Presentada denuncia por estafa contra la financiera Ficonasa
María Martínez Ochoa, en representación de 150 acreedores de la empresa Financiera Cortes de Navarra, SA (Ficonasa), ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Pamplona contra esta sociedad, por los presuntos delitos de estafa, ocultamiento de bienes, devolución de importantes cantidades de dinero a grandes capitalistas y por delito de falsedades, según manifestaron ayer los interesados durante una conferencia de Prensa. Ficonasa se encuentra en suspensión de pagos desde agosto de 1980, y tiene pendiente una declaración de quiebra en segunda instancia, contra la que ha recurrido ante el Tribunal Supremo.Ficonasa, sociedad que cuenta con un capital social de veintiún millones de pesetas, quedó constituida en 1971 como una financiera que invertía el dinero que captaba de sus impositores. Esta empresa, según se desprende de un informe judicial, ha ganado en siete años algo más de 170 millones de pesetas, si bien en 1980 tuvo grandes problemas financieros, que derivaron en una suspensión de pagos. En primer termino, un grupo de acreedores presentó una demanda de quiebra, a la vez que la empresa, en agosto de 1980, solicitaba la declaración de suspensión de pagos, que le fue concedida por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona. La quiebra, sin embargo, fue denegada en primera instancia y concedida en segunda, aunque Ficonasa ha recurrido ante la sala del Tribunal Supremo.
Segundo, el texto de la denuncia en Ficonasa días antes de la presentación de la declaración de pagos: "se cancelaron anticipadamente numerosos reintegros de grandes sumas, siempre también favorecidos en la devolución de capital de Jesús Aizpún, así como de Juan Poncela". La denuncia hace referencia a una cancelación con el Banco Central de 9.500.000 de pesetas, dos semanas antes de la suspensión de pagos, aunque no especifique las cantidades que recibieron los prestamistas Jesús Aizpún, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y Juan Poncela, secretario de uno de los juzgados de Pamplona.
Según el listado de los interventores, figuran como acreedores de Ficonasa, junto a más de 180 particulares, la Hacienda pública, la Diputación Foral de Navarra, la Diputación Foral de Guipúzcoa, Insalud, los siete empleados de la sociedad, más de veinte bancos, así como dos curiosas entidades de carácter benéfico: la misión de Gujerat, con 326.806 pesetas, y las Hermanitas de los Pobres, con 321.150 pesetas.
Como deudor de Ficonasa aparece el partido político Alianza Foral Navarra (vinculado en las elecciones de 1977 a AP), que adeuda a la sociedad 1.325.128 pesetas, cantidad que corresponde en parte a una operación de crédito por importe dé tres millones de pesetas que este partido pagó hasta 1978.
Por su parte, fuentes próximas a Ficonasa han indicado a EL PAIS que los acreedores pueden recuperar su dinero si se sigue el camino de la suspensión de pagos y no la declaración de quiebra. De igual modo, las mismas fuentes han significado que varios miembros del consejo de administración han recibido amenazas de muerte anónimas.
