Equiparados los ultrajes a las banderas de España y de las comunidades autónomas

Los ultrajes y ofensas a la bandera de España y a las de las comunidades autónomas quedaron ayer equiparados por el Pleno del Congreso, en cuanto a su castigo «conforme a lo dispuesto en las leyes». El acuerdo fue adoptado por 114 votos frente a 106 de centristas y Coalición Democrática, y fue posible por la ausencia de diputados del partido gubernamental.

El texto decidido por el Pleno de la Cámara es irreversible, ya que el Senado se pronunció sobre este tema y el Congreso acordó ayer definitivamente la redacción del proyecto de ley que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. Inicialmente, el Congreso estableció que los ultrajes y ofensas a la bandera de España se castigarán conforme a lo dispuesto en las leyes.Este texto fue modificado en el Senado, en el sentido de que tal protección jurídica se extendiera también a las banderas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y diputaciones. Al decidir ayer sobre las enmiendas aprobadas por el Senado, la Cámara aceptó la equiparación de la bandera de España con las de las comunidades autónomas, pero no con las de los ayuntamientos y diputaciones.

La votación por el sistema electrónico registró una diferencia de sólo dos votos (129 favorables, 127 en contra y 2 abstenciones), por lo que hubo de repetirse por el procedimiento de levantarse a votar. El resultado fue de 114 votos a favor de la equiparación dicha y 106 en contra.

El diputado de la Minoría Catalana, Miguel Roca, recordó que el texto aprobado se debía a una inicial enmienda de su grupo, y agradeció a los restantes grupos su apoyo. Ironizando con las acusaciones de aldeanismo, que provenientes de grupos que, como el socialista, acababan de aprobar su propuesta, manifestó: «Desde nuestro aldeanismo hemos contribuido a solucionar un problema de Estado».

Cesión de tributos a la Generalidad

El Congreso decidió también sobre otros tres proyectos de ley procedentes del Senado. En el relativo a cesión de tributos a la Generalidad de Cataluña, el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, dio su conformidad a la única modificación introducida por la Cámara alta, consistente en que la fecha de entrada en vigor de la ley sea el 1 de enero de 1982.El comunista Antonio Montserrat se refirió a la culminación de un proceso negociador entre Convergencia y UCD. Miguel Roca le corrigió al señalar que el pacto en esta materia se había producido entre el Gobierno de Madrid y el de la Generalidad de Cataluña.