Las malas costumbres

En una reciente conferencia de Prensa en el Ayuntamiento de Madrid, ante la insistente pregunta de cómo no se había reaccionado por parte de los responsables municipales ante las actuaciones presuntamente delictivas de determinada empresa interesada en el concurso de limpiezas, el propio alcalde contestaba: "Probablemente ellos no le dieron importancia. Desconozco cuáles ion las costumbres y usos en este sentido. A lo mejor corresponde al uso y costumbre de la Administración no dar importancia a estas cosas. Tendré que reflexionar sobre ello". Me imagino el asombro de los honrados ciudadanos que pagan sus pequeños o grandes impuestos y entre los cuales muchos apoyaron con su voto, en abril de 1979, la propuesta socialista de "manos limpias y Ayuntamiento transparente".'El fondo de la cuestión está en el tipo de relación entre instituciones y partidos: la responsabilidad del que es elegido por los ciudadanos en la lista de un partido no se permite ejercerla ante los electores, sino que se exige en exclusiva ante las cúpulas o direcciones del partido que vienen a suplantar a esos ciudadanos y a las instituciones derivadas de la elección: se apoderan así de la legitimidad otorgada: precisamente por la elección.

Puede ocurrir que según la voluntad de las ejecutivas regionales y nacionales, o de correlativas comisiones de conflictos, se retire de su puesto a alcaldes y concejales, primando la interpretación de supuestos intereses de partido, más bien de grupos dentro del partido, sobre los intereses de la institución de la propia colectividad.

Y todo ello es posible por una ley de Elecciones Locales, sin parangón en Europa, que entrega el poder y la representatividad en 8.000 municipios españoles a las jefaturas de un puñado de organizaciones políticas. Que nadie entienda ante este razonamiento que yo sea partidario del desconocimiento por parte de los representantes municipales de las líneas políticas y objetivos programáticos de sus respectivos partidos. Todo lo contrario: pienso que esas líneas políticas y programas deben ser suministrados y atendidos, respectivamente, como primera obligación del partido político y del elegido municipal, y pienso además que es indispensable la existencia de marcos ideológicos claros, y definidos (socialista, comunista y liberal, por ejemplo) para que la gestión municipal se apoye en filosorias y programas que se hayan manifestado a la población para, conseguir su voto, estableciéndose un compromiso de cumplimiento entre electores y ejegidos. Pero ésto no tiene nada que ver con la suplantación que esas "jefaturas partidarias" hacen de la gestión municipal.

Sólo así puede entenderse la Interferencia producida y consentida en el -Ayuntamiento de Madrid con motivo del ejercicio de mi responsabilidad como teniente de alcalde socialista. El alcalde reconoce, en público y en el mismo Pleno, que he actuado correctamente y en el ámbito municipal adecuado (el gabinete de dirección, que ha acogido de inmediato todas mis propuestas menos los ceses, que deben ser posteriores, en su caso, a una investigación). El propio Pleno, atendiendo a todo lo ocurrido, manifiesta unánime su voluntad política de querellarse contra las empresas que han actuado de forma atípica, pero nadie quiere o puede impedir que a instancias del PSOE, del que soy en ese momento portavoz y autoridad siguiente a la del alcalde, sea privado de ejercer como portavoz, de poder hablar en la Comisión Permanente y de asistir'a las reunionbs del grupo de concejales socialistas, culminando la situación con mi ausencia forzada del Pleno, donde debo informar sobre los hechos, alegándome que no soy concejal, porque he sido expulsado del partido en el que milito desde hace diez años; expulsado en base a unos criterios que no tienen en cuenta ni los hechos ni mi responsabilidad en el Ayuntamiento.

Porque es tan firme la decisión de imdirme hablar en los órganos municipales que se recurre a una interpretación inaceptable de la ley de Elecciones Locales, que desconoce incluso las competencias de la junta electoral, pese a declarar el cese de mi condición de concejal, hecho no producido todavía. Para llegar a este aparente final ha sido necesario que en el Ayuntamiento una llamada Comisión de Investigación, partidaria y bipartidista (PSOE-PCE), suplante el procedimiento ordinario de incoación de expediente y nombramiento de juez instructor, mientras en la Comisión de Conflictos del PSOE se atiende solamente al "perjuicio de imagen" (que, por cierto, no acepto haber provocado) y no a la propia realidad. Se habla de la honradez socialista como elemento de marketing y no de la honradez de los socialistas que hay que mantener y exigir. Son criterios y resoluciones de tribunal de honor más que decisión de compañeros partidarios de la verdad y del bien colectivo.

He pensado varias veces, mientras escribía mi alegación ante el XXIX Congreso del PSOE (que Puerta presentó el miércoles), cuál sería la perplejidad de Pablo Iglesias, Juliári Besteiro, Largo Caballero o Andrés Sabotit, en su día concejales del Ayuntamiento de Madrid, si les hubiera ocurrido algo parecido.

Desde la distancia que separa mi valía de la suya, pero desde el ejemplo individual de honradez que nos legaron para siempre, he llegado a la convicción de que simplemente he cumplido con mi deber. Y aunque no tengo vocación de mártir ni de perseguido, he consolidado y hecho firme mi decisión de seguir cumpliendo con mi deber. Por el pueblo de Madrid que me eligió concejal y por el ideal socialista en el que he vivido los años más decisivos de mi vida, y que está muy por encima de una interpretación coyuntural y viciada de un puñado de dirigentes que son juez y parte en este asunto.