Planificación democrática, cogestión y nacionalizaciones, bases económicas de algunas de las ponencias presentadas

Esta alternativa tiene su primera parte en el estudio del sector público español (entendido éste en sentido amplio, esto es, Estado, corporaciones locales y comunidades autónomas). En ella, la empresa pública se configura como uno de los instrumentos más importantes de la política económica. Los socialistas guipuzcoanos reivindican el estatuto de la empresa pública para regular el funcionamiento de estas empresas, con lo que queda en entredicho la opinión expresada recientemente por algún alto cargo de, la Administración, de que «sólo los liberales defienden el estatuto de la empresa pública».Un segundo aspecto de la alternativa lo constituye la planificación. «La llamada planificación indicativa no es suficiente para la paulatina construcción del socialismo, y ni siquiera es eficaz para el sostenimiento del nivel de vida nacional en tiempo de crisis, ya que ,no evita ni el crecimiento del paro, ni instrumenta medios lo suficientemente coercitivos para el reencauzamiento.de las inversiones hacia los sectores más generadores de empleo, más rentables a medio plazo o de más capacidad competitiva en el exterior. La obligatoriedad de cumplimiento de los planes y programas tendrá diversos grados para el sector privado».

Los socialistas proponen la promulgación de una ley de bases de la planificación económica nacional. La planificación se elaborará, como establece la Constitución, partiendo de las previsiones proporcionadas por las comunidades autónomas y recabando la colaboración de los sindicatos representativos y de las organizaciones empresariales, que formarán parte del consejo económico-social, el cual será regulado por ley.

Nacionalizaciones no tradicionales

Carmen García Blolse, secretaria de organización del PSOE, declaraba hace unos días que si el partido socialista ganaba las elecciones y subía al poder, no habría nacionalizaciones porque los economistas habían demostrado que no eran necesarias. No opinan así los autores de las ponencias analizadas, sin duda también economistas.

«Los sectores que estén declarados o se declaren de interés público -como bancos nacionales, seguros, industrias básicas energéticas, siderúrgicas, químicas, informática, etcétera- estarán sometidos a formas especiales de nacionalización, que se concretarán sobre todo en controles ordenados hacia su funcionamiento acorde con el interés general». Entre estos controles se citan los siguientes: presencia de representantes del Estado designados por el Gobierno, con la misión de controlar el, cumplimiento de la política gubernamental. y las líneas de planificación e, incluso, con derecho de veto en determinados casos; limitación a la tenencia de acciones o participaciones del capital de esas empresas, control de la posible especulación bolsística sobre las acciones de las sociedades de interés público, presencia real -con un límite- del Estado o comunidades autónomas en el Cápital de esas sociedades.

Los socialistas vascos continúan: «La compra de todas o la mayor parte de las acciones por parte de los entes públicos, en ocasiónes no contiene elementos positivos, ya que, en primer lugar, habría que hacer unos enormes desembolsos por esos entes públicos, y una vez el importe de la compra en el bolsillo de los particulares, de nuevo habría que encauzarlo hacia inversiones que en su gran mayoría vendrían a ser las mismas o similares, con lo que otra vez se convertirían en propietarios -si era por acceso al capital- o, lo que quizá fuera peor, en acreedores de los entes públicos -si era la inversión en obligaciones u otras formas de préstamo».

Sector financiero sin control

El siguiente punto de atención de la ponencia analizada es el sistema financiero, del que se dice que «le faltan los controles necesarios para que podamos considerar que está al servicio de la nación y le sobran los modos de actuación al servicio de los intereses puramente privados».

Ante esta situación se proponen una serie de modificaciones «mediantelegislación puntual primeramente, que más tarde, y tras esos cambios, originarán una ley básica que asuma y coordine la totalidad del sistema financiero y que sólo se podrá Illevar a cabo con un neto dominio socialista en el poder legislativo y en el ejecutivo »: control efectivo y garantías para el asegurado en las entidades de seguros, ya que ahí la cobertura es prácticamente inexistente en caso de quiebra; reordenamiento delas sociedades y fondos de inversión mobillaria con prohibición de la intervención bancaria en ellos, fluidificación de la Bolsa con entrada en ella de un número mayor de sociedades, supresión del Consejo Superior Bancario, ya que, de hecho, convierte a la banca privada como conjunto en un monopolio; creación de un organismo de coordinación de las cajas de ahorros, que facilite su función financiera regional; ordenamiento, estructuración y limitación de las participaciones de la banca privada en el capital de las empresas; profunda inspección fiscal de los balances y operaciones bancarias endurecimiento del Código Penal para las evasiones de capital de o a través de entidades financieras, etcétera.

La democratización industrial

La ponencia reconoce a la empresa privada el ser el pilar básico del actual sistema económico español por la magnitud de su potencial económico y por el gran número de trabajadores que emplea. Sin embargo, entienden por empresa una «unidad social solidaria y democrática en la,que los trabajadores, al tiempo que se corresponsabilizan en la buena marcha de la empresa, participan en todas las decisiones en pie de igualdad con los poseedores del capital -los empresarios-. Esta forma de democratización que los socialistas nos proponemos introducir en la empresa se llama cogestión o codeterminación paritaria».

A continuación se dan una serie de reglas concretas para que funcione la codeterminación en España:

- Los trabajadores participarán a través de sus representantes en el órgano máximo de decisión y control de la empresa, en el consejo de administración.

- La participación en el consejo de administración será paritaria, (igual número de representantes de los trabajadores que de representantes del capital). También formará parte un representante del interés general extraempresarial, designado por la Administración pública.

- La introducción de la codeterminación paritaria no afectará al mantenimiento de la dinámica sindical en la empresa, regulada por el Estatuto de los Trabajadores. La codeterminación no debe ser un sustituto de la lucha sindical.

El PSOE promoverá una ley de codeterminación paritaria que introduzca este sistema de democracia económica en todas las empresas con más de 250 trabajadores, tanto las del sector público como las del sector privado. Quedarían al margen de esta ley las sociedades cooperativas (la ponencia valenciana escribe que «junto al sector público y al sector privado existe un tercer sector, sin ánimo de lucro, que, en el caso de España, conviene impulsar al máximo, pues se trata de un sistema cooperativo o asociativo que puede ser muy útil a los fines de desarrollar toda una serie de actividades, unas de bienestar, otras de reparación, etcétera»), las cajas de ahorro (para las que se establecerá un sistema de representación democrática, a partes iguales, de las instituciones públicas, de los trabajadores y de los impositores, mejorando la actual legislación), la banca (para la cual se elaborará una legislación especial, según la cual la representación en el consejo de administración será: mitad en representación del capital, mitad en representación de los trabajadores y un representante de la Administración pública, que tendrá derecho de veto en los casos que se determinen legalmente en función del interés general), y todas aquellas sociedades que no tengan como fin el lucro.

Estas y otras muchas propuestas parecen muy influidas por la victoria de Mitterrand, y suponen un salto adelante respecto a las exposiciones de los portavoces oficiales