"El número de causas con preso sigue aumentando", declara el fiscal Martínez Zato

«Jueces, fiscales y abogados, cada parte dentro del ámbito de responsabilidad que le compete, debemos hacer un esfuerzo para agilizar los procesos y evitar con ello la permanencia prolongada de presos preventivos en las cárceles. Pero el Gobierno tiene, también su parte de responsabilidad, y si no se refuerzan los medios puestos a disposición de la Administración de justicia se producirá inevitablemente el colapso, ya que actualmente el número de causas con preso sigue aumentando», ha declarado a EL PAÍS el fiscal Juan José Martínez Zato.

Designado hace ahora mes y medio por la Fiscalía General del Estado para impulsar la agilización de las causas con presos en el territorio judicial de Madrid, Martínez Zato ha hecho una especie de balance de su gestión. En primer lugar, el fiscal ha enviado a las distintas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid escritos urgiendo la celebración de los juicios orales relativos a las causas que se tramitan. Por otra parte, el ministerio fiscal está dispuesto a evitar la revocación de los sumarios cuando éstos ya estén conclusos, lo que le obligará a velar con más diligencia para que su instrucción sea correcta mientras todavía está abierto. Sin embargo, el problema planteado por las frecuentes suspensiones de los juicios, que retrasa enormemente la conclusión de las causas, no tiene fácil solución, ya que dichas suspensiones obedecen a diversos motivos de dificil control. En la última semana se produjeron en la Audiencia Provincial de Madrid más de treinta suspensiones de juicios.El fiscal Martínez Zato ha recabado información estadística sobre la situación penal de la población reclusa del territorio judicial de Madrid y la ha transmitido a la Fiscalía General del Estado. Según dicha información, en el centro de hombres de la prisión provincial de Carabanchel había, al 26 de noviembre pasado, 260 presos preventivos que llevan sin juzgar entre tres y seis meses; 233, entre uno y dos años; ochenta, entre dos y tres años, y diez, más de tres años. En el centro de jóvenes de la misma prisión, doscientos reclusos llevan ya en ella más de tres meses pendientes de juicio.

La actividad fundamental del fiscal Martínez Zato desde que fue designado, en representación del ministerio fiscal, para la tarea de activar la tramitación de los procesos ha sido la de visitar las cárceles y hablar con los presos. «Entre ellos y yo no hay barrotes por medio. Les recibo en un despacho y procuro que el contacto se mantenga en un tono lo más libre posible. La verdad es que cuando me dicen que no hay derecho a tanto retraso en la tramitación de sus causas no sé qué decirles», declara con evidente sinceridad el fiscal. Un tema que le preocupa a Martínez Zato es la aparente negativa de los reclusos a hablar de su situación en las cárceles. «Cuando les planteo esta cuestión», dice el fiscal, «el silencio es total. No sé si ello se debe a que todavía no confían en mí y en la misión que me han encomendado o a que tienen miedo. Sin embargo, deben saber que mi objetivo es velar por las garantías y derechos de los presos, y para ello debo estar informado de su situación en la prisión».

Las quejas recibidas de los presos sobre su situación penal son transmitidas a los fiscales para que las tengan en cuenta, o a otras instancias, concretamente al Colegio de Abogados de Madrid, cuando se trata de la falta de contacto del abogado defensor con el recluso.