El Gobierno socialista francés impuso en la Asamblea su plan de nacionalizaciones

La Asamblea Nacional francesa, revivificada con las reformas de estructuras económicas del Gobierno mitterrandista, inició ayer la segunda gran batalla del septenio: la discusión del presupuesto de 1982, que instaura, en este país, un impuesto sobre la fortuna. Anteanoche, definitivamente, por 332 votos contra 154, fueron aprobadas las nacionalizaciones. Las posibles acciones jurídicas de los accionistas extranjeros y la decisión del Consejo Constitucional son los dos últimos obstáculos a superar por el Gobierno antes del inicio de 1982, fecha en la que, en principio, oficialmente, el sector nacionalizado pasará a manos del Estado.

Catorce días seguidos de debates, 33 sesiones, 120 horas, más de 1.400 enmiendas, insultos, pasiones incontroladas, todo esto fue necesario para que cinco grupos industriales de los más importantes del país, 36 bancas y los dos grupos financieros Suez y Paribas, pasaran a manos del Estado anteanoche. El hemiciclo francés, en estado moribundo desde que nació la V República, ha vuelto a convertirse en un escenario de confrontación, de desbordamientos verbales a veces, pero democrático. Tanto la mayoría socialista como la minoría conservadora han jugado un juego en el que, en suma, se batían dos concepciones de la sociedad: para la oposición, las nacionalizaciones abren las puertas a la burocratización de la economía, a su incompetitividad internacional y, a la postre, al empobrecimiento de Francia. Para el mitterrandismo, los polos industrial y bancario que han puesto en sus manos les servirán para democratizar la sociedad al suprimir los privilegios.La montaña de enmiendas depositada por la oposición no ha servido prácticamente para nada. El proyecto de ley ha sido aprobado, esencialmente, tal como lo propuso el Gobierno.La venta de Paribas

La obstinación y los debates bien preparados de la oposición sirvieron para que la opinión pública se informara y para darle tiempo a Paribas a vender sus filiales suiza y belga. El gesto, de todas maneras, no ha sido apreciado por la opinión pública, que ha visto en Pierre Moussa el director general "con mentalidad de emigrado" (según el primer ministro, Pierre Mauroy), un dilapidador del patrimonio nacional más que un defensor de los intereses de los accionistas. De manera más o menos inmediata parece cierto que el Gobierno lo persiga judicialmente, no por la venta de las dos filiales extranjeras precitadas (la operación es correcta en derecho), sino por un fraude fiscal del año pasado.

Al Gobierno le quedan, ahora, dos obstáculos mayores. Los accionistas extranjeros de las bancas nacionalizadas, reunidos anteayer en Londres, están dispuestos, no a combatir el principio de la nacionalización, sino a exigir una indemnización superior a la ofrecida por el Gobierno y que, aproximadamente, sería el doble de esta última. Ayer, el secretario de Estado encargado de la ampliación del sector público, Jean la Garrec, afirmó que el Gobierno francés no modificaría su política de indemnización. Por otra parte, en medios oficiosos galos se estiman posibles negociaciones en las que las dos partes cederían. Las autoridades francesas calibran el impacto negativo que causaría en los medios económicos internacionales una actitud intransigente.

Ayer la Asamblea inició otro debate que promete discusiones épicas: el presupuestario. De toda la ley de Finanzas de 1982 (788.000 millones de francos de gastos y 95.000 millones de déficit), el nuevo impuesto sobre la fortuna se anticipa como el gran protagonista de la confrontación entre la mayoría y la oposición. Ese impuesto graba a los patrimonios comprendidos entre tres millones y cinco millones de francos con el 0,5%. Con el 1%, a los que van de cinco millones a diez millones, y con el 1,5%, a los que superan los diez millones. La oposición estima que dicho impuesto lesiona las posibilidades económicas de las empresas destinadas a la inversión y a la ampliación.