El Gobierno y la oposición

LA CONFERENCIA de Prensa de Felipe González -ayer a mediodía-, que parecía proyectada para las vísperas de la crisis, perdió su inicial significado cuando el presidente del Gobierno anticipó -y aún desconocemos por qué- el reajuste ministerial. De esta forma, los posibles efectos de la oferta socialista, previa al cierre de la crisis, se han diluido en la resaca de este reacomodo de carteras, que -dicho sea de paso- deja las cosas en la misma situación en la que estaban, razón por la cual en realidad las deja peor. Pues ¿qué añadir todavía a nuestra opinión de ayer sobre este aburrido y desconcertante equipo gubernamental? Si la entrada de Soledad Becerril confirma el gusto de Leopoldo Calvo Sotelo por los gestos para la galería y el deteriorado papel asignado tradicionalmente por UCD al Ministerio de Cultura, el regreso sin gloria de Rafael Arias-Salgado cumple la función de implicar en la combinación a un destacado suarista, la incorporación de Rodríguez Miranda y la repesca de Gámir satisfacen los deseos de contar con sedicentes sociab demócratas como falsos testigos de un hipotético progresismo, y el fichaje de Manuel Núñez da una mínima gratificación a los martinvillistas. Mucho más significativa, sin embargo, podría resultar políticamente la entrada en el Gobierno de Federico Mayor, en el caso de confirmarse que la dimisión de Juan Antonio Ortega como ministro de Educación ha tenido como motivo su decisión de mantener el proyecto de la LAU y los pactos con el PSOE sobre su contenido.Este segundo Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo pone de relieve el limitado número de operaciones combinatorias significativas que pueden realizarse con los elementos de UCD. Y lo que podía resultar aceptable en tiempos de normalidad, pese a las insuficiencias de la cantera centrista para enfrentarse con problemas políticos, sociales y económicos dentro del funcionamiento regular de las instituciones democráticas, se transforma en altamente peligroso y seriamente preocupante cuando lo que en realidad anda en juego es la supervivencia del régimen constitucional.

Cuando un partido gana unas elecciones, su victoria le da derecho para legislar y para gobernar sin otras restricciones que el respeto al marco constitucional. Sus errores y sus fracasos entran en los costes del ejercicio del poder y suelen ser pagados en las siguientes elecciones. La paulatina extinción de UCD, producida por su carencia de una política de Estado y por las encarnizadas pugnas entre sus fracciones, sólo podría ser objeto de una descripción, y no de una condena, si los platos rotos por los estropicios centristas únicamente tuvieran que abonarlos el Gobierno y su partido en la próxima convocatoria ante las urnas. Desgraciadamente, la impotencia altisonante y la débil voluntad del Gobierno, enfrentado con la conspiración contra la Monarquía parlamentaría, no conducen tanto a una derrota electoral del centrismo como al progresivo desmantelamiento del sistema democrático y del tejido social de apoyo a las libertades en nuestro país.

Este Gobierno, pese a los retoques de diseño exterior, continúa siendo el viejo modelo de febrero de 1981, que ha demostrado a lo largo de estos meses su falta de capacidad para frenar la ofensiva involucionista. Al anterior no le faltaron inicialmente los apoyos de la oposición parlamentaria, especialmente abundantes y generosos por parte del PSOE, ni el respaldo de la opinión pública. Sin embargo, Calvo Sotelo no ha utilizado esas ayudas para poner a salvoel edificio constitucional y desactivar el golpismo, sino para erigir un monumento a su propia inevitabilidad, conquistar la presidencia de UCD, apoderarse del control de Televisión Española, lavarse las manos en el asunto de la colza, forzar la decisión sobre la OTAN y situarse en una posición peligrosamente cada vez más equidistante entre la ultraderecha y la oposición parlamentaria. Resulta lógico, en consecuencia, que el reciente reajuste ministerial deba ser juzgado exclusivamente en función de lag tareas que este remodelado Gobierno realice para asegurar que la amenaza del golpisino desaparezca y que los españoles sigamos eligiendo, cada cuatro años, a nuestros representantes en las Cortes Generales y a nuestros gobernantes.

En esta perspectiva, la conferencia de Prensa de Felipe González ha servido para comprobar que el secretario general del PSOE es consciente del precioso tiempo desperdiciado desde febrero de 1981 hasta la fecha. La sugerencia de Felipe González de que resulta preciso cambiar la fórmula de gobierno para conseguir un poder ejecutivo respaldado por una amplia mayoría parlamentaria y animado por la voluntad política de afianzar el sistema constitucional es una idea que estamos seguros refleja el sentir y los deseos de una gran mayoría de los ciudadanos, independientemente de sus opciones ideológicas o electorales. Porque hay que levantar cuanto antes esa hipoteca permanente que es la amenaza golpista para poder encarar los demás problemas de la sociedad española. Y ese obsesivo condicionamiento, como ha señalado, con razón, Felipe González, sólo puede eliminarse mediante la resuelta decisión del Gobierno de desmontar las tramas civiles del golpísmo y acabar con la intoxícación y el reclutamiento ultraderechistas dentro de las Fuerzas Armadas. Si el Gobierno de ahora es capaz de hacerlo, bien venido sea. Quede, no obstante, aunque sólo sea para la historia, la constancia de que únicamente el Gobierno piensa así. Y no es justo que paguemos los ciudadanos todos los errores y las miserias de un partido en declive y unos políticos en liquidación.