Cada vez es mas grave el vacío legal de la universidad, según el rector ovetense López Cuesta

Cada vez es más grave el vacío legal existente en las universidades españolas por los sucesivos retrasos en la aprobación de la ley de Autonomía Universitaria, en opinión de Teodoro López Cuesta, rector de la Universidad de Oviedo. La necesidad de una normativa reguladora de la constitución de los claustros, del perfeccionamiento del sistema de acceso a los cuerpos docentes, de la autonomía económica y del acceso a los órganos de gobierno existe una respuesta urgente, según el profesor López Cuesta, único candidato a las elecciones a rector de la Universidad de Oviedo, que han sido suspendidas por la Audiencia Territorial de Asturias, precisamente por esa situación de vacío legal.

López Cuesta se negó a emitir cualquier juicio sobre el proceso electoral asturiano dada su condición de candidato, pero EL PAIS pudo saber por otras fuentes que en la asamblea de catedráticos y agregados que acordó impugnar las normas electorales, similares a las previstas en la LAU, solamente estaban presentes once de sus 95 miembros. El recurso contra las citadas normas supone un ataque directo contra la LAU en su conjunto, y en concreto contra la supuesta infrarrepresentación de los profesores numerarios, asegura un catedrático progresista. «Algunos no acudimos a la asamblea porque está manejada por dos señores de derechas».Las normas elaboradas para las elecciones de Oviedo han sido aplicadas ya en las demás universidades españolas y han sido expresamente recomendadas por el Ministerio de Educación. La Audiencia Territorial suspendió el proceso electoral mientras se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad de esas normas.

Teodoro López Cuesta expresó a EL PAIS su deseo de evitar cualquier enfrentamiento entre profesores de la Universidad de Oviedo. "He procurado por todos los medios que este problema no trascendiera, porque temo la aparición de batallas que luego dejan heridas muy difíciles de curar. Para mí, la pacificación de la universidad es un objetivo fundamental, y si no lo consigo me voy para casa».

En la inauguración de este curso el rector de Oviedo ni siquiera pronunció el tradicional discurso, para que nadie pudiera ver en su contenido un mensaje electoralista. Para López Cuesta, la LAU tiene de todo: luces y sombras. «Se habla», dice, «de autonomía universitaria y se crea un consejo extraacadémico de control al que no le veo sentido». Pero insiste en la urgente necesidad de dotar a las universidades de una legislación que regule los nuevos cuerpos docentes, que clarifique el futuro del profesorado no numerario y que adopte criterios exclusivamente académicos en la contratación del profesorado. También considera imprescindible planificar racionalmente las dotaciones a las universidades para acabar con los favoritismos y las discriminaciones actuales.

Impugnación en Madrid

La inquietud del rector de la Universidad de Oviedo ante esta prolongada situación de vacío legal es compartida por otras autoridades -universitarias consultadas por EL PAIS. Inquietud acrecentada por el relevo que acaba de producirse en la dirección del Ministerio de Educación y Ciencia, ya que se piensa que este hecho puede prolongar indefinidamente esta situación.

La junta de gobierno de la Universidad Complutense estudia en estos momentos la impugnación hecha por un grupo de catedráticos de la facultad de Filología contra las normas electorales para la designación de decano.

La impugnación se basa en la vigencia de la ley General de Educación de 1970 o en los estatutos provisionales de la propia Universidad Complutense en lo relativo a la composición del claustro electoral y a la condición académica de los aspirantes al cargo de decano.

Las normas electorales dictadas por el rectorado de la Complutense se basan en las previsiones de la futura ley de Autonomía Universitaria y han servido ya para procesos electorales similares en las facultades de Químicas, Económicas, Matemáticas, Geológicas, Derecho, Geografía e Historia y Ciencias de la Información. En ninguno de estos casos se han producido impugnaciones a dichas normas, según han puesto de relieve portavoces del rectorado.