El Gobierno recurre las sentencias dictadas contra el capitán Milans del Bosch y el coronel Graíño

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El capitán Milans del Bosch fue condenado a un mes y un día de prisión por insultos al Rey de España y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a quien llamó «cerdo e inútil» en un club social, según reconoció el propio acusado ante el tribunal militar. El coronel Graíño fue sancionado con dos meses y un día de arresto por falta de respeto a las autoridades militares. Graíño fue procesado por publicar una carta en un periódico, en la que denunciaba campañas difamatorias de determinados sectores ultraderechistas localizados en las Fuerzas Armadas.

El sistema utilizado ahora por el Gobierno, de ordenar el recurso al Fiscal, es inhabitual con respecto a casos semejantes, como el de la operación Galaxia, en el que únicamente se dio el disentimiento del capitán general. En aquella ocasión, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó las penas mínimas impuestas a los conspiradores.

El recurso ordenado por el Gobierno se basa en el artículo 127 del Código de Justicia Militar, recientemente reformado, según el cual el Gobierno puede dar instrucciones y órdenes al fiscal militar para procurar el exacto cumplimiento de las leyes, en lo que atañe al orden militar y a «los poderes del Rey», entre otros extremos.

Por otra parte, el Consejo de Ministros acordó ayer también varios ascensos militares, entre otros el del coronel Alcalá Galiano a general de brigada. Alcalá Galiano es actualmente jefe de la Policía Nacional de Madrid. El portavoz gubernamental no precisó el nuevo destino que podría tener, sino que indicó que depende del ministro de Defensa. Según publicó EL PAIS el pasado día 16, es probable que Alcalá Galiano sustituya al actual inspector de la Policía Nacional, general Sáenz de Santamaría.

Asimismo, Ignacio Aguirre destacó que el Consejo aprobó un decreto-ley para ampliar el sistema de pensiones a las víctimas del terrorismo, en virtud del cual los jubilados de las fuerzas de seguridad del Estado también causarán derecho a las pensiones extraordinarias que hasta ahora se concedían a los funcionarios en activo.

En lo que se refiere a la votación parlamentaria en favor de la adhesión de España a la Alianza Atlántica, el portavoz gubernamental se limitó a expresar la satisfacción del Ejecutivo por la amplia mayoría alcanzada, así como su convencimiento de que Holanda no vetará el ingreso de España.

Por otra parte, el secretario de Estado para la Información dijo que le sorprendían las enmiendas presentadas por el PSOE a las partidas presupuestarlas de ayuda a la Prensa, y puntualizó que el Gobierno y UCD las apoyarán sin reservas.

Nueva regulación del transporte por carretera

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Luis Alvarez, explicó ayer a la Prensa un paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros para mejorar la seguridad y calidad del transporte colectivo por carretera. Las medidas consisten básicamente en un nuevo proyecto de ley de disciplina, y sanciones, y varios decretos sobre inspección de autobuses, instalación del tacómetro y apertura de una línea de crédito para la renovación de la flota de autobuses.

Alvarez insistió en que este tema es preocupación constante del Gobierno, que sigue una política cuyo objetivo básico es mejorar la seguridad y calidad, porque los esfuerzos del sector y de los conductores no son suficientes, y destacó que con estas medidas España se aproxima a la regulación establecida en los países de la Comunidad Económica Europea.

La nueva ley de disciplina modifica la antigua legislación, que data de 1947, y que preveía multas máximas de 25.000 pesetas. Estas pueden elevarse ahora a 500.000 y al precinto de los autobuses que no cumplan las condiciones y sean reincidentes.

Junto a esta ley se han aprobado tres decretos para modificar el sistema de inspecciones. Aparte de modificarse los plazos y condiciones, se declara de interés público esta actividad, para fomentar la instalación de talleres especializados. Las revisiones podrán hacerse también en las instalaciones del Ministerio de Industria.

Otro decreto hace obligatorio el uso del tacógrafo, aparato que el ministro describió como semejante a la caja negra de los aviones, ya que recoge las incidencias del viaje, como velocidad, paradas, relevos del conductor, etcétera, de modo que se facilita la vigilancia del cumplimiento de las normas. La instalación en todos los vehículos industriales se hará en plazos y condiciones ajustadas a las posibilidades de la industria española.

Finalmente, el Gobierno aprobó un sistema de concesión de préstamos para la renovación de la flota de autobuses en España. Estos préstamos favorecerán a los concesionarios de líneas cortas y de transporte escolar, ya que son los más necesitados de Financiación, y su objetivo es renovar, en un plazo de tres años, todos los autobuses con más de quince años de funcioamiento, que irán al desguace, y al menos parte de los que tienen más de diez años. El plan tiene un coste de hasta 3.500 millones de pesetas por año.

El ministro admitió que los recientes accidentes son «un terrible aldabonazo » en la conciencia, pero advirtió que el Gobierno ya venía trabajando intensamente en este tema. Así, anunció que en noviembre se hará público, un libro blanco sobre el transporte escolar, realizado en colaboración con las comunidades autónomas y entes preautonómicos, que tienen competencias en esta materia. El libro blanco dará lugar a una serie de decretos de la Administración central y las autonómicas para una nueva regulación.

Otras disposiciones

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se amplía hasta el próximo 5 de diciembre el plazo de presentación de las declaraciones de alta de licencia fiscal de actividades comerciales e industriales, un tributo local gestionado por el Estado y del que se beneficiarán las corporaciones locales.

La fecha límite para el cumplimiento de la obligación de formular declaraciones de alta en la licencia fiscal estaba fijada en el 31 de octubre. El Gobierno, consciente de la trascendencia de este trámite, tanto para las corporaciones locales como para la Hacienda Pública, dado el carácter recaudatorio y censal de este tributo, ha acordado prorrogar el plazo.

El Consejo aprobó también un proyecto de real decreto por el que se constituye la Sociedad Estatal de Promociones y Equipamiento de Suelo (SEPES), que tendrá como principal línea de actuación la adquisición y preparación de suelo para asentamientos industriales y de servicios; así como la ejecución de las infraestructuras urbanísticas derivadas de los programas de acción territorial. Asimismo, y a propuesta, del ministro de Obras Públicas, el Consejo aprobó la concesión de 2.430 ayudas financieras para adquirientes de viviendas de promoción oficial, por un importe de 2.400 millones de pesetas.

También en Obras Públicas, el Consejo aprobó expedientes de contratación de obras para la construcción de 711 viviendas.