La banca también aumenta el gasto público

En los prolegómenos del debate presupuestario está volviendo a arreciar la campaña contra un déficit que se identifica con política socialista. Flaco servicio para el Gobierno y desmesurada valoración del poder de un partido que, hoy por hoy, es oposición. Pero el que tal afirmación sea hecha por un profesional tan equilibrado como Rafael Termes, y el que su conclusión sea pedir movilizaciones de empresarios con pancartas contra el aumento del gasto público, invita a hacer algunas reflexiones. La primera es que esto ocurre en España, país en donde los sindicatos obreros más representativos han firmado el ANE y en donde, al mismo tiempo, no baja jamás el precio del dinero, es decir, el tipo de interés. Este depende del funcionamiento del sistema bancario y de sus costes, y es precisamente el presidente de AEB, no los sindicalistas, quien pide movilizaciones.

Crisis industrial, crisis financiera

En España estamos viviendo una larga crisis económica. La misma tiene aspectos políticos y sociales, pero también tiene una dimensión no suficientemente analizada hasta ahora, que es la del sistema financiero. El aspecto industrial de la crisis es algo más conocido, entre otras cosas, porque las partes implicadas -Administración, sindicatos obreros y organizaciones patronales- están procediendo a adquirir compromisos duros, y con mayor control público. Sin embargo, de la crisis del sistema financiero apenas se habla.

Es evidente que una crisis industrial tiene aspectos financieros. Más aún en un país como España, en donde la banca privada ha jugado siempre un papel dominante y promotor de la industria. A pesar de que, en los últimos años, se haya ido desembarazando de parte de su cartera industrial, renunciando a su protagonismo promotor, la banca sigue destinando parte de sus beneficios a sanear su cartera, es decir, a pagar los fallos de sus inversiones. Reservas para fallidos que, por cierto, no pagan impuestos, lo cual disminuye aún más la relativamente baja presión fiscal que soporta la banca (1).

La crisis afecta a aspectos estructurales de la banca privada. Se pueden dar dos razones: los costes de intermediación han aumentado con la política de competencia de fachada y de apertura de sucursales; no existe en España un marco legal ni una autodisciplina en el sector que permitan moralizar seriamente esta importante actividad. Desde el Banco de Navarra al Occidental, los escándalos se suceden, demostrando la inadecuación del sistema de control estatal y de autocontrol del sector.

La respuesta ha sido, desde 1978, una serie de medidas, pactadas entre el Gobierno y los representantes de la banca, que sólo han pasado por el Parlamento para su ratificación. En contraste con lo que pasa en la industria, el proceso es secreto. Así ocurrió con el Real Decreto-Ley 5/78, que el PSOE votó favorablemente al comprometerse el Gobierno a enviar un proyecto de ley sobre los bancos en crisis. Esta norma creaba el Fondo de Garantía de Depósitos, con la corporación bancaria como brazo ejecutor. Ante la envergadura de la crisis y el rosario de bancos que se iban encontrando en dificultades, el Gobierno, que no envió ningún proyecto de ley, dos años después dictó el Real Decreto-Ley 4/80, que aumentaba sustancialmente la dotación y los poderes del Fondo. El patrimonio del Fondo se nutre a partir de aportaciones paritarias Banco de España-banca privada, por un importe del I%o de los depósitos. En realidad, la posibilidad de anticipar hasta cuatro anualidades completas por el Banco de España eleva la proporción a nueve a uno. ¿Cuál es la proporción actual de aportaciones?, ¿está pagando la banca privada intereses por los posibles anticipos?

He de confesar que no puedo decirlo, a pesar de los reiterados esfuerzos del Grupo Parlamentario Socialista para que se informara sobre la gestión y el empleo de los caudales públicos en este caso. Hasta ahora, la norma ha sido la callada por respuesta, salvo una excepción: tras esperar catorce meses a que compareciera, el señor gobernador del Banco de España despachó las preguntas pendientes en la sesión de la Comisión de Economía del Congreso, celebrada el 11 de junio de 1981, con una displicente respuesta que no aclaró nada.

Al no ser conocida la cuenta de explotación ni los resultados del Banco de España, que es el único organismo público no sujeto a la ley General Presupuestaria, no se sabe tampoco lo que nos está costando la operación. Menos mal que el señor ministro de Hacienda, en el debate del escandaloso caso de Fidecaya, reconoció que los beneficios del Banco de España se ingresan en la cuenta del Tesoro. Y aunque no se sepa la cuantía, lo único cIaro es que se está aumentando el gasto público para reflotar y salvar estos bancos.

Esta operación, por tanto, aumenta el gasto público y también el déficit real, porque, como se ha señalado recientemente en estas mismas páginas: «El sector dominante de la economía, el oligopolístico, presionan continuamente al Estado para que asuma costes del proceso de producción» (2).

Transferencias que tienen un curioso destino, ya que el tan denostado sector público tiene que intervenir en los bancos en dificultades, sanearlos, sacarlos a flote, para al final venderlos al sector privado. Pero eso sí sirve, para gestionarlos no, porque el Gobierno no hace uso del derecho de tanteo que se introdujo en el contrato de creación de corporación bancaria en 1978, por iniciativa socialista. El resultado es grave para los intereses del país, como se ha puesto de manifiesto en el caso de la Banca López Quesada, en donde la incapacidad de ponerse de acuerdo por el pool español de bancos ha llevado a aceptar la oferta extranjera de la BNP. Esta venta ha seguido a la del Banco de Valladolid al Barclays. En estos momentos está en la UVI el Banco Occidental, con más de 100.000 millones de pasivo, y con evidentes connotaciones políticas en España y en Italia. ¿Habrá que seguir viendo cómo se venden en subasta a la baja trozos del único sector que sigue siendo básicamente español en nuestro sistema económico, o se empezará a utilizar el dinero público con más responsabilidad? Porque es triste que se prefiera vender barato al extranjero a que se incremente el sector público.

El fiasco de la liberalización

Desde 1977, la receta defendida para reformar el sistema financiero ha sido la liberalización. Sus pilares han sido la entrada de la banca extranjera, la reducción de coeficientes y la liberalización de los tipos de interés. No se puede decir que este proceso haya originado la crisis de la banca, que tiene raíces más profundas y anteriores. Sin embargo, sí se puede hacer balance de la misma en relación con las medidas adoptadas. El profesor Torrero lo ha hecho de modojusto al escribir que «los resultados que se han derivado de la reforma han debido defraudar las esperanzas de sus promotores porque: a) pese a la mayor remuneración, la tasa de ahorro no ha hecho sino degradarse, aunque es lícito afirmar que la caída relativa del ahorro podría haber sido superior si el tipo de interés del pasivo bancario se hubiera mantenido; b) la esperada reducción de los costes de intermediación ha resultado justamente en lo contrario; c) los deseos de revitalizar el mercado de valores como cauce alternativo de financiación se enfrenta a la cruda realidad de la práctica desaparición del mercado de emisiones para las empresas industriales» (3).

Ante esta situación, que se traduce en que el sector financiero se corresponde cada vez menos con el sector real o productivo, y le resulta más caro, es conveniente que los defensores del papel del mercado como bálsamo curalotodo pongan en cuestión sus postulados. Sin duda no faltarán seguidores de la dama de hierro, señora Thatcher, que argumenten que es todavía demasiado pronto y que la purga acabará haciendo efecto. En EE UU, sin embargo, la reaganeconomía está bajo fuertes ataques, no sólo de los sindicatos, sino incluso dentro del mismo partido republícano, y ello porque los tipos de interés no bajan. Política, por cierto, acerbamente criticada por los Gobiernos europeos, sin que hasta la fecha ningún responsable político español haya creído pertinente ocuparse del tema. Sin duda, ello se debe a que aquí los tipos de interés elevados formen parte de ley natural, y se considera voluntarismo infantil pretender que bajen.

En tan reducido espacio, no tiene sentido ampliar ese balance. No obstante, se puede concluir por ahora:

a. Que la reflotación del sistema financiero, en especial de los bancos en crisis, provoca aumento de gasto público y disminución de ingresos. A diferencia del sistema industrial y al igual que ocurre con el sistema educativo, la gestión de los fondos públicos no supone en este caso ni un conocimiento mayor ni un mejor control del sector, a pesar del dinero que nos estamos gastando en el mismo todos los españoles.

b. Que la crisis del sector industrial, y sobre todo del mundo de las PYME, se está agravando al tener que soportar el traslado de costes que le hace el sistema financiero. Más aún, las actividades en que se está apoyando la banca sana para salir de la crisis son las que deberían ser sólo instrumentos de regulación de liquidez, como los certificados de depósito o los bonos del Tesoro. El déficit es también negocio para la banca.

En vista de ello, es comprensible que el presidente de la AEB, que hasta este año nos había ilustrado con sus agudos análisis del sector bancario, haya dejado la labor de gabinete por el panfleto. Keynes lo aconsejaba en algunas ocasiones. Ahora bien, es muy probable que los empresarios industriales, si se manifiestan en la calle de Alcalá, antes de llegar al Ministerio de Hacienda se queden en la city madrileña, para que los banqueros lean sus pancartas sobre los tipos de interés y los plazos de los créditos.

es diputado del PSOE por Madrid.1. Aunque este dato ha sido publicado ya en trabajos tanto de Rafael Termes (ICE, 5 de julio de 1979), como de Torrero (ICE, 4 de octubre de 1979), tiene interés recoger lo que dicen expertos exteriores como D. G. M. y Asociados en The top seven spanish banks. A comparative analysis 1980. Mimeografiado en su página 29: «Curiosamente, y en contra de lo que pudiera pensarse, la presión impositiva que soporta la banca española (al menos, los siete grandes bancos) es mucho menor que la sostenida por las principales entidades de los otros cuatro países, e incluso desciende en 1979 con respecto a 1978».

2. J. García Vargas. Déficit, política y consenso nacional. EL PAIS, 19 de agosto de 1981.

3. La liberalización del sistema financiero español, Antonio Torrero Mañas. Instituto de Estudios Fiscales. Col. Monografías, nº 12, página 167.