Derechos de los escritores

El artículo editorial publicado en EL PAIS el 15 de noviembre, precisamente en la fecha que clausurábamos el II Congreso de Escritores, celebrado en Sigüenza, causó un profundo malestar entre los asistentes al mismo. Ya el título, Piratas y rentistas, parecía más un insulto, un ex abrupto propio de situaciones predemocráticas, que una búsqueda de diálogo sobre los problemas que precisamente habían motivado la celebración de dicho congreso y que allí, incluso ante la presencia del director general del Libro, fueron amplia y exhaustivamente debatidos.En rciación a dicho editorial, y aunque pensamos que las conclu-

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siones adoptadas en el congreso, que pronto enviaremos a todos los medios de comunicación, organismos culturales y personas relacionadas con el mundo del libro, son la mejor respuesta, deseamos precisar, brevemente, lo siguiente:

1. La pretensión de la ACE (Asociación Colegial de Escritores), que supera hoy los setecientos asociados, cuyos nombres, desde el presidente y secretario de la Real Academia de la Lengua hasta el más joven escritor de libros a ella vinculado, pueden consultarse en nuestros locales, de introducir en los contratos de edición unas "condiciones mínimas, destinadas a defender al autor frente al empresario" (y entre las que incluimos un contrato tipo de edición, el control de tirada, la regularización de las liquidaciones, etcétera), es absolutamente coherente con lo ya conseguido por otras entidades o colectivos profesionales, como sindicatos y colegios. No se busca con ello imponer la publicación de obras mediocres, como sugiere el editorialista, sino que se deja al empresario la libertad de elección, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, pero a condición de que respete los derechos de la otra parte contratante, el autor, siempre más débil que el empresario, puesto que, como el citado editorial reconoce, el autor se ha visto (y se ve) obligado a firmar contratos verdaderamente leoninos en favor del editor, como en el caso de Pérez Galdós, por ejemplo.

2. En ningún momento se pronuncia la ACE y el congreso en favor de esa autarquía cultural a que alude el articulista con palabras tales como neocolonialismo, resabio chauvinista y tendencia provinciana. Por el contrario, proclaman, como necesaria y, vital, la interrelación cultural. Lo que sí denuncian es la profusión de traducciones indiscriminadas con un nivel de calidad muy inferior al que se considera mediocre, como se puede comprobar con un simple repaso de los catálogos editoriales. No sólo se nos coloniza así con la televisión y otros productos culturales, sino que se pone a su servicio nuestro papel premiado y nuestro dinero a través de los beneficios fiscales. No se comprende que el país con más bajo nivel de lectura de Europa sea una de las primeras potencias mundiales en la publicación de títulos, superando incluso a Francia, salvo que aceptemos que eso se debe a que, en parte, nuestra industria editorial se dedica a envasar y exportar productos residuales de otras culturas, saturando con ello nuestro mercado nacional y el del mundo hispanohablante. ¡Bien venidas sean las traducciones que enriquezcan nuestra propia cultura! Pero que no se nos convierta, como en tantos otros aspectos de nuestra vida económica, en simple mercado de materias primas -y entre ellas, como fundamental, la de mano de obra barata-, en un brazo de las multinacionales.

3. Llama el articulista corto aliento gremial a la petición de los escritores de que se imponga un canon a la edición de las obras en dominio público para ingresar en un fondo con destino a fines culturales y de previsión social, o para que dichos libros tengan un precio especial o parte de la edición pueda ser destinado a bibliotecas públicas y otros organismos culturales. En primer lugar, resulta obvio que los empresarios, en este caso los editores, transmiten su propiedad a sus descendientes y herederos sin limitación en el tiempo, lo cual ya les descalifica para opinar sobre si debe o no limitarse la pro piedad ajena. Pero ya sobrepasa cualquier delirio posesorio el pretender también convertirse en herederos únicos, a título gratuito, de la propiedad ajena, en este caso la intelectual. Así ha venido suce diendo, por desgracia, hasta hoy. A lo que se oponen los escritores es a una expropiación forzosa sin indemnización alguna. Lo que piden es que el dominio público inte lectual lo sea realmente como el de las demás propiedades, es decir que pase a la comunidad y sea el Estado su titular o administrador y que el canon o tasa feudal, como delicadamente se denomina en el artículo que comentamos, prove niente de la publicación de las obras en dominio público no vaya a parar a bolsillos particulares. Se trata, en definitiva, de que el heredero de los escritores sea la comunidad y no ningún particular, y de evitar toda esa picaresca que reafl zan en torno a las obras de dominio público, incluso deformándo las y mutilándolas a su antojo.

4. Resulta pasmoso que se llame rentistas a los escritores, de entre los cuales sólo algunas excepciones pueden vivir de sus raquíticas rentas, y se abogue con tanta pasión, digna de mejor causa, por un opulento empresariado que además está siendo absorbido por los oligopolios de las multinacionales./ Comisión ejecutiva permanente de la ACE,