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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un debate inconcluso

LA AUTORIZACION del Congreso para que el Gobierno solicite la integración de España en la OTAN ha superado holgadamente la mayoría absoluta de los votos. Así pues, las exageradas cautelas tomadas por el poder ejecutivo al desplazar el debate desde el procedimiento establecido para las leyes orgánicas hacia el trámite más cómodo de la mayoría simple ha resultado innecesarias. A UCD y Coalición Democrática se sumaron los nacionalistas vascos y catalanes, gesto que debería contribuir a deshacer, en vísperas del debate sobre la LOAPA, los recelos gubernamentales sobre la falta de sentido del Estado del PNV y Convergencia. Porque el apoyo prestado por las minorías vasca y catalana, con independencia del juicio que merezca desde otros enfoques, es una decisión de política exterior difícilmente compatible con esas perspectivas independentistas que injustamente se les imputan.El peso de la oposición a los procedimientos y a la sustancia de la integración de España en la OTAN ha corrido a cargo de los socialistas, leales aliados de Leopoldo Calvo Sotelo en la política económica (firma del ANE), en la estrategia autonómica (acuerdo de 31 de julio) y en la restricción de derechos constitucionales (ley de Defensa de la Democracia). Aunque el Gobierno haya acusado a Felipe González de ambigüedad, lo cierto es que el secretario general del PSOE defendió en la Cámara con energía y claridad sus posiciones contrarias a nuestro ingreso en la OTAN.

En la cuestión de los procedimientos, la idea de promover un recurso ante el Tribunal Constitucional, que el PSOE no pudo formalizar con carácter previo, pero quiere interponer en el inmediato futuro, no parece provenir de una sincera convicción de la inconstitucionalidad de la adhesión a la OTAN, sino de la voluntad de acumular obstáculos dilatorios. El PSOE, en cambio, no ha hecho sino reflejar una amplia y profunda corriente de opinión al exigir al presidente del Gobierno que ejerciera su prerrogativa para convocar un referéndum consultivo sobre nuestra entrada en la OTAN. Los argumentos que ha esgrimido el poder ejecutivo al justificar su negativa son frágiles y poco convincentes. El referéndum consultivo sobre "decisiones políticas de especial trascendencia" es una modalidad de democracia directa distinta del referéndum vinculante, necesario para ratificar los estatutos de autonomía o aprobar la reforma de la Constitución. Y pocas dudas cabe albergar sobre la especial trascendencia que reviste una decisión política que altera el statu quo de nuestra política exterior y de defensa.

Por lo demás, y contra lo que el Gobierno ha insinuado, los partidarios del referéndum consultivo sobre la entrada de España en la OTAN no pretenden, en modo alguno, sustituir la democracia representativa por la democracia directa, sino conjugarlas en este específico caso. La comparación entre el ingreso en la Alianza Atlántica y la ley del Divorcio es tan desgraciada como improcedente, ya que UCD -la mayoría de UCD- y el PSOE estaban de acuerdo en el proyecto de Fernández Ordóñez. Tampoco resultan demasiado afortunados los argumentos de que era un deber de las Cortes Generales tomar sobre sus hombros la pesada carga de la decisión sobre la OTAN, y de que hubiera constituido una dejación de responsabilidades parlamentarias endosar al cuerpo electoral tal resolución, razonamiento más propio de sofistas, o de rábulas que de juristas rigurosos. Todavía más artificiosa suena la paternalista y desdeñosa teoría de que la cuestión atlántica es demasiado compleja y delicada para que los ciudadanos puedan entenderla, formarse un juicio y emitir su opinión.

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Pero el argumento más débil del poder ejecutivo ha sido, precisamente, al que se ha aferrado con mayor insistencia. Porque la ausencia de referéndum para ratificar la entrada en la OTAN de los grandes países democráticos de Occidente se justificó sobradamente por la existencia de desahogadas mayorías parlamentarias, que no hacían sino reflejar un amplio y denso consenso nacional._Al hilo de ese falaz razonamiento, el Gobierno ha utilizado un argumento complementario de idéntica fragilidad, referido al entusiasta apoyo que dieron los partidos de la Internacional Socialista a la creación del Tratado del Atlántico Norte. Porque, así como la OTAN no hubiera podido nacer y desarrollarse sin el apoyo de los socialistas europeos, la entrada de España en esa organización no podrá consolidarse sin un amplio consenso social y sin el respaldo de los socialistas españoles.

