La banca privada y la compañía Telefónica controlan la comisión redactora del Plan Electrónico Nacional
La gran banca y la Compañía Telefónica Nacional de España parecen haber ganado la batalla por el control de la Comisión del Plan Electrónico Nacional, que hoy será presentada oficialmente al presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. La administración, el sector industrial y el mundo académico han quedado relegados a un papel secundario y de acompañamiento. Hombres vinculados a los bancos de Bilbao e Hispanoamericano, y representantes de Telefónica, han copado seis de los doce puestos que integran la comisión. Una de las mayores batallas empresariales que han tenido lugar en nuestro país, y que se ha desarrollado en las últimas semanas, de espaldas a la opinión pública, puede haberse decantado.
Al menos dos ministerios, Industria y Energía y Transportes y Comunicaciones, la Compañía Telefónica Nacional de España (que sin ser ministerio tiene bastante más poder y presupuesto que muchos departamentos), varias multinacionales, la banca y el sector industrial, tanto público (INI) como privado, pugnaron en los últimos días por controlar el mayor número posible de puestos en la comisión redactora del Plan Electrónico Nacional y por desplazar del mismo a sus oponentes. La banca y la Telefónica, cuyos consejos de administración se entrecruzan en algunos nombres, pueden haber logrado -a la vista de los datos que se conocen hasta el momento- una considerable ventaja sobre sus competidores.La electrónica, aceptada por casi todos los políticos, empresarios y economistas como un sector clave para el futuro industrial de nuestro país, cuenta en la actualidad con un mercado de 350.000 millones de pesetas anuales en España. Mercado que se encuentra cautivo de tres grandes consumidores (Compañía Telefónica, Ministerio de Defensa e Instituto Nacional de la Salud), que absorben compras por unos 200.000 millones.
Una pugna que viene de lejos
La importancia de la electrónica ha llevado a muchos Gobiernos, en los distintos países industriales, a elaborar planes específicos para desarrollo de este sector desde hace varias décadas. Junto al fuerte valor añadido que suponen estas producciones sofisticadas, el factor geoestratégico de independencia tecnológica ha pesado en el ánimo de muchos Gobiernos (el ejemplo más notorio fué el plan francés auspiciado por Charles de Gaulle). En España, pese a las continuas alusiones gubernamentales a la importancia de la electrónica y de la informática, se han puestos en marcha distintos proyectos y comisiones en los últimos años, que han quedado siempre colapsados por las pugnas de intereses y que no han llegado a fructificar (Plan Nacional de Informática, Libro Blanco de las Telecomunicaciones, etcétera).La creación de una Dirección General de Electrónica e Informática en el Ministerio de Industria y Energía y la aprobación por el Consejo de Ministros del pasado 30 de octubre de la constitución de una comisión que se encargara de elaborar un Plan Nacional de la Industria Electrónica hizo pensar a los distintos implicados que esta vez el proyecto sí podía ir en serio, y en consecuencia se desató una guerra de intereses e influencias para estar presente en la misma.
No obstante, hasta el último momento se trató de contraponer a la futura comisión el viejo proyecto, congelado y nonato, del Libro Blanco. Un borrador del libro, elaborado fundamentalmente por Antonio Barrera de Irimo y personas próximas a Telefónica, fue filtrado intencionadamente, los días 4 y 5 de diciembre -es decir, trás la remodelación gubernamental que desplazó a José Luis Álvarez del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (del que depende Telefónica) y llevó al mismo a Luis Gamir-.
El papel de Antonio Barrera de Irimo, hombre vinculado a la banca y a la Telefónica, es considerado como "muy relevante" en todo este proceso por medios del sector electrónico. Antonio-Barrera en su época de presidente de Telefónica, en los años 70 y 71, procedió a la creación del holding industrial de la compañía: Telettra, Intelsa y Cables y Comunicaciones. Las distintas multinacionales del sector instaladas en España observan con cierto recelo la posible materialización ("se llame de una forma u otra") de un segundo "plan Barrera".
Sánchez Asiaín, presidente de la Comisión
La Comisión redactora del Plan Nacional de la Industria Electrónica, que será presentada formalmente hoy al presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y a la opinión pública, ha variado constantemente los nombres y filiaciones de sus componentes. Personas como Crisanto Plaza, asesor del Ministerio de Economía y Comercio, han desaparecido de la lista en las últimas semanas, mientras se ha incorporado a la misma incluso a un filósofo, Julián Marías, vinculado a Antonio Barrera de Irimo a través de la fundación Fundes.La citada comisión ha quedado integrada por las siguientes personas: José Angel Sánchez Asiaín, presidente del Banco de Bilbao; Enrique Masó, empresario electrónico y consejero del Banco de Bilbao; Antonio Barrera de Irimo, consejero de Telefónica, del Banco Hispano Americano y de Edica; Diego Martínez Boudes, consejero delegado y director general de Telefónica; Miguel Angel Eced, director general de Correos y Telecomunicaciones; José Vicente Cebrián, director general de Electrónica e Informática del Ministerio de Industria y Energía; Gabriel Ferraté, rector de la Universidad Politécnica de Barcelona; Antonio Rodriguez, director de la di visión de electrónica del INI; Pedro Higuera, director general de Aniel (la patronal del sector); Vicente Ortega Castro, director de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid; Alejandro Nieto, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el citado Julián Marías. Es decir, que de forma directa o indirecta Telefónica y la banca controlan un 50% de la comisión.
En el consejo de administra ción de la Compañía Telefónica Nacional de España figuran, por otra parte, tres representantes de la gran banca en las tres vicepresidencias de la empresa (José María Concejo Álvarez, secretario del Banco de Bilbao: Pablo Garnica y Mansi, presidente del Banco de Desarrollo Económico Español (del grupo de Banesto); y Luis Usera y López Gonzalez, presidente del Banco Hispano Americano y consejero del Banco Urquijo). Y entre los vocales de su consejo de administración figuran también dos consejeros del Banco Hispano Americano (Antonio Barrera de Irimo y Jaime Carvajal y Urquijo); y un hombre ligado a la Confederación Española de Cajas de Ahorro, Manuel Lagares Calvo. En dicho consejo destaca la mínima presencia de representantes del Ministerio de Industria.
En las últimas semanas, al margen de los integrantes reseñados de la comisión redactora del Plan Eléctrónico Nacional, se ha venido reuniendo una minicomisión o permanente que ha proyectado la creación de cinco subcomisiones de trabajo: influencia de la electrónica en la sociedad; influencia de la electrónica en la economía; tecnología, innovación, desarrollo y multinacionales; Administración y sector público; y sector industrial.
La citada minicomisión, según ha trascendido, ha estado integrada por Ignacio Bayón, ministro de Industria y Energía; Enrique Aldama, subsecretario del citado ministerio; Juan Luengo, director general de Tecnología; José Ángel Sánchez Asiaín; Antonio Barrera y Gabriel Ferraté. Esta minicomisión ha estado barajando ya distintos nombres para las futuras subcomisiones de trabajo.
Fuentes del INI, que albergaban esperanzas de que la electrónica fuera una de las palancas principales de su política industrial, se han mostrado escépticas por el futuro del plan electrónico trás conocer la composición de la comisión redactora, a menos que sirviera para definir la política de compras a medio plazo de la Administración. Máxime cuando la demanda del sector está mayoritariamente en manos del Estado. Fuentes industriales del sector privado, cuya inhibición ha propiciado en buena medida la actual situación, critican sin embargo el papel contradictorio del sector público. En este sentido, trás lamentar el escaso número de puestos otorgado al INI en la comisión, recuerdan que el Estado -directamente o vía Patriomonio- percibió en 1981 cerca de 50.000 millones de pesetas de Telefónica.
La ausencia de representantes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Sanidad en la composición de la comisión redactora pone en tela de juicio, para las citadas fuentes, la viabilidad y eficacia del Plan Electrónico Nacional. Para los socialistas, en palabras de Luis Solana, la Telefónica una vez más se resiste a perder su prepotencia en el sector.
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