Los obispos sugieren la revisión del orden económico y una planificación global para combatir el paro

«Revisión a fondo del orden económico en su conjunto, planificación global para una coordinación justa y racional que aproveche la disponibilidad total de trabajos diferenciados y que se corresponda con una mejor distribución de las rentas» son las sugerencias concretas sacadas de la encíclica Laboren Exercens, que formula el documento sobre el paro publicado ayer por la 35ª Conferencia Episcopal.

La magnitud del paro, que ya ronda los dos millones, explica que el problema preocupe a todos: al Gobierno, a los partidos, a trabajadores y empresarios -«que a través de sus organizaciones han llegado en este punto a importantes acuerdos», dice el texto- También a los obispos. Faltaba por saber cómo hablar y a quién dirigirse. Las reacciones a las últimas declaraciones episcopales, ya sea sobre el divorcio, la enseñanza o el País Vasco, aclaran la reflexión de Díaz Merchan, en su discurso inaugural, que consideraba como una tarea futura la definición de «la misión de la Iglesia en nuestra sociedad». El paro era una piedra de toque. Por lo que se refiere al cómo, estaba claro para los obispos que lo suyo no es dar soluciones técnicas, sino mantenerse en el género de la exhortación pastoral. Pero a quién dirigirse. «Ese problema nos lo planteamos continuamente», decía el obispo de Córdoba, quien añadía: «Las terminales se nos han estropeado, puesto que los párrocos no secundan estas declaraciones como antes». Explícitamente, este tipo de documentos se dirige a los católicos y ciudadanos que quieran escucharles; pero de hecho es un diálogo con todas las instituciones sociales.«España no puede permitirse por mucho tiempo un despilfarro como el que suponen tantos hombres y mujeres inactivos». El deterioro social, sobre todo entre los jóvenes, es evidente y amenazante: frustración, droga, crisis familiares...

Entre las causas mencionadas figuran la crisis energética, la renovación tecnológica, la automatización y la manipulación de las personas por los medios de comunicación, con vistas a crear nuevas necesidades de consumo».

El trabajo es un derecho

Los obispos españoles quieren insuflar optimismo y ofrecen una serie de reflexiones y sugerencias en la línea de la doctrina social: lo económico no es el supremo valor; los legisladores tienen que tomar medidas estructurales; los empresarios deben mantener el ritmo de sus empresas y los trabajadores rendir al máximo. El ciudadano, en todo caso, debe mentalizarse de que la solidaridad pasa por el ahorro y la austeridad en el afán de lucro. El trabajo es un derecho fundamental que la sociedad debe procurar. No se trata de dar trabajo a cualquier precio -y hay una velada crítica al empleo comunitario-, aunque sí hay que extender el subsidio de desempleo. Hace exactamente tres años, la comisión de Pastoral Social publicó un comunicado sobre el paro, donde a las consideraciones anteriores añadía las críticas al pluriempleo, a las horas extras, al cierre injustificado de empresas, a la fuga de capitales, etcétera.

La Iglesia no quiere entrar en el terreno de las soluciones, sólo se permite unas sugerencias, arropadas por la autoridad de la última encíclica de Juan Pablo II: necesidad de una planificación -nacional e internacional- de la economía que salvaguarde, «el carácter subjetivo del trabajo humano y respete la iniciativa de las personas y de los grupos libres».

Esta declaración sobre el paro, mejor acogida por los obispos liberales que por los conservadores, así como el resto de los trabajos de esta 35ª Conferencia Episcopal, han evitado toda referencia directa a la situación política. De la paz no se hablaba para no interferir en el asunto de la OTAN; también se especuló en ambientes políticos en tomo a la posibilidad de una declaración sobre la situación general que reiterara el apoyo de la Iglesia a la democracia. Los obispos respondían remitiendo al documento del 15 de mayo de 1981 -cuyo escaso eco en la opinión pública lamentaban- en el que quedaba bien patente su defensa de la Constitución y la preocupación por las consecuencias golpistas del terrorismo.