Esta situación remite, por supuesto, a las diferencias que separan al PSOE en 1981 de los laboristas británicos, los socialistas franceses y los socialdemócratas alemanes en el pasado. No parece probable que la opción hoy defendida para España por Felipe González carezca de serios apoyos parciales dentro, del socialismo continental, en función de las grandes transformaciones ocurridas durante las tres últimas décadas en el escenario mundial y de las perspectivas hacia el futuro de una Europa democrática unida también militarmente y capaz de romper la bipolaridad de las superpotencias. La postura del PSOE es, en efecto, compleja, ya que postula a la vez el mantenimiento de la OTAN en sus actuales perfiles y el alejamiento de España de su estructura organizativa. Las reiterativas intervenciones gubernamentales para aludir a las amenazas de la URSS y del Pacto de Varsovia probablemente estuvieron orientadas a insinuar, subliminal y oblicuamente, que los socialistas españoles y los partidarios del referéndum son insuficientemente antisoviéticos, por no decir prosoviéticos, argucia polémica tan malévola como inverosímil. Porque la entrada de España en la OTAN no se vincula de forma mecánica y necesaria con la obvia tarea de hacer frente al imperialismo soviético, cuestión en la que la abrumadora mayoría de los españoles estamos de acuerdo, sino que se inscribe dentro del marco más general del papel que le debe corresponder a España tanto en la defensa occidental como en la distensión internacional y dentro del cuadro específico de la complementariedad entre esa estrategia planetaria y las prioridades defensivas españolas frente a la potencial amenaza de otras naciones, también prooccidentales, en nuestro flanco sur. La insistencia del PSOE en Ceuta y Melilla o en Gibraltar ha pecado seguramente de alarmismo y oportunismo. Pero nadie puede negar que el Reino Unido y el Reino de Marruecos tienen la doble condición de países antisoviéticos y de naciones con problemas territoriales -Gibraltar, en un caso; Ceuta y Melilla, en el otro- con España.

El debate en el Congreso, aparte de la insuficiencia y superficialidad de la intervención del ministro de Defensa, que no llegó a explicar cuál es el concepto de defensa de España que,mantiene el Gobierno,- y de algunas salidas de pie de banco del ministro de Asuntos Exteriores, no ha hecho sino profundizar la brecha del desacuerdo existente entre la actual mayoría parlamentaria y el PSOE y reducir como una piel de zapa la superficie de consenso que una "decisión política de especial trascendencia" exige en el terreno de las relaciones internacionales y de la defensa. El Gobierno se ha aferrado a la entrada en la OTAN como un niño insomne a su osito de peluche, tal vez para desplazar del foco de la atención pública otros problemas prioritarios que no tiene valor para afrontar o capacidad para resolver.

Digamos finalmente que el propósito del PSOE de celebrar un referéndum sobre nuestra permanencia en la OTAN en el caso de que Felipe González fuera nombrado presidente del Gobierno, lo que le habilitaría para convocar una consulta popular, ha convertido en pírrica y provisional la victoria del Gobierno, que ha confundido, una vez más, la firmeza con la rigidez, el espíritu de las leyes con su espíritu, y los intereses del Estado con las conveniencias coyunturales del poder ejecutivo. Error todavía mayor si se recuerda que el movimiento en favor de la distensión y contra los dos bloques en el Reino Unido y en la República Federal de Alemania, donde la influencia de los comunistas prosoviéticos es prácticamente inexistente, puede extenderse a España y acrecentar, en 1983, las posibilidades electorales de triunfo socialista. El debate de la OTAN ha concluido en el Congreso, pero no terminará ni en el Estado ni en la sociedad hasta que se celebre el referéndum o los socialistas españoles cambien de criterio sobre nuestro ingreso en la Alianza Atlántica. Porque un sistema dernocrático no puede adoptar "decisiones políticas de especial trascendencia" en su política exterior y de defensa sin un amplio y vigoroso consenso social.

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