Un defensor, del 23-F se reserva el derecho de aportar nuevas pruebas en el futuro

El abogado Antonio Pedreira, defensor del capitán José Cid Fortea en la causa del 23-F, solicita la declaración testifical del ex presidente Suárez y propone numerosas pruebas en su escrito de conclusiones provisionales. Asimismo se reserva el derecho de aportar cualquier prueba documental «que no obra en nuestro poder en este momento, -pero que pueda aparecer en los próximos meses, siempre que se demuestre la imposibilidad material de aportarla en este acto».

Al abogado arremete contra Adolfo Suárez: «Este modesto letrado», dice, «todavía sigue perplejo ante la renuncia de un presidente, sin ningún tipo de explicación al pueblo español», y agrega: « Esta defensa, que había votado a favor del partido del presidente del Gobierno en las elecciones generales, todavía sigue esperando que se aclare cómo un presidente puede marcharse después de haber prometido gobernar hasta el año 2000, sin haber sido capaz de empezara gobernar».También considera paradójico que no se sepa, después de los numerosos folios acumulados, quien dio la orden de entrada en el Parlamento; considera que «el sumario contiene numerosísimas lagunas y es insuficiente», y expresa su esperanza de que, si prosperan los recursos de nulidad presentados ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el citado sumario vuelva a tramitarse «respetando el Código de Justicia Militar, el ordenamiento jurídico internacional ratificado por España y la Constitución».

Al referirse al ambiente en la División Acorazada Brunete número 1, de cuyo núcleo de tropas era cajero el capitán Cid Fortea, el abogado asegura que el citado oficial se enteró de lo que ocurría por la señora de la limpieza de su oficina, tanto de la entrada en el Congreso como de la reunión celebrada por los jefes de las unidades de la división con el general Juste.

Ordenes de Pardo Zancada

Asegura que el capitán Cid cumplió órdenes del comandante Pardo Zancada, jefe de la fuerza de la División Brunete, que acudió al Congreso de los Diputados, el 23 de febrero. «A la orden de salida no se opuso absolutamente ningún miembro de la División Acorazada. En nuestra marcha hacia Madrid pasamos ante un control de la Policía Militar número 11, en Puerta de Hierro, perteneciente a Capitanía General, sin que se efectuase la más mínima observación. Se pasó por delante de la Capitanía General, sin que nadie se opusiera ni ordenase volver. Atravesamos el cordón sin que se nos impidiera».

Y agrega el abogado: «Jamás el compañerismo y el voluntario cumplimiento de las órdenes fue motivo de tipificación delictiva en ningún Ejército del mundo. Por el contrario, ambas cualidades constituyen virtudes castrenses irrenunciables para todos. Cuando se produjeron los hechos no estaban tipificados los delitos contra la Constitución».

Por otra parte, el letrado Julio Ortiz, defensor del teniente Pedro Izquierdo Sánchez (de la Guardia Civil), ha solicitado la libertad provisional o la prisión atenuada para su patrocinado.