El Parlamento vasco urge a las Cortes una recomendación al Gobierno para que convoque un referéndum sobre Lemóniz

Con el apoyo del PNV, partido socialista, Euskadiko Ezkerra y partido comunista, el Parlamento vasco acordó solicitar del Congreso de los Diputados, utilizando el cauce establecido en el artículo 77 de la Constitución, la aprobación de una resolución mediante la que se recomiende al presidente Leopoldo Calvo Sotelo la celebración de un referéndum consultivo previo a la puesta en marcha de la central nuclear de Lemóniz. El consenso se logró a última hora de la sesión de ayer, después de que el PNV -que en un principio había pedido el pronunciamiento sobre el referéndum exclusivamente al presidente del Gobierno Español- solicitara un receso en el debate para intentar llegar a un acuerdo.

En su segundo párrafo, la enmienda de resolución aprobada por mayoría absoluta, dice que el Parlamento vasco entiende la utilidad de que "los grupos o partidos políticos con representación en este Parlamento y en el Congreso de los Diputados ejerciten y apoyen iniciativas parlamentarias en las Cortes Generales conducentes a hacer viable el referéndum".Al iniciarse el debate, el consejero de Industria y Energía del Gobierno vasco, Javier García Egotxeaga, recordó en su intervención que la voluntad del Gobierno autónomo en la consulta popular no era una postura política recién acordada por el Ejecutivo, y realizó una fugaz trayectoria desde que el Gabinete expusiera por primera vez su intención de someter la puesta en marcha de Lemóniz a referéndum.

Después de recordar que, no solo Leopoldo Calvo Sotelo, sino también su antecesor Adolfo Suárez, ya se habían pronunciado en contra del referéndum, el consejero de Industria y Energía señaló: "Hay temores del Gobierno español. Sobre todo la dificultad reside en que la consulta sobre Lemóniz sentaría un precedente en otras centrales nucleares y la técnica de las consultas, al parecer, no se practica en países importantes en energía nuclear".

Como si de aplacar ánimos en aquellos sectores que están en desacuerdo con el referéndum se tratara, Javier García Egotxeaga -que descartaba totalmente que la fórmula de la consulta fuera Lemóniz sí o no- explicaba a la Cámara que un referéndum popular sobre una central nuclear, como había ocurrido en Suecia, se podía realizar en torno a varios aspectos de la central. Para añadir un ingrediente más de tranquilidad a su exposición sobre la necesidad del referéndum, el representante del Gobierno vasco precisó que la mayoría de las consultas en Estados Unidos había supuesto derrotas antinucleares.

Después de enumerar los elementos positivos que, en opinión del Gobierno vasco, supone la realización de la consulta -"permite valorar en público los efectos positivos y negativos de la central, sirve como elemento para explicitar la confianza de nuestros ciudadanos, y es útil como guía política"- el consejero de Industria y Energía dijo que no entendía la extrañeza de algunos sectores ante la petición del Gobierno vasco al Gobierno central de un pronunciamiento público ante la consulta, ya que la mencionada petición no significaba otra cosa que la culminación formal de un planteamiento formulado ya en 1977: "Siguiendo su trayectoria, el Gobierno vasco debe ultimar sus gestiones, planteando su solicitud formal a las autoridades competentes, en este caso el Gobierno del Estado. Esto no significa un traslado del problema a Madrid, ya que las autoridades del Estado son las únicas que tienen la facultad de convocar referéndum.

Si bien es cierto que la Cámara ha aprobado por mayoría absoluta aspectos importantes de las condiciones de ubicación de, la central nuclear de Lemóniz, dos temas relacionados con la seguridad han quedado en el tintero: la auditoría sobre las condiciones de construcción de la obra, que tardará más de medio año en finalizar sus conclusiones y un plan de emergencia que aún no ha comenzado a elaborarse.

PSOE: la seguridad antes que el referéndum

En estos temas se apoyaban los socialistas vascos para señalar, después de matizar que ellos no están en contra de la utilización de la energía nuclear, que primero era preciso acelerar los trabajos de las dos lagunas que ofrece el dictamen aprobado y, en una segunda fase, después de que las garantías de seguridad de la central fuesen aprobadas por la Cámara, el Gobierno debería someter al Parlamento una propuesta concreta de control público sobre la central, a la vez que instará de las autoridades competentes, con el respaldo de la Cámara, la convocatoria de una consulta popular.

Tanto Euskadiko Ezkerra como el PCE insistieron en la necesidad de no poner en la misma balanza de negociación el referéndum y el control público, porque, en opinión de ambas fuerzas políticas, los dos planteamientos no son alternativos, sino, quizás, complementarios en distintas fases. En este sentido, el representante del partido comunista, Juan Infante, señaló: "Sin referéndum no puede abrirse Lemóniz. Solo en el caso en que el pueblo se pronuncie a favor cabría la posibilidad de pensar en un control". El portavoz de Euskadiko Ezkerra en todo momento resaltó la figura del lendakari como principal defensor de la consulta popular.

En relación al control público, el representante del Gobierno vasco no fue muy explícito en sus explicaciones acerca del actual estado de las conversaciones entre los dos Gobiernos, a las que incluso quitó importancia, diciendo que se había.n producido contactos "pero ningún planteamiento formal".

Los grupos de la derecha vasca, UCD y AP, se mostraban ayer sistematicamente en contra de la celebración de una consulta popular, esgrimiento argumentos relacionados con el fenómeno del agravio comparativo, que podía suscitarse en otras regiones y nacionalidades con problemas de funcionamiento de centrales nucleares similares a la de Lemóniz. Por su parte, el portavoz de UCD se esforzó en desgajar el concepto de control del de gestión. Para el representante de los centristas vascos, el control no debía ser económico, sino sobre la auditoría y el plan de emergencia exclusivamente.

Aunque Euskadiko Ezkerra y el PCE se mostraban favorables a la celebración de la consulta popular, y el partido socialista no se oponía si previamente se resolvían las cuestiones de seguridad pendientes en la central nuclear, la presentación del texto de resolución del PNV provocó, a media tarde de ayer, el perfil de un panorama gris en lo que a consensos se refería, hasta el punto de solicitar la interrupción de la sesión plenaria por espacio de quince minutos a fin de llegar a un acuerdo parlamentario, ya que, de lo contrario, el partido mayoritario del Gobierno vasco se iba a quedar solo en la aprobación de sus resoluciones.