La Constitución y el País Vasco

LA MANIFESTACION convocada por el Gobierno vasco en el segundo aniversario del Estatuto de Guernica tuvo un amplio eco ciudadano y un desarrollo ejemplarmente pacífico. La marcha de Bilbao tenía el doble objetivo de ratificar simbólicamente la vía autonómica, que implica el acatamiento de la Constitución de 1978 y la condena de la violencia, y de expresar el firme rechazo a los recortes del Estatuto de Guernica, que significaría -según el Gobierno de Vitoria- la aprobación de la LOAPA.El debate televisivo entre Rodolfo Martín Villa, ministro de Administración Territorial, y Mario Fernández, consejero del Gobierno vasco, dio motivos para conjeturar que el pacto entre UCD y PSOE tiene apoyaturas jurídico-constitucionales discutibles. En aquel coloquio, que se limitó a examinar dos artículos del proyecto de ley armonizadora, Rodolfo Martín Villa se mantuvo a la defensiva y no contestó algunas preguntas concretas de su oponente.Es evidente, desde nuestro punto de vista, que el Estatuto de Guernica y el Estatuto de Sau están afectados por la LOAPA, que despoja parcialmente de competencias legislativas, reglamentarias y de ejecución a las instituciones de autogobierno vascas y catalanas y acentúa el intervencionismo de la Administración central.El Gobierno y el PSOE intentaron, con sus acuerdos de julio, poner fin a sus querellas internas en los territorios que electoralmente controlan y establecer un cauce único para losfuturos regímenes autonómicos. Al hacerlo, sin embargo, lesionaron, por el carácter general de la norma pactada, a las instituciones de autogobierno que están funcionando desde marzo de P080. De nada vale tratar de ocultar ese hecho; sólo tendría sentido averiguar hasta qué punto los firmantes eran conscientes de tales implicaciones. Y si idearon esas alteraciones de forma intencionada, por estimar que se debería recortar el contenido de ambos estatutos, el Gobierno y el PSOE tienen la obligación de decirlo y explicarlo.En tal caso, es dudoso que la fórmula elegida para modificar la autonomia vasca y catalana respete el espíritu y la letra de la Constitución. El ministro de Administración Territorial aludió en el debate a que UCD y PSOE tienen, aliados, una abrumadora mayoría en las Cortes Generales. Pero ocurre que los estatutos de Guernica y de Sau fueron aprobados, en el marco de la Constitución, mediante complicado procedimiento que incluyó un referéndum, por la población del País Vasco y de Cataluña, de ambos textos legales.La más elemental sensibilidad jurídica y un minimo respeto hacia el funcionamiento de un sistema democrático tendrían que hacer ver al Gobierno y al PSOE que unos estatutos que necesitaron el refrendo popular para ser aprobados precisan igualmente de una consulta de la población afectada para ser modificados.La multitudinaria manifestación de Bilbao, de la que estuvieron ausentes los centristas y socialistas vascos, por un lado, y los seguidores del nacionalismo radical y violento, por otro, ha mostrado que el PNV, esta vez con el apoyo de Euskadiko Ezkerra y de los comunistas de Roberto Lertxundi, es capaz de llenar la calle para responder a un llamamiento del Gobierno de Vitoria. Las palabras de Arzallus y el discurso de Garaikoetxea tuvieron esta vez moderación. No le faltó razón al lendakari cuando definió al Estatuto de Guernica como un compromiso histórico, y recordó el gigantesco paso hacia la paz que significó, en 1979, la apuesta del nacionalismo vasco moderado en favor de una negociación realista y pragmática con el poder central que sacara al pueblo vasco del callejón sin salida alque la violencia terrorista y el centralismo autoritario le habían conducido.El Gobierno y el Parlamento de Vitoria esgrimen argumentos de peso y razonamientos plausibles contra la versión actual de la LOAPA. Esa defensa de sus derechos no debería ser acallada ni con amenazas veladas ni con bastonazos.A lo largo de estos dos años se ha podido comprobar que la solución policial de la plaga terrorista es indisociable de la solución política. Sin una inteligente y esforzada labor policial, especialmente en el terreno de la informacíón, sería imposible la completa desarticulación de ETA Militar. Pero ese trabajo sólo podrá ser eficiente, como el propio Juan José Rosón ha declarado en repetidas ocasiones, con la colaboración de la población civil y de las autoridades del Gobierno autonómico. El pasado domingo, Herri Batasuna ni siquiera intentó romper la manifestación convocada por el Gobierno de Vitoria, probablemente por saber que ese sabotaje estaba condenado al fracaso, y son abundantes los síntomas de que el nacionalismo radical y violento pierde fuerza a medida que la sociedad vasca recobra su confianza en las leyes, gracias al comportamiento ajustado a derecho de las autoridades estatales. Sería un error que la democracia española desandara lo ya caminado en la senda de la paz y del respeto a las normas. Y eso vale, en todos los casos, sin excepción. Si el poder judicial -por ejemplo- entrega los restos mortales de un fallecido a sus -familiares -como ocurrió con el cadáver de Gogor- ninguna otra instancia estatal puede desconocer esa resolución. Y lo mismo cabe recordar que la Constitución prohíbe de manera expresa, en su articulo 20, cualquier tipo de censura previa, por lo que son ¡legales, intolerables e inadmisibles esas intempestivas visitas de madrugada que están haciendo, sin invitación previa, funcionarios de la policía a la redacción del diario Egin. Un Estado de derecho se diferencia precisamente de la accíón inhumana y bárbara del bandidaje político que ETA simboliza, por su respeto a la ley.