiempo, al cortar, nuestras vidas, quien solucione el problema. Para nosotros, que no para nuestras familias.

Segunda: Que el Estado nacido de la Constitución de 1978 es realmente un Estado social de Derecho, en el que no cabe la discriminación para quien en el pasado no cometió otro delito que defender la legalidad que consideró vigente.

Tercera: Que se haga justicia.