El Gobierno afirma que quiere cumplir los acuerdos con el PSOE sin enfrentarse con los partidos nacionalistas

El Gobierno ha desmentido, categóricamente que por su parte exista cualquier ánimo de incumplimiento de los pactos autonómicos y ha atribuído las acusaciones socialistas a planteamientos electoralistas de cara a los próximos comicios andaluces. El ministro de Administración Territorial, Rafael Arias-Salgado, afirmó que no existen arreglos financieros entre el Gobierno y Cataluña, según le había asegurado el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, quien así lo ratificó personalmente a EL PAIS

.No obstante, puntualizó que la ley de participación de Cataluña en los ingresos del Estado para 1982 ha de ser una ley pactada, según el Estatuto de Sau, por lo que su departamento está negociando con la Generalidad para "adelantar trabajo".

García Añoveros manifestó que es obligado negociar con la Generalidad, por lo que nadie debe escandalizarse por sus conversaciones con el consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad, Ramón Trías Fargas, como con las que mantiene y habrá de mantener con otros responsables financieros de los diferentes Gobiernos autonómicos. El ministro de Hacienda negó que se haya establecido un acuerdo según el cual los recursos disponibles por parte de la Generalidad ascenderían a más de 126.000 millones de pesetas. García Aftoveros señaló que sólo se han realizado estimaciones y que no habrá cifra definitiva hasta que no se cierren las negociaciones.

La cifra de 126.129 millones de pesetas que figura en el informe socialista sobre los incumplimientos gubernamentales de los pactos autonómicos, se vincula a un supuesto acuerdo entre el ministro de Hacienda y el consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad, y estaría formada por las siguientes partidas: financiación básica del coste efectivo de los servicios transferidos a la Generalidad hasta el 30 de junio de 1981, 89.137 millones de pesetas; transferencias de los capítulos cuarto y séptimo de los Presupuestos Generales del Estado, 23.344 millones, y recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, 13.648 míllones,de pesetass.

La opinión socialista es que tales cifras son razonables y sólo sometidas, según dicen, a los márgenes de error presupuestario. La crítica socialista se centra en el procedimiento utilizado para llegar a tales magnitudes. El informe de la secretaría de política financiera del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), afirma que Convergencia i Unió (CiU) no acepta la metodología común prevista en los pactos autonómicos para la determinación del coste efectivo de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas.

Los socialistas estiman que, CiU trata de buscar, a través de negociaciones directas con el Gobierno y por otros medios, un mecanismo de financiación específica al margen de la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), a la que se intentaría bordear mediante la conexión directa con el Estatuto y el establecimiento de una norma que los socialistas denominan caricaturescamente ley de financiación de la Generalidad de Cataluña, no prevista en la Constitución ni en la LOFCA ni en el propio Estatuto de Sau.

La acusación fundamental de los socialistas en este punto sobre el incumplimiento gubernamental de los pactos autonómicos insiste en la utilización del mecanismo de negociación directa, Gobierno-Generalidad, que deja a un lado la metodología común para el cálculo del coste de los servicios transferidos, prevista en los pactos y pendiente de elaboración y aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda rechazó tales acusaciones cuando afirmó a EL PAIS que en la obligada negociación con la Generalidad, las valoraciones de los costes de los servicios transferidos se están efectuando mediante la aplicación de los criterios de la metodologia común.

La opinión de los socialistas es que el propósito de los pactos autonómicos de lograr que la determinación del coste de los servicios transferidos sea auténticamente homogéneo para todas las comunidades autónomas sólo se logrará cuando la metodología común prevista se encuentre aprobada. Según los cálculos del ministro de Hacienda, podrá estarlo en la primera quincena del próximo febrero. El último borrador elaborado, que consta de cien folios, se ajusta, según el PSOE, al informe García de Enterría y a los acuerdos autonómicos y podría convertirse en norma efectiva en pocas semanas "si hubiera interés en ello". En todo caso, se prevé cierta oposición en la Administración central a la cancelación de los créditos equivalentes del Presupuesto del Estado y a la desaparición de las unidades orgánicas y las plantillas de personal correspondientes.

Otra de las acusaciones socialistas sobre el incumplimiento de los pactos se refiere a la paralización de la negociación con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) sobre la ley del Cupo para el periodo 1982-86, que el PSOE atribuye al deseo gubernamental de no fomentar un nuevo frente de tensión y a la incapacidad de un Gobierno monocolor para enfrentarse con este espinoso tema.

El ministro de Administración Territorial señaló que hasta tanto se alcanza un acuerdo, en los Presupuestos Generales del Estado para el año actual se han asignado 77.000 millones de pesetas al País Vasco, frente a los 120.000 millones solicitados. El ministro de Hacienda destacó, por su parte, la paradoja de las críticas socialistas, "tanto si negocio con los catalanes aplicando la metodología antes de que se haya aprobado como si no negocio con los vascos antes de que la metodología común esté aprobada, en cuyo caso me acusan de paralizar la ley del cupo".

El Gobierno entiende que las críticas socialistas carecen en general de fundamento y tienen un alcance esencialmente electoral, como preparación a los próximos comicios al, Parlamento andaluz, mediante la presentación de una UCD cuyo Gobierno dilapida los caudales del Estado con un trato de privilegio para las comunidades autónomas controladas por los nacionalistas. El Ministerio de Administración Territorial prepara un estudio sobre las inversiones realizadas en Andalucía, que según una estimación previa ofrece "cifras impresionantes".

Nadie acepta haber incumplido los pactos

Las conversaciones que se inician el miércoles entre los representantes gubernamentales y socialistas pueden ser útiles para el esclarecimiento definitivo del grado de cumplimiento de los pactos autonómicos. Por el momento, unos y otros niegan cualquier clase de incumplimiento, tanto por lo que se refiere a los acuerdos político-administrativos como a los económico-financieros.

A la vista del documento gubernamental, fuentes socialistas han señalado que no puede considerarse cumplido, por ejemplo, como hace el Gobierno, el acuerdo sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, ya que, según consta al PSOE, Contará con fuertes resistencias en el Senado, no sólo por los grupos nacionalistas, sino también por parte de algunos senadores centristas. El portavoz de UCD en la Cámara alta, Luis Miguel Enciso, señaló a este respecto a EL PAIS que "no va a llegar la sangre al río, ya que, aunque existen algunas diferencias con el proyecto, estamos por los pactos autonómicos y trataremos de contribuir a que se cumplan".

En cuanto a la ley reguladora de la cesión de tributos a las comunidades autónomas, el Gobierno afirma que ha sido rernitido a las Cortes el proyecto de ley, que "se inspira" en la ley que regula la cesión de tributos a la Generalidad. Los socialistas entienden que este es un caso apropiado para equiparar "por arriba" a todas las autonomías, y en consecuencia piden que la futura ley sea "idéntica" a la catalana, en cumplimiento de la igualdad proclamada en los pactos.

Al ser preguntado por EL PAIS sobre este extremo, el ministro de Hacienda aseguró que la ley g9neral será "igual" a la específica para Cataluña, "menos,en lo relativo a la recaudación", que en esta se establece en favor de la Generalidad, mientras que en la ley general se atribuirá a las diputaciones. "El único alcance de esta norma es la tenencia de fondos disponibles", señaló García Añoveros.