Calvo Sotelo y los socialdemócratas de UCD coinciden en el apoyo a la LAU

El aplazamiento indefinido de la tramitación parlamentaria de la ley de Autonomía Universitaria (LAU), a causa de la presión de la plataforma moderada sobre el grupo centrista y el Gobierno, suscitó ayer una dura respuesta de la izquierda, que exigió al presidente del Congreso la convocatoria urgente de la Comisión de Educación.

DE LA CUADRAPor su parte, el sector socialdemócrata del partido gubernamental anunció que reconsiderará su decisión de apoyo al Gobierno Calvo Sotelo -quien dio su respaldo a la LAU- si el grupo centrista retira su apoyo al respecto.El presidente del grupo socialista, Alfonso Guerra, manifestó a los informadores, durante una conferencia de Prensa, que el parón de la LAU responde al «fanatismo religioso y al egoísmo de determinados intereses económicos». Anunció ayer mismo que se pediría por escrito y verbalmente la convocatoria de la comisión, a lo que «Landelino Lavilla no puede negarse, porque no puede impedir el funcionamiento de la maquinaria parlamentaria, por muchas coincidencias personales que tenga con quienes desean bloquear la tramitación de esta ley».

Sobre los apoyos parlamentarios posibles, la posición del sector conservador de Unión de Centro Democrático (UCD), Guerra aseguró desconocer lo que harán otros grupos, pero señaló que, a juzgar por la actitud mantenida en el debate sobre el Estatuto de Centros Docentes, «Coalición Democrática, Minoría Catalana y PNV podrían estar alineados con UCD». Añadió que, en caso de que UCD sólo contara con el apoyo de CD, podría ser derrotada por el resto de la oposición, como consecuencia de las últimas defecciones entre los centristas.

El socialista y ponente de la LAU, Alfonso Lazo, valoró el bloqueo de la LAU como la muerte de este proyecto de ley a manos del grupo centrista. Hizo historia de los trabajos de la ponencia, concluidos a finales de junio último, y dijo que, a pesar de no ser el texto que los socialistas realizarían, habían decidido apoyarlo. Recordó el acuerdo «entre caballeros» para que la comisión se reuniera a principios de septiembre, y la posterior carta de Gregorio Peces-Barba al ministro de Educación pidiéndole que los debates se iniciaran en la primera semana de octubre, a lo que Juan Antonio Ortega contestó indicando la fecha del 20 de octubre, y que más tarde se fijó el 18 de noviembre para la reunión de la comisión. «Es impresentable decir que ahora no se puede reunir por los Presupuestos, cuando han tenido desde julio a octubre para convocarla». Lazo manifestó que la conclusión es «que UCD es incapaz de digerir el mínimo progresismo de la LAU y ha forzado al Gobierno a romper los compromisos y acuerdos adoptados, y de hecho ha decapitado la LAU y, en consecuencia, es el único responsable de la enorme frustración que va a producirse en las universidades españolas».

Lazo anunció el propósito socialista de explicar en las universidades todos estos detalles y de incluir en su programa electoral el compromiso de hacer la LAU. Manuel Gracia añadió que UCD demuestra que es incapaz de salir, en materia educativa, «del oterismo (referencia al anterior ministro, José Manuel Otero) y de la política montaraz, que sólo representa intereses sectarios y minoritarios».

Representantes destacados del sector socialdemócrata de UCD en temas educativos (Luis Berenguer, ponente de la LAU, y Carmela García Moreno, ex presidenta de la Comisión de Universidades e Investigación, que dictaminó inicialmente la LAU, en tiempos del ministro González Seara), manifestaron a EL PAIS su indignación ante la gravedad de la decisión adoptada por el grupo centrista y anunciaron que su sector reconsideraría su actitud de apoyo al Gobierno si UCD le negaba ahora ese respaldo a la LAU.

Carmela García Moreno resaltó la paradoja que significa que el Gobierno sólo cuente con el poyo socialdemócrata, precisamente el sector que ha abandonado el partido. Destacó también la falta de respeto a la institución parlamentaria «al desautorizar la negociación con la oposición y no respetar los acuerdos alcanzados». La diputada recordó la disposición de los socialdemócratas a flexibilizar los puntos aceptados a UCD en relación con la redacción inicial y marcó su distancia con el ministro al estimar que para este sector no puede situarse al mismo nivel la ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria y que no le daría su apoyo si no introduce la igualdad de oportunidades y otros principios básicos.

Ambos diputados ratificaron que existe el compromiso de introducir en el dictamen de la LAU la referencia a la Universidad como «servicio público, en los términos señalados por esta ley». Expresaron su preocupación por el hecho de que la Universidad pueda quedarse sin la ley, que podría sacarse de la paralización en que se encuentra. Teniendo en cuenta la situación de transferencias a las comunidades autónomas, señalaron que «puede suceder que en éstas se regule la enseñanza universitaria, mientras que el Estado no pueda regularla». Recordaron que la conferencia de rectores ha urgido la aprobación de la LAU.

El ministro de Educación, el democristiano Juan Antonio Ortega (el líder socialdemócrata, Fernández Ordóñez, declaró ayer: «Es curioso, pero estamos apoyando a un ministro democristiano»), se entrevistó ayer en los pasillos del Congreso con el presidente del Gobierno, quien manifestó su apoyo al actual texto de la LAU. Por lo demás, el presidente de la Cámara, amigo personal de Ortega, no cuenta con ningún motivo institucional para retrasar la tramitación de una ley, sobre la que hay solidaridad en el Gabinete -único legitimado para retirarla- y reclamada insistentemente por la oposición.

Los comunistas expresaron ayer su «más enérgica protesta y repulsa» por la nueva demora de la LAU. «imputable exclusivamente a la ofensiva raccionaria de un sector de UCD»