Los editores, ante la propiedad intelectual

Ante la carta aparecida en este periódico relativa a los derechos de los escritores, firmada por la comisión ejecutiva permanente de la ACE, deseo precisar los siguientes puntos:

1. Los editores cumplen una función cultural al difundir no sólo las obras de literatura, que hoy día suponen el 23% de los libros editados en nuestro país, sino también libros científicos y técnicos de popularización de temas especializados, etcétera, siendo los editores quienes más han contribuido a la presencia del libro y la cultura españoles en el exterior. Los editores españoles, que en su mayoría tienen una dimensión media y pequeña, han difundido en los últimos años más de 20.000 obras anuales, tanto de autores españoles como extranjeros, siendo, en general, las relaciones entre autor y editor excelentes. Prueba de ello es que la mayor parte de los autores de América Latina están editando en España.

Afirmaciones tales como la de que el escritor hoy día se ve obligado a firmar contratos leoninos son demasiado graves para hacerlas en forma generalizada. Si existen contratos leoninos, éstos deben denunciarse con nombres y apellidos, pero no inculpar a todo el colectivo. Los firmantes de la carta se han remontado en el tiempo a Pérez Galdós, pero no se han referido, sin embargo, a su propia situación como escritores.

2. Los editores son los primeros interesados en que exista una ley de Propiedad Intelectual moderna, que defienda los derechos de los titulares de la propiedad intelectual, que tenga en cuenta la realidad sociocultural de la España de hoy, que no olvide la situación que ocupa España en relación a América Latina y que defienda también el derecho del ciudadano a tener acceso a la cultura.

La propiedad intelectual constituye la base de la actividad editorial y los editores vienen luchando desde hace tiempo para eliminar los delitos contrarios a la misma y erradicar la piratería.

3. Hoy, todo ciudadano puede ser editor. Hay muchos autores que editan sus propias obras. Existe libertad para ser editor y libertad de precio y de mercado. Cualquiera, incluso la ACE, puede editar obras que han pasado al dominio público. Por ello, que la ACE exija la implantación de un canon para las obras de Cervantes, Lope de Vega, etcétera, es, en definitiva, pedir la creación de un impuesto a la lectura y a los lectores sobre el disfrute del patrimonio cultural y científico común a todos los españoles. Por otro lado, resulta que tal tasa o impuesto no se contempla en ninguna legislación europea de propiedad intelectual, a excepción de la italiana, promulgada en 1941, en pleno régimen corporativista.

4. Afirmar que cuando un editor (y hay que insistir en que cualquiera puede serlo) publica una obra de dominio público se convierte en heredero único de la misma, cuando ello no es cierto; o decir que España supera a Francia por número de títulos editados, pero olvidarse que en Francia se publica prácticamente el doble de ejemplares que en nuestro país; o hablar de papel premiado, cuando los editores españoles pagan, debido a barreras arancelarias, el papel más caro de Europa; o afirmar que existe colonización cultural y hablar de productos residuales de otras culturas, cuando el 80% de los libros editados en España lo son de autores españoles o de habla hispana, es de todo punto injusto y, lo que es más grave, es pretender confundir a la opinión pública mediante argumentos inexactos.

Los editores son los primeros defensores de la propiedad intelectual y del derecho de autor. Todos precisamos una nueva ley: autores, editores y lectores, la cual, además de reglamentar un aspecto muy concreto de la realidad, debe servir para la promoción de la creación y de la difusión cultural, es decir, debe servir a los intereses generales de toda la sociedad./

secretario general de la Federación de Gremios de Editores de España.