Arrestado el capitán de la Policía Militar de La Coruña que ordenó ilegalmente cargar contra una manifestación autorizada

El capitán Lorenzo Fernández Navarro de los Paños y Alvarez de Miranda, que el domingo ordenó cargar a dos secciones de su unidad de Policía Militar contra una manifestación autorizada, en oposición al ingreso en la OTAN, que se desarrollaba pacíficamente en la plaza de María Pita, de La Coruña, fue trasladado ayer arrestado a la fortaleza ferrolana de la Palma, por orden del gobernador militar de la provincia, general Alvarez de Toledo, quien estimó que el oficial se había excedido en sus atribuciones reglamentarias. Miembros de la compañía mandada por el capitán Fernández Navarro -un oficial de 34 años de edad que cubrió anteriormente destino en una compañía de operaciones especiales (COES)- habían protagonizado en los últimos meses diversos incidentes, aunque ninguno de la gravedad del que se produjo el domingo, al intervenir en conflictos teóricamente relacionados con la esfera de competencias de las Fuerzas de Orden Público.

Fernández Navarro ha sido identificado como el hombre que, vestido con ropas civiles, dirigió pistola en mano la acción de unos veinte soldados de la Policía Militar que detuvieron a siete de los participantes en la manifestación contra el ingreso de España en la OTAN, convocada por el Bloque Nacional Popular Gallego y otras fuerzas nacionalistas y de izquierda. El oficial, que, según la versión del Ministerio de Defensa, decidió hacer intervenir a dos secciones de su compañía al escuchar, «procedentes de la manifestación, gritos, al parecer, contra las Fuerzas Armadas», irrumpió al frente de los soldados en la plaza de María Pita alrededor de las 13.15 horas, cuando los asistentes a la demostración pública 2.700, según el Gobierno Civil, y 20.000, desde el punto de vista de los organizadores-, atendían al discurso de uno de los responsables de la convocatoria, una vez finalizada la marcha.Los soldados detuvieron a siete manifestantes

Bajo las indicaciones de su capitán y un suboficial, los soldados se dirlineron, distribuidos en parejas, hacia el sector de la manifestaíón donde se encontraban varios grupos de ideología anarquista, entre los que hicieron detenciones. Pasados los primeros momentos de confusión y pánico. que los convocarites del acto intentaban evitar con llamamientos a la calma desde la tribuna, un numeroso grupo de manifestantes reaccionó arrojando palos arrancados de pancartas y banderas contra los solda-dos, hasta que éstos optaron por retirarse a una de las calles próxima a la plaza, donde continuaron durante al menos diez minutos los enfrentamientos. Finalmente, los soldados, dirigidos en todo momento por el hombre de paisano al que luego identificarían como el capitán de la unidad, consiguieron introducir en varios vehículos de la Policía Militar estacionados en una calle próxima a las siete personas que habían delenido. Uno de los soldados llezó a, hacer un disparo al aire, mientras otros dos protegían a sus compañeros empuñando sus fusiles.

Los siete manifestantes fueron conducidos al acuartelamiento de la compañía, donde, de acuerdo con sus declaraciones, habrían sido maniatados con cuerdas al no existir esposas en la unidad. Poco después de las 14.30 horas, soldados de la Policía Militar los trasladaron en vehículos de la unidad a la Jefatura Superior de Policía de Galicia, donde les fue expresamente garantizada la aplicación de las normas constitucionales. Aunque su estancia en la comisaría se prolongó hasta pasadas las 22.30 horas dél domingo, los detenidos por la Policía Militar no fueron considerados como tales en ningún momento por la autoridad gubernativa, tal y como prometiera el izobernador civil de la provincia, Pedro Gómez Aguerre, quien aseguró a los organizadores de la manifestación que no asumiría las detenciones practicadas. Los inspectores tomaron también declaración durante más de tres horas a los soldados que habían participado en el incidente.

El aobernador civil, que recibió a una comisión de representantes de los partidos responsables de la manifestación, poco después de que se produjeran los hechos, calificó de «inadmisible» e «Injustificada» la intervención de los soldados, al tiempo que, según sus interlocutores, aludía a la existencia de acciones similares precedentes protagonizadas por miembros de la misma unidad militar. Un portavoz del Gobierno Civil no pudo confirmar ni desmentir ayer, pese a los requerimientos de EL PAIS esta última afirmación. «El gobernador», dijo textualmente, «no hará más declaraciones y les remite a ustedes a lo publicado hoy por la Prensa».

Según los miembros de la comisión que se entrevistó con Gómez Aguerre, el gobernador afirmó haber encontrado un «talante enérgico e interesado en tomar medidas en este asunto» por parte del gobernador militar de la provincia, al que habían solicitado en conversación telefónica la destitución del jefe de la Policía Militar. Uno de los comisionados, el diputado regional de la coalición Bloque-Partido Socialista Gallego, Claudio López Garrido, utilizó posteriormente el sistema de megafonía de un vehículo de la Policía Nacional para pedir que se disolvieran los vanos centenares de personas procedentes de la manifestación que se habían congregado ante el edificio del Gobierno Civil. Su intervención frustró un conato de enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas policiales, aunque una persona fue detenida en los primeros forcejeos. Posteriormente, sería puesta en libertad.