Un 20% de los españoles necesita asistencia psiquiátrica en algún momento de su vida

El pasado día 30 de diciembre fueron aprobados por la Diputación Provincial de Madrid los presupuestos del Instituto Provincial de la Salud Mental. Dichos presupuestos para 1982 sobrepasan los 2.600millones de pesetas, y su programa de objetivos pretende abordar la problemática de la salud mental, con proyección nacional, ante la carencia de un organismo que a nivel estatal tenga competencia y responsabilidad en la asistencia psiquiátrica y de los problemas de salud mental de la población española. Entre un 15% y un 25% de la población necesita asistencia psiquiátrica.

El síndrome tóxico ha puesto de relieve la deficiente estructura española en el campo de la asistencia psiquiátrica, y mucho más en cuanto a la promoción de la salud mental. Sin embargo, no era necesaria la irrupción de un fenómeno de las características del síndrome tóxico para poder valorar la situación de (a colectividad española en materia de salud mental.La deficiente estructura psiquiátrica contrasta con las necesidades reales de cuidados de salud mental de la comunidad. Los niveles establecidos sobre morbilidad en este campo son elevados -entre un 15% y un 25%- y suelen ir acompañados de minusvalía psicosocial, transitoria o permanente, que incluso puede estar acentuada por tratamientos inadecuados o por cl internamiento psiquiátrico de larga duración.

Según estimaciones consideradas como restrictivas, se calcula entre un I % y un 2% de enfermos mentales graves y un 10%, aproximadamente, de la población que, en un momento dado, necesita de algún tipo de cuidados psiquiátricos.

Ante estas demandas, la asistencia psiquiátrica pública está basada casi exclusivamente sobre hospitales psiquiátricos desfasados con la realidad de la sociedad actual española y respecto a los conocimientos modernos en materia de salud mental.

Por otra parte, los escasos recursos de asistencia ex extrahospitalaria existentes -consultas de neuropsiquiatría de los ambulatorios del Insalud, consultas dependientes de algunos hospitales universitarios y generales y centros de salud mental de la Administración Institucional de la sanidad Nacional (AISN) y de algunos ayuntamientos- son insuficientes, actúan sin coordinación y carecen de responsabilidad real sobre la salud de la población en un sentido global.

No existe ningún organismo a nivel estatal con competencia y responsabilidad sobre este campo. Se remonta a 1955 un intento dirigido a corregir esta carencia, que pasó sin operatividad. En ese año, las funciones de dirección, coordinación y orientación en materia de salud mental debieran haber sido asumidas, según ley de 14 de abril, por el antiguo Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, que no llegó a hacerlo, y tales funciones no fueron posteriormente desarrolladas por ningún otro órgano de la Administración, al desaparecer el citado Patronato por decreto-ley de 29 de diciembre de 1972.

Decretos de hace cincuenta años

El anacronismo de la situación actual se observa en el hecho de

que la hospitalización psiquiátrica continúa estando regulada por decreto de 3 de julio de 1931. Los expertos en esta materia consideran progresista dicho decreto en su tiempo y en relación ala legislación anterior, de 1885. Pero su proyección al día de hoy sigue planteando afeando la asistencia psiquiátrica desde la separación del enfermo de: su medio social, criterio que choca radicalmente con el estado actual de los conocimientos psiquiátricos.

En este estado de carencias y anacronismos, son las diputaciones provinciales quienes únicamente tienen la obligación de poseer y sostener-o, en último término, concertar con la empresa privadaun centro de internamiento psiquiátrico. Y esta aportación se inscribe en unos criterios benéfico-asistenciales, según contempla la legislación de régimen local de 1945 y 1955.

La falta de dispositivo asistencial suficiente y coherente con la sociedad moderna a nivel nacional corre paralela al desconocimiento por parte de la Administración de cuál es la situación real del país en materia de salud mental.

La situación en Madrid no es cualitativamente distinta a la del resto de España. Sin embarga, yen base a los trabajos ya realizados por el Instituto Provincial de Salud Mental, puede conocerse una base de datos.

De estos estudios se desprende

que Madrid capital posee un mayor número de dispositivos que otras zonas del país. Sin embargo, en razón del número de población a asistir, la relación oferta asistencial-demanda no es mejor que en otros lugares.

El panorama general se resume en el hecho de que no existe urna zonificación sanitaria y los dispositivos de asistencia psiquiátrica funcionan inconexos y sin responsabilidad asistencial alguna en zonas definidas de población, además de no estar integrados en el sistema sanitario general.

El proyecto madrileño

El Instituto Provincial de la Salud Mental fue creado por la Diputación madrileña el pasado mes de junio para asumir la gestión directa del Hospital Psiquiátrico Provincial, la planificación de fa asistencia psiquiátrica provincial y coordinación de la actividad del Estado y de otros entes dentro del sector sanitario en esta materia.

Unas primeras estadísticas señalan que en la población de Madrid y su provincia, de 4.659.478 habitantes, la tasa total de trastornos psiquiátricos es del 20%, que arroja un número de personas afectadas de 931.895. Entre éstas, 540.000 (un 11,6%) necesitan tratamiento psiquiátrico y 75.000 (entre un 1,5 %•y un 2%) son casos graves. Al año se

producen 90.000 casos nuevos, distribuidos en las siguientes edades: 2.000 niños menores de nueve años, 6.000 adolescentes, 14.000 entre veinte y veintinueve años, 36.000 entre treinta y cincuenta años, 12.000 entre cincuenta y sesenta años y 17.000 de más de sesenta años.

El presupuesto de la Diputación para el IPSM en 1982, de 2.628.368.024 pesetas, supone un incremento del 25,2% sobre el del año 1981. Dicho presupuesto deberá ser gastado en cuatro programas: de gestión y planificación de la salud mental provincial, en el Hospital Psiquiátrico Provincial, en la asistencia psiquiátrica concertada y en la creación de un servicio de intervención en crisis.

La planificación general partirá de un estudio sociodemográfico de la población en relación con una propuesta de zonificación sanitaria, de donde se podrán derivar los diseños de los diferentes modelos de respuesta asistencial adecuados a las características de Madrid.

Auditoria en el Hospital Psiquiátrico

Independientemente de este plan, en el Hospital Psiquiátrico Provincial se realizará una auditoría financiero-administrativa y un estudio técnico de sus condiciones y rendimientos asistenciales. Paralelamente se pondrán en práctica varias acciones especiales sobre este hospital, cuyo objetivo es reformar progresivamente su estructura, adecuándola a los fines generales del plan provincial de salud mental.

El deterioro en que actualmente se encuentra el Hospital Psiquiátrico Provincial, consecuencia de la gestión realizada por las anteriores corporaciones de la Diputación Provincial, según los responsables del IPSM, exige una actuación a fondo. El hecho de que en la actualidad haya pasado a ser autónomo respecto del Hospital Provincial le confiere una posibilidad de mejorar su servicio, según estas fuentes informativas. En la gestión administrativa de años anteriores, los presupuestos globalizados para ambos hospitales produjeron una merma de presupuestos para el Psiquiátrico, en beneficio del Provincial Francisco Franco.

La racionalización del gasto y la clarificación de la gestión administrativa pretenden ser implantadas igualmente en el sector de la asistencia psiquiátrica concertada por la Diputación con centros de dentro y fuera de Madrid para cubrir esta asistencia. Estos centros suman un número de 2.527 plazas, repartidas por toda España. Su utilización o su infrautilización se ha venido produciendo de forma irracional, sin atender a criterios coordinados de la asistencia, señalan en el IPSM.

En este sentido, la política del IPSM pretende mantener dichos conciertos, pero dentro de un plan de actuación á desarrollar en los próximos años. En los nuevos contratos se incluirá el derecho del Instituto a recabar cuanta información clínica y administrativa estime oportuna, así como el derecho de inspección